Legitimidad, apertura y la tentación de simular la escucha

En los ámbitos de gestión pública existe una narrativa favorable a la escucha: deben existir parlamentos abiertos donde se escuche a la ciudadanía cada vez que grandes modificaciones legislativas sucedan; los ejercicios de gobierno deben ser abiertos a fin de que sociedad civil y otros grupos organizados sean copartícipes (cocreadores) del ejercicio de lo público.

Dicha narrativa –y numerosos ejemplos de apertura en los poderes ejecutivo y legislativo, en su mayoría– resulta sumamente atrayente: implica, por un lado, una manera de legitimar el ejercicio de gobierno con base en la apertura de este, y por otro, parece trascender ciertos problemas consustanciales a la democracia representativa y su cuestionable actuación en materia de rendición de cuentas. Sin embargo, esta narrativa también tiene sus límites cuando ha sido aceptada en países como el nuestro, donde históricamente existe un déficit democrático y una cooptación de lo público. Aquí los ejercicios de escucha y apertura se planteaban como los pocos resquicios donde podrían plantearse posibilidades de resolución a los graves problemas que nos aquejan: la impunidad sistémica, la justicia inaccesible, la violencia en todas sus formas.

En México, donde la voluntad popular pocas veces ha tenido repercusiones relevantes sobre el ejercicio del gobierno, la 4T –que tiene un amplísimo respaldo popular– se muestra claramente reacia a seguir las narrativas y ejercicios de apertura gubernamental. Y es que podría justificarse una contradicción: si el gobierno muestra la voluntad popular, la apertura gubernamental saldría sobrando; la escucha se habría dado con otros mecanismos, como el voto. Otros ejercicios –como la realización de parlamentos abiertos– se piensa que sobran, pues el mandato popular marca una agenda política clara. Esta contranarrativa –que tiene una lógica y un sentido no menor 1– dice que sobra escuchar y abrir “más” lo público. Pero esto lo que rebaja es la relevancia de la escucha.

Uno pregunta y escucha porque ignora, no porque sabe. Y para los problemas crónicos que tenemos en nuestro país, es demasiado aventurado asumir que existe alguien que sabe cómo resolverlos. Antes teníamos una tecnocracia que escuchaba lo que le convenía –y a quien le convenía– lo que generó vicios en la gestión pública. Ahora existe la tentación de simular la escucha, porque se cree que ya se tienen las respuestas. Un ejemplo de lo anterior, es lo que hemos señalado desde Fundar para las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República en textos pasados. Ambas visiones ignoran que, ante la gravedad de la injusticia e impunidad que vivimos, escuchar a quienes padecen los impactos de éstas es condición de posibilidad para lograr cambios públicos que realmente funcionen.

En un país que carga con décadas del uso político de la justicia –aunado a un conflicto armado desde hace casi década y media– las visiones de las y los legisladores tendrían que estar informadas por quienes padecen la injusticia: colectivas y colectivos de víctimas, de madres de personas desaparecidas, de grupos organizados que cuidan a sus comunidades; no (sólo) porque “sea bueno” escucharles, sino porque ellas y ellos tienen las piezas que faltan en todos los diseños políticos. Pensar que los problemas de procuración y administración de justicia pueden resolverse detrás de un escritorio es seguir la misma impronta del pasado.

* Ángel Ruiz es investigador en el programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.

1 No es el momento de entrar a los detalles de los problemas que esto implica en el ejercicio de gobierno y la creación de sus propios contrapesos. Pero basta decir que existe un reto ante cambios como los que vive nuestro país porque la impronta de creación de dichos contrapesos partía del hecho de que los gobiernos difícilmente contarían con el respaldo popular, como lo sugiere César Morales en un texto reciente.