¡Libertad! A un año del 11J en Cuba

El 11 de julio de 2021 miles de cubanos y cubanas salieron pacíficamente a las calles a exigir libertad, hecho que ha trascendido como el mayor estallido social en la isla desde el estallido de la revolución.

Los primeros reportes de protestas se registraron en el municipio San Antonio de los Baños, en el suroeste de La Habana. Una ola de indignación creció rápidamente gracias a la convocatoria de las redes sociales y más de 50 ciudades y poblados se sumaron al levantamiento popular en toda la isla.

Ante la magnitud de las protestas, la respuesta del Gobierno cubano fue represiva. El presidente Miguel Díaz-Canel se pronunció en la televisión nacional y convocó a un enfrentamiento civil en las calles con una orden de combate que autorizaba a reprimir las movilizaciones.

Las autoridades cubanas no reconocieron las demandas de las personas manifestantes y responsabilizaron a la crisis económica agudizada por las medidas del gobierno de Estados Unidos. Los medios de comunicación oficiales respondieron con una campaña que descalificaba el origen de las protestas y vinculaba a los manifestantes con mercenarios o “revolucionarios confundidos”.

Para impedir que trascendieran las protestas contra el gobierno, la comunicación en la isla fue interrumpida por cortes totales y parciales de los servicios de internet, una restricción que se mantuvo durante las movilizaciones y días posteriores. Además, las ciudades más importantes fueron ocupadas por efectivos militares y un activo despliegue policial en las calles para sofocar las movilizaciones.

Las protestas dejaron saldo de al menos una persona muerta, decenas de heridos y alrededor de mil 481 personas detenidas, de las cuales 732 permanecen en prisión. Hasta el día de hoy, más de 500 personas han sido juzgadas por su participación en las manifestaciones, según datos registrados por Cubalex y Justicia 11J.

Del total de personas detenidas, 57 son menores de 18 años, 24 de ellas han recibido penas que se extienden hasta los 19 años de privación de libertad, por la supuesta comisión de delitos como sedición, sabotaje, desórdenes públicos, desacato, atentado y daños.

Durante las movilizaciones, personas defensoras de derechos humanos y periodistas independientes también fueron sometidas a arrestos domiciliarios y sufrieron interrupciones en sus comunicaciones. En el caso de periodistas, recibieron amenazas de ser enjuiciados legalmente por reportar las históricas protestas, algunas/os fueron detenidas/os y sometidas/os a procesos que terminaron con el pago de una multa, y en la mayoría de casos, les fueron confiscados sus medios de trabajo.

Tras los sucesos del 11 de julio, el gobierno cubano ha intensificado la represión para impedir un nuevo levantamiento popular en la isla. Las personas manifestantes, periodistas, defensoras de derechos humanos y sus familiares son víctimas de presiones sistemáticas por parte de los órganos de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria, ocasionando que varias de ellas han sido forzadas al exilio.

Numerosas organizaciones internacionales, entre ellas, Artículo 19, hemos exhortado al Estado cubano a detener el sistemático acoso que ha emprendido contra las voces críticas y en particular, a liberar a las personas que se manifestaron hace un año, en aquél histórico 11 de julio de 2021. La voz de cientos de personas presas, familiares, organizaciones y colectivos que demandan su liberación, debe ser acompañada de recomendaciones claras y contundentes de los mecanismos de protección regional e internacional de derechos humanos, así como de la sociedad civil internacional informada y comprometida con esta causa.

* Claudia Ordóñez Víquez es oficial del programa de Centroamérica y el Caribe en ARTICLE 19 MX-CA.