Ley de movilidad segura y sin reservas, ¡YA!

La votación y aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMySM) fue pospuesta para el próximo martes 29 de marzo, según lo dicho el jueves pasado por la Mesa Directiva presidida por la vicecoordinadora Karla Yuritzi Almazán

Si esto es así, la bancada de MORENA encara la responsabilidad o el costo político de ceder ante el intenso cabildeo con el que la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz A. C. se ha opuesto, pues significa terminar con la “doble moral” que han impuesto en nuestro país: se fabrican automóviles y otros automotores que cumplen con los estándares de seguridad internacional, pero son destinados exclusivamente para exportación, mientras que en México venden flota inútil para garantizar la vida y la integridad de familias enteras. Que la industria y su vocera aseveren que para cumplir para el TMEC hay que sacrificar vidas ya es preocupante, pero es además una falsa premisa; tal como indica el dictamen que se subió para votación, la LGMySM no fija regulaciones técnicas y no olvidemos que para eso están las Normas Oficiales Mexicanas. Salomón Chertorivski señaló que a petición del gobierno federal se aplazó la votación con el propósito de alcanzar “el mayor consenso”. Dado que la secretaría de Economía ha terminado por reconocer públicamente que la LGMSV ley es necesaria, las dependencias del ejecutivo federal tendrían que pronunciarse, sobre todo aquellas como la Secretaría de Gobernación con obligaciones que atender en materia de derechos humanos.

La seguridad en vehículos, la calidad y diseño universal para infraestructura destinada o asociada a movilidad, así como el sistema que se introducen al orden jurídico mexicano, además de prevenir muertes también es de relevancia para la política pública destinada a personas con discapacidad, pues no olvidemos que desde 2008 el Estado mexicano ha postergado y dosificado la armonización de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El derecho, la accesibilidad y seguridad en la movilidad de las personas con discapacidad ni siquiera se discutió con seriedad por las administraciones del casi extinto CONADIS. Fue gracias a la Coaliación de Movilidad Segura que se logra en  2020 la reforma al artículo 4° de la Constitución Federal y hay avance.  Hay que decirlo claro: esta ley tiene potencial para reanudar la inacabada implementación del modelo social de la discapacidad. Por ejemplo, que exista en gobierno y en la sociedad la toma de consciencia para que, al referirse a los riesgos o consecuencias de adquirir discapacidad en hechos viales, se respete la dignidad humana y no se reproduzcan aspiraciones de eugenesia. Pero también para que se garantice y financien las características que el entorno, entendido tanto como movilidad y espacio público, deben garantizar. A diferencia de la muy limitada Ley General de Inclusión en materia de discapacidad, cuando esta ley habla de accesibilidad y diseño lo hace con vocación de garantizar tal criterio de calidad en beneficio de todas las personas, independientemente de su condición de vida, edad y ocupaciones.

Las muertes viales son un problema de salud pública en México, según lo ha dicho la representación de Organización Panamericana de la Salud en los múltiples foros e interacciones que se han sostenido con la industria, gobierno y sociedad civil. Pero además en el caso de las personas con discapacidad no olvidemos que no existe consistencia ni evaluación del programa de “apoyo económico” que ofrece el gobierno federal. Cierto, en nuestro país cada día mueren al menos 44 personas en hechos viales y otras tantas enfrentan la realidad de adquirir discapacidad en las mismas circunstancias y de ver modificado su proyecto de vida.

El impacto económico y social de los hechos viales es abordado en el mismo dictamen de la LGMSV, pero no olvidemos que las llamadas “becas” de bienestar nunca serán una oferta suficiente para garantizar autonomía a las personas con discapacidad, no importa cuánto se haya insistido en la comparecencia del 18 de marzo de 2022 ante el comité de Naciones Unidas durante la supervisión y evaluación del (in)cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en nuestro país.

Preguntas sobre participación en la toma de decisiones podrían haberse abordado mejor si la Secretaría de Relaciones Exteriores tuviera pluralidad y apertura en su relación con sociedad civil, ya que estarían informadas que con la LGMSVY se realizó la primera consulta abierta a personas con discapacidad, cuya diferencia toral con respecto al ejercicio de parlamento abierto es garantizar además el derecho a la no discriminación y erradicar el control de la narrativa sobre las personas con discapacidad. Los resultados de ese ejercicio de participación quedaron en la minuta que se votó en el senado en diciembre de 2021. Sin embargo, debe constar que el derecho a la participación en cuanto derecho político de las mujeres con discapacidad no se ha garantizado en México  -en la Comisión de Género del Senado se recibió en marzo de 2021 la propuesta respaldada por cuatro organizaciones dirigidas por mujeres con discapacidad-; este no es un reto menor, pues es paso indispensable para garantizar la diversidad y la pluralidad efectiva en las instancias de interlocución con sociedad civil que se crean con esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Vivienda, trabajo, salud, educación son derechos que no pueden garantizarse en su acceso a personas con discapacidad y sus familias, sin una ley de movilidad con el contenido íntegra y sin reservas de esta ley.

Cuando la bancada de Morena en San Lázaro suspende la votación de esta ley y prefiere apoyar a la industria, olvidando las lamentables pérdidas humanas y los proyectos de vida comprometidos por discapacidad adquirida, nos dejó claro a sociedad civil y víctimas de hechos viales presentes en el recinto que, indiscutiblemente, para que esta ley se vote necesitamos a la bancada de Morena; pero también ahora es claro que MORENA necesita de esta ley si quiere decir que le importa el pueblo, la vida del pueblo.

* Cecilia Guillén es experta en Derechos Humanos y fundadora de En Primera Persona, A. C. (@En1ra_persona).