#LetocaAlIFAI proteger privacidad que viola Ley Telecom

Por: Ana Cristina Ruelas (@anaruelas) y Eunice Sánchez (@eeuunike)

El 14 de julio de 2014, pese a los señalamientos de puntos negativos, se publicó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La legislación era una promesa ambiciosa para generar el cambio en el rumbo democrático y tecnológico del país. Como dicen por ahí “el diablo está en los detalles”, y entre las letras nos encontramos con una disposición que permite al Estado vigilar a los ciudadanos sin importarle que por ello viole sus derechos.

El Congreso aprobó una ley que convierte nuestra vida privada en algo sumamente vulnerable frente al Estado que busca, en nombre de la seguridad nacional y sin restricción alguna, conocer cada paso que damos, con quienes frecuentamos y si pertenecemos a alguna asociación.

Los artículos 189 y 190 de la nueva Ley permiten que las instancias de seguridad nacional y de procuración y administración de justicia tengan acceso a nuestra geolocalización en tiempo real y se les autoriza para solicitar a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones el acceso a las bases de datos de los usuarios. Es decir, las autoridades tendrán el conocimiento legítimo de nuestras llamadas, la duración de éstas, el tiempo y el lugar donde se realizaron.

De no detener la legislación, todo ciudadano crítico del gobierno estará expuesto a que sus datos fueran solicitados a las empresas encargadas de almacenarlos y utilizarlos como forma de chantaje y amenazas.

¿Quién podrá ayudarnos?

Existen dos órganos de protección de derechos humanos que podrían controvertir la Ley Telecom; sin embargo, la incapacidad probada de la CNDH para responder ante este tipo de situaciones nos deja a la espera de que el IFAI, nuevo órgano constitucional autónomo y garante de la privacidad y los datos personales, se convierta en el chapulín colorado de esta historia.

Por esto, el 14 de julio se publicó una carta firmada por más de 200 organizaciones que pedían al IFAI que ejerciera -por primera vez- las atribuciones que se le otorgaron en la reforma constitucional en materia de transparencia e impugnara los artículos mencionados haciendo honor a su mandato.

Sin embargo, el nuevo garante poco ha dicho sobre la interposición de dicha acción de inconstitucionalidad^[1]. Hoy se vence el término y parece que los representantes de esta Honorable Institución autónoma aún no se ponen de acuerdo^[2].

Es importante que los nuevos comisionados demuestren a la ciudadanía que el tema de cuotas que enmarcó las notas periodísticas de la decisión del Congreso en el proceso de designación fue únicamente una forma de politizarlo y que cuentan con suficiente autonomía para iniciar una acción como ésta.

Lo congruente sería que el Instituto -que está muy aplicado en promover talleres y campañas sobre privacidad y datos personales- se pronuncie a favor de interponer la acción de inconstitucionalidad. Si no lo hiciere, al igual que la CNDH, podría ser identificado como una simulación más de un estado que protege los derechos de sus ciudadanos.

 

 

 

^[1] Advierten riesgo para privacidad disponible aquí.

^[2] La próxima sesión del pleno es precisamente el día de hoy miércoles 13 de agosto a las 11:00 am.