La Ley de Transparencia y delfinarios

En la década de los setenta del siglo XX se inauguraron los primeros delfinarios en México. Poco antes, en septiembre de 1964, en Estados Unidos había empezado a transmitirse la serie televisiva “Flipper”, que promovió la captura de delfines para su uso comercial. En nuestro país los delfines se capturaban bajo permiso de “pesca de fomento”, regulada por la Ley de Pesca; los mamíferos marinos carecían de protección legal, no había reglas para la captura, transporte, tenencia, exhibición y uso de estos cetáceos. Y así continuó durante 30 años.

Para 1999 aún no existía la Ley de Transparencia, así que cuando preguntamos a la entonces Semarnap (Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca) sobre el número de delfines y lobos marinos cautivos, capturas e importaciones, no obtuvimos ninguna respuesta. A partir de ello, realizamos la primera investigación de campo en México y visitamos todos los delfinarios. En 14 instalaciones encontramos 96 cetáceos, incluyendo dos ballenas belugas importadas de Rusia y 29 delfines importados de Cuba. No podíamos conocer sobre su estado de salud de forma oficial, sino por comentarios de los propios cuidadores.

El año 2002 representó un parteaguas en la protección de los mamíferos marinos, ya que todas las especies se incluyeron por primera vez en la lista de especies en riesgo, que conocemos como NOM 059, con lo que su tutela y protección pasaron totalmente a la Ley General de Vida Silvestre. También se prohibieron las capturas de mamíferos marinos en mares mexicanos y, ante la proliferación y actividades desordenadas de delfinarios, se publicó una Norma Oficial Emergente para mamíferos marinos en cautiverio.

En junio de 2002 se publicó, además, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ley que obliga a hacer pública la información que solicitamos los ciudadanos para cumplir con el Derecho de Acceso a la Información que establece el Artículo 6° de nuestra Constitución, considerado por la Suprema Corte de Justicia como un Derecho Fundamental.

Gracias a la Ley de Transparencia y al derecho a la información pudimos elaborar con datos objetivos no sólo un inventario, sino también el perfil epidemiológico de las mortalidades en cautiverio en México, informe que publicamos en 2008. Encontramos que la septicemia y la miopatía por estrés ocupaban el segundo y tercer lugar entre las causas de muerte de los animales en cautiverio. También documentamos los esfuerzos de las empresas para reproducir delfines ante la falta de fertilidad de las hembras, la imposibilidad de capturar en vida libre debido a la prohibición establecida y la alta mortalidad inherente al cautiverio.

De la misma forma conocimos que, oficialmente, para 2008, pese a la mortandad, había 250 delfines en cautiverio, cifra que fue aumentando gracias a la reproducción artificial; al igual que en otros delfinarios en el mundo, ésta se basa en forzar la ovulación en las hembras mediante hormonas e inseminarlas con el semen de los machos obtenido por separado y aplicarlo directamente en el útero mediante endoscopio. Esta práctica le valió a Delphinus el Récord Guinness en 2009 por la mayor producción de crías de delfín en cautiverio, práctica que fue fuertemente criticada por el abuso que implica sobre machos y hembras.

En 2017 se dio un intento legislativo, apoyado por diversos sectores de la sociedad, para prohibir la inseminación artificial y la reproducción en cautiverio. No logró cristalizar debido al fuerte cabildeo de los dueños de los delfinarios, en especial de las dos mayores empresas: Dolphin Discovery y Dolphinaris, que poseen el mayor número de instalaciones y animales, así como la supremacía en la reproducción artificial.

Después de este intento fallido de legislar a favor de los delfines, en 2018 solicitamos, bajo la Ley de Transparencia, informes sobre el número total de delfines registrados, el número de delfines nacidos en cautiverio, así como las muertes manifestadas en los últimos 10 años por cada una de las empresas. No preguntamos sobre el proceso de reproducción.

La respuesta de la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat fue que la información solicitada estaba clasificada como confidencial por tratarse de Secreto Industrial y Comercial de las empresas TAGEPA (Dolphinaris) y Controladora Dolphin (Dolphin Discovery), que en conjunto poseen alrededor de 75 % del total de delfines cautivos en México.

La justificación para no informar sobre el número de nacidos en cautiverio fue que: “en caso de rebelarse, implicaría la pérdida de ventaja económica frente a terceros, favoreciendo la competencia desleal para descifrar los mecanismos para inducir la fertilidad y la supervivencia de las crías”. Sobre la información referente a la tasa de mortalidad argumentaron que “puede ser sacada de contexto para denostar (sic) la imagen de las empresas y poder obtener ventaja económica”, “si la información fuera del dominio público puede inducir a errores del ciudadano, ya que las necropsias son muy gráficas que pueden causar impacto en caso de ser utilizadas fuera de contexto o en manos de personas que no son expertos, lo que puede dar pie a campañas de desprestigio por opositores a la actividad”. Además, sostienen que los delfines son parte de su patrimonio.

Así, en 20 años pasamos de la oscuridad absoluta al reconocimiento del Derecho al Acceso a la Información y la Transparencia, como medios para lograr la conservación de cetáceos en cautiverio y súbitamente, por laberintos y argucias legales alternos, regresamos a la oscuridad de la confidencialidad de los expedientes completos por considerarlos Secreto Industrial. Peor que en 1999.

De acuerdo con la Ley de Propiedad industrial que los protege, un secreto industrial debe de referirse por fuerza a un proceso de producción. Pero en este caso no sólo se protege del conocimiento externo el proceso y técnica de la inseminación artificial, sino que se extiende a todas las actividades del cautiverio. Al referirse a “expedientes completos” la autoridad nos niega toda la información, incluso la que no está relacionada con el proceso y sobre lo cual no preguntamos.

Las dos empresas amparadas por el secreto industrial no enfrentan competencia desleal, porque son las empresas hegemónicas y tienen un mercado al que venden esperma o crías, además de su hacer propia explotación. Les resulta imperativo esconder de la vista pública las necropsias, pero no porque se saquen de contexto sino porque precisamente son reveladoras del contexto y de los procesos por los que los delfines mueren en cautiverio. Claramente se protegen del escrutinio público y de las acciones que podamos llevar a cabo las organizaciones ambientalistas y los representantes del poder legislativo.

Pero nos dibuja de cuerpo entero una industria desprovista de su ropaje y discurso de conservación. Así, su respuesta es la realidad: los delfines y lobos marinos son reducidos a cosas que entran en un proceso de producción y reproducción para generar más cosas, mientras se busca mercado en piscinas de hoteles en destinos turísticos de playa. Su valor es el valor económico, el valor de uso y de explotación, son mercancías elevadas al rango de patrimonio económico de las empresas.

Nada más alejado de lo que la ética nos compele a respetar como seres sintientes, vulnerables a nuestras acciones. Se ha reconocido que el cautiverio produce impactos muy importantes en su salud y estados emocionales. El uso intensivo y el control de todas las actividades, la manipulación de sus cuerpos, representan un abuso difícilmente aceptable o justificable para ser explotados por simple diversión y entretenimiento. Por todo esto, precisamente, decidieron que es mejor que no se sepa.

* Yolanda Alaniz Pasini es médica cirujana. Cursó las maestrías en Salud Pública y en Antropología Social, así como los posgrados en Bioética y en Desarrollo Sustentable. Fue profesora de las asignaturas de Epidemiología y Antropología Médica en la UNAM, y de Bioética y Ética Ambiental en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Se desempeñó como secretaria Técnica de las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, y ha sido observadora y/o parte de la delegación mexicana ante la Comisión Ballenera Internacional y en CITES. Actualmente es consultora para Conservación de Mamíferos Marinos de México.

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