Libertad religiosa Sí, partidos religiosos No

“El espíritu laico no es en sí mismo una nueva cultura, sino la condición de convivencia de todas las posibles culturas”

Norberto Bobbio

Por: Emmanuel Maceda

La agrupación política estatal “Mexicanos por la vida de todos” ha presentado su solicitud ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) para convertirse en un partido político y contender para las elecciones de 2015.

Este grupo, de corriente conservadora, en 2009 logró que el congreso local aprobara una ley que tenía la intención de prohibir la interrupción del embarazo en el estado, a través del entonces secretario general de gobierno, el panista Fernando Guzmán Pérez Peláez. En la anterior legislatura, la misma asociación pretendió que los diputados aprobaran reformas para blindar el modelo “tradicional de familia”. Su presidente, Daniel Gallegos Mayorga, ha declarado que el modelo de familia es antropológico y dice “Yo vengo de un padre, de una madre y tú también. El modelo no lo defino yo, lo define la historia, la humanidad entera”. Parece que aquí el líder del partido se confunde, pues si el modelo es antropológico e histórico, entonces también es cambiante y no existe tal cosa como lo tradicional.

El nombre del posible partido será “Partido por la Vida, la Esperanza y la Renovación de México” en cuya declaración de principios se enuncia la protección de la vida, la familia, la ley natural, la libertad, las instituciones, el bienestar y la dignidad humana; se declara enfáticamente que “el respeto absoluto de la vida de toda persona o individuo, desde su concepción y/o fecundación hasta su muerte natural, es tarea permanente que el Estado debe garantizar y promover”.

Aquí se muestra que los principios no son políticos, sino ideológicos, los cuales representan una visión particular del mundo que, al considerarse como la única válida, excluye al resto impidiendo una pluralidad democrática. Asimismo, la propuesta de contemplar un respeto absoluto a la vida en concepción pone por encima de los derechos de la mujer, los derechos del embrión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha dicho que ningún derecho es absoluto.

La declaración de principios también dice que se “toma a la familia como la comunidad que vive en un hogar, formada en la relación estable de un hombre y una mujer, mediante el vínculo del matrimonio, sus hijos y, eventualmente, otros miembros unidos por vínculos de sangre”.

Esta afirmación ignora, como se menciona arriba, que la familia es una institución social que se modifica históricamente y, por lo tanto, está siempre en construcción. Como institución, la familia ha tenido transformaciones tanto económicas como sociales importantes, de esta manera, para consolidar un Estado democrático es importante tener una concepción sobre la familia a partir de los contextos sociales y económicos vigentes. Esta propuesta en particular niega a las familias homoparentales (cuyos jefes de familia son dos hombres o dos mujeres), monoparentales (donde solamente hay un solo jefe o jefa del hogar) y las no nucleares (las que incluyen a nueras, yernos, abuelos u otros familiares). La familia propuesta por Gallegos Mayorga obedece a fundamentos tradicionalistas que niegan precisamente el carácter histórico al que él mismo hace mención, además, al solo reconocer un tipo de familia es excluyente y por lo tanto discriminatoria.

La reforma contra la interrupción del embarazo que promovió “Mexicanos por la vida de todos” logró aprobarse luego de una iniciativa popular que reunió 54 mil firmas, pero estas firmas de ninguna manera representan la opinión de la mayoría de los jaliscienses. Esta pretendía cancelar el derecho a decidir de las mujeres que viven en el estado, lo cual es de nueva cuenta imponer una visión moral, en este caso, a la autonomía reproductiva.

En otra declaración, Gallegos Mayorga afirma que los líderes católicos deben llevar al mundo de la política, de la cultura, de las comunicaciones y a todos los ambientes sociales, la alegría y la buena nueva del evangelio.

Es importante recordar que México recientemente ratificó a nivel Constitucional su carácter laico. De ahí que el Estado debe adoptar una postura que no favorezca o privilegie ninguna concepción particular del bien, aún cuando la organización política en cuestión alcance su registro como partido político.

Así como el estado tiene la obligación de respetar los derechos humanos como la libertad de conciencia y de organización política, los grupos conservadores están obligados a respetar los proyectos de vida de las personas y no intervenir para imponer sus ideales. El que las mujeres tengan la posibilidad de ejercer sus derechos reproductivos, entre ellos el aborto, es parte constitutiva del Estado democrático y los grupos religiosos deben respetarlos, de lo contrario habría una intromisión en las decisiones privadas de las personas, rebasando los límites entre la moral y el derecho.

Resulta preocupante que pueda existir un partido político religioso, ya que para posicionar sus reformas se dedicarán a la tarea de polarizar a la sociedad y deslegitimar la autoridad del Estado en materia de derechos por medio de un discurso moralizante.

Es importante recordar que los grupos conservadores pueden expresar su opinión, lo cual es parte de la convivencia democrática de una sociedad plural, pero el Estado no debe ser promotor en temas que deben resolverse en la conciencia privada de las personas, como en el caso de la reforma antiaborto. El Estado democrático debe respetar los planes de vida elegidos por los individuos, es decir, que no debe concebirse como un Estado perfeccionista.

Entonces, así como los grupos conservadores pueden expresarse, también están obligados a reconocer los derechos de las personas puesto que el ejercicio de las creencias religiosas debe limitarse al ámbito privado. El Estado debe hacer respetar el art. 130 de la Constitución, pues la laicidad radica en respetar las creencias de las personas, pero a la vez no profesar ninguna.

*Emmanuel Maceda, comunicación GIRE.