#LeySotomayor: bajarle el volumen a la indignación

Este artículo fue escrito con @SofiadeRo

 

Cada día parece ser más complicado participar en la construcción de nuestra democracia, que lo político fue secuestrado por algunos, y que las calles sólo sirven para transitar. Las luchas por los derechos de pronto empiezan a ir para atrás y las libertades cada vez se sienten más encogidas, limitadas a expresarse sólo de cierta forma. De un tiempo a acá, se bombardea a la sociedad con contrarreformas que limitan sus derechos, sin siquiera darse cuenta.

Consideramos que la democracia debe ser entendida en sentido amplio, con carácter participativo y deliberativo, en oposición a la idea de la democracia que nos dice que la participación ciudadana se extingue en las boletas y campañas electorales y que reduce al ciudadano al voto. En esa idea, sólo los legisladores y autoridades dan vida a la democracia. Ahí, los derechos humanos no son catalizadores de participación, son concesiones temporales y a modo del Estado.

[contextly_sidebar id=”232e3ebee8b4eb28c58986b56acd8f4d”]Hoy intentan obligarnos a adoptar la idea limitada de la democracia, negándonos espacios de participación. Por un lado, cierran los espacios ordinarios (o institucionales) para poder cumplir los acuerdos que crean desde las cúpulas partidistas, donde nadie más tiene algo por decir, poniendo candados a la posibilidad de intervenir o decidir en la vida pública y construyendo bardas para así ni siquiera tener que vernos. Por el otro lado, colapsan el espacio extra institucional, en donde la protesta se vuelve un espacio de exigencia y denuncia cuando los canales institucionales no son suficientes. Entonces, conciben a la protesta social como algo únicamente negativo, asociado al desorden y al caos, para justificar su limitación y disminuir su impacto, concibiéndola como un obstáculo y olvidando (o queriendo hacernos olvidar) que es un derecho.

Desde hace meses, el Congreso y la sociedad civil se han distanciado de manera todavía mayor. Los diputados y senadores han tenido que construirse muros de acero de más de 3 metros para poder sesionar, sin permitir la discusión plural y abierta de los temas con los principales sujetos involucrados. Reformas tanto federales como locales sobre los impuestos, los recursos de energía y su privatización, el apoderamiento de los partidos políticos y su transparencia o el aumento al transporte público, han generado inconformidad de amplios sectores de la sociedad. Las movilizaciones relacionadas con estas reformas responden a contextos y problemas específicos, pero la respuesta fácil desde el Poder Legislativo ha sido ignorarlas por completo.

Lo anterior pinta a todo menos a democracia. La idea amplia de ésta, por el contrario, pone en su centro el reconocimiento del desacuerdo entre las personas. Somos tan diferentes, que no es razonable exigir coincidir en los temas más importantes (ni en los menos), donde las decisiones de un país pueden afectar la concepción del mundo de miles de personas. Si no estamos de acuerdo, lo menos a lo que estamos obligados es a dar espacio para que aquellos que disienten puedan expresarlo; lo menos que debemos hacer, para que esta sociedad no explote, es dejar las calles como espacio natural para protestar. Empezar por eso y escuchar aquellas demandas que merecen una solución, esos gritos que señalan problemáticas que han sido olvidadas

Considerar que manifestantes y sociedad son grupos antagónicos que nada tienen que ver unos con otros, que las calles sólo son para ver pasar los coches, privilegiando su paso antes que el de las voces de protesta, significa quitarle ésta su dimensión de participación; es negar el espacio público como un lugar común de encuentro, imponiendo la visión del mundo en el que la democracia  es mero formalismo. Olvidar que la democracia implica “conflicto” (que no es lo mismo a caos), cierra la puerta a escuchar, a buscar soluciones y a crear accesos de inclusión.

En lugar de intentar abrir espacios, se han concentrado en cerrarlos. En los hechos, ya en la Ciudad de México se impide manifestarse de manera segura en contra de las decisiones del gobierno, tanto por el actuar de las fuerzas de seguridad pública como por las decisiones del Gobierno del Distrito Federal. Pero ahora se suma la propuesta legislativa del Diputado Jorge Sotomayor que pretende criminalizar el derecho a la manifestación pacífica (al igual que otras iniciativas como la de Gabriela Cuevas o Mariana Gómez del Campo, sobre las que ya se han dado las razones jurídicas que evidencian su profunda inconstitucionalidad). La nueva propuesta, también ha sido rechazada por numerosas Organizaciones de la Sociedad Civil defensoras de derechos humanos.[1]

Estas propuestas no armonizan derechos, deciden que el tránsito de los automóviles debe prevalecer por encima del de las ideas y del desacuerdo social. Limitan el espacio público, que muchas veces es el último posible para interactuar con los otros, para exigir y construir desde la participación, donde se da de manera primaria el ejercicio de los derechos (de manera horizontal) y las voces pueden escucharse por igual. Parece que mientras más crispado está el ambiente social, los legisladores y el gobierno ofrecen menos diálogo y espacios a la sociedad. Hoy más que nunca la brecha de representación democrática aumenta y los puentes se caen, sin que exista espacio para encontrarnos.

Precisamente hoy, la #LeySotomayor pasa comisiones en la Cámara de Diputados para discutirse, por lo que un paso importante para violar estos derechos está a punto de darse. El mensaje es claro: no hay espacio para la disidencia más que en el discurso, las libertades están a merced de nuestra autoridad.

Es aquí donde debemos preguntarnos, ¿qué debemos hacer? ¿Podemos vivir dignamente si obedecemos estas leyes? ¿Cómo resistir cuando el Poder en el gobierno atenta contra los mínimos de dignidad?

Si aceptamos que la democracia se oxigena con el desacuerdo y la pluralidad, exteriorizadas a través de las manifestaciones, aceptamos también que éstas no sólo son importantes sino necesarias. Reconoceríamos entonces que salir a las calles también significa participar, que es conformar una idea política de la que todos podemos ser parte, que manifestarse es un acto de comunidad y no sólo de tránsito vehicular, que los gritos y pancartas también son medios de comunicación y expresan una diversidad de visiones del mundo, y que obedecer estas leyes sería igual a renunciar a nuestros derechos.

Resistir es un deber de todas y todos y no debemos resignarnos a la opresión y la injusticia. Cuando los espacios de libertades parecen cada vez menores, defender las calles (protestar) es defender la posibilidad de construir una democracia donde todos tengamos lugar, dónde los accesos estén abiertos y los derechos se amplíen y sean una realidad.

Esta reforma no sólo quita un elemento esencial de la democracia e impone una idea parroquial de la participación ciudadana, sino que ataca directamente a un ámbito particular de la dignidad de todas las personas. La oligarquía partidista que gobierna en sus castillos de acero tiene hoy la intención de quitarnos esto formalmente, pero lo que nunca nos podrán quitar serán las calles, la necesidad de no callarnos y de rechazar el miedo que pretenden inyectar.

Gobernando detrás de un cerco, vacío de la realidad social y de la indignación, buscan bajar el volumen a la indignación… pero ésta no es una opción…