Redacción Animal Político · 2 de junio de 2025
El 11 de enero de este año, el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región del Estado, en representación de Alfonso Israel Valdez Alvarado, liberó a 4 expolicías de Romita que habían sido acusados por el delito de desaparición forzada, incluido el entonces director de Policía de dicho municipio. En este espacio se ha señalado que desde el inicio del proceso en febrero de 2024 se tendría que haber reconocido la responsabilidad del superior jerárquico, que en este caso se trata del priista Oswaldo Ponce Granados, presidente municipal de Romita hasta octubre de ese mismo año.
El caso, que data de febrero de 2023, implica que policías municipales de Romita detuvieron a Daniela, a Juan Pablo y a Carlos, tres jóvenes que tuvieron un percance vial. Este es un breve desglose de los eventos que transcurrieron (pare ver la cronología completa, ver aquí):
¿La policía municipal les entregó a la delincuencia organizada? “Te vamos a levantar para entregarte a la maña”, habría dicho el comandante de la policía, según se señala un testimonio recabado en el juicio. El Tribunal Unitario señala que la Fiscalía no pudo sostener con firmeza esta acusación y dejó libre a los cuatro expolicías municipales.
Según Alfonso Israel Valdez Alvarado, la Fiscalía no pudo sostener mediante pruebas que existieron amenazas previas, que las personas detenidas fueron entregadas a un grupo delincuencial y que hubiera existido negativa a informar sobre la detención. ¿Qué pasa con el trabajo técnico de la Fiscalía que no puede sostener una acusación sobre desaparición forzada de personas? Además, ¿qué trama de intereses existen en el Poder Judicial de Guanajuato que liberan policías municipales en contextos de desaparición, ejecuciones extrajudiciales y fosas clandestinas?
Lamentablemente este no es el único caso donde se presume que agentes del estado, especialmente policías, sean coautores materiales de la desaparición de personas, acá algunos más:
Estos casos muestran un patrón de posible colusión entre agentes municipales y grupos delincuenciales. Que, en el caso de Romita, permanecen impunes debido a la ausencia de capacidad técnica de la Fiscalía del Estado.
* Raymundo Sandoval (@ray_sandoval) es defensor de derechos humanos.