blogeditor · 19 de diciembre de 2022
Milton Friedman, ganador del Premio Nobel de Economía en 1976 y polémico por sus teorías abiertamente libertarias a favor del adelgazamiento del Estado, hizo famosa la frase “no hay desayunos gratis”. Tal vez muy lógica y hasta burda, pero con un significado esencial para entender que derechos como la salud, la educación, la seguridad social o simplemente la infraestructura pública, que muchas veces se presumen como “gratuitos”, tienen un costo que alguien debe pagar.
Cuando escuchamos que existirán, por ejemplo, servicios de salud y medicamentos gratuitos para todos, en realidad debe traducirse como que el Estado absorberá el costo de la atención médica en lugar de que las personas lo hagan por su cuenta. Así, el costo es pagado mediante los ingresos que logre conseguir en un tiempo determinado a través, principalmente, de impuestos.
En México, y de acuerdo con la Ley de Ingresos 2023, los impuestos representan el 65 % del total de los ingresos presupuestarios que tendrá el gobierno federal el próximo año. En pocas palabras, de cada 10 pesos 6.5 provendrán de la recaudación tributaria. El 35 % restante proviene de la energía (PEMEX y CFE), de las cuotas del IMSS e ISSSTE, aprovechamientos y derechos. Por lo que el grueso de los ingresos presupuestarios se encuentran en los impuestos y por ende el área de oportunidad para incrementar la entrada de recursos para el Estado es ahí.
En 2022 la recaudación de impuestos respecto al Producto Interno Bruto (PIB) será de 13.3 %, cifra similar desde 2015. Hace 10 años, en 2012, la recaudación tributaria era del 8.3 % del PIB y tras la reforma hacendaria de 2014 esa cifra logró elevarse a niveles del 13%, como en la actualidad.
Si comparamos la recaudación tributaria que ocurre en los países latinoamericanos, México se encuentra por debajo de países como Cuba (37.5 %), Brasil (31.6 %), Argentina (29.4 %), Jamaica (27.7 %) y Uruguay (26.6 %), e incluso muy lejos del promedio latinoamericano que es de 21.9 %. Y entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) somos el peor en recaudación tributaria.
Más allá de comparaciones, es importante reflexionar qué tipo de Estado queremos y necesitamos. Porque para garantizar los derechos humanos y las políticas públicas necesarias que faciliten su ejercicio, es fundamental aumentar los ingresos disponibles cada vez más escasos en un contexto de necesidades crecientes. El compromiso de esta administración por no modificar ni crear nuevos impuestos tiene estancados los recursos que recibe el gobierno federal y la gran apuesta en el mediano plazo es que estos incrementen vía el mercado energético con los servicios otorgados por CFE y PEMEX, como empresas productivas del Estado. Aún es corto el tiempo para evaluar si resultó o no esa decisión, pero en un entorno macroeconómico incierto y con un mercado convulso es arriesgado cifrar las esperanzas solo en ese proyecto.
Actualmente existen diversas recomendaciones para que México aumente su recaudación, estas van desde aplicar tasas diferenciadas del impuesto sobre la renta a personas físicas en el último decil de ingresos, limitar las deducciones, homologar el marco jurídico del impuesto de tenencia, crear un impuesto ambiental a las emisiones de gases de efecto invernadero y hasta introducir un impuesto a la riqueza neta que grave el patrimonio total de las personas. Todas con el común denominador de no solo incrementar los ingresos presupuestarios disponibles, sino de contribuir a hacer efectiva la redistribución de la riqueza generada.
Toda buena idea, intención y hasta incorporación legal que pretenda atender un problema público debe ser acompañada con recursos suficientes que aseguren no solo su implementación sino su sostenibilidad en el tiempo, y esto solo puede lograrse mediante el incremento gradual de los ingresos con los que cuenta el Estado. Porque por más coqueta y popular que suene la palabra “gratuidad”, lo cierto es que no existe tal cosa, todo tiene un costo y alguien debe pagarlo.