Lecciones sobre la tolerancia

Las manifestaciones de intolerancia no son casos aislados ni hechos atípicos en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Más bien parece que se están convirtiendo en una consecuencia natural y reiterativa cuando ciertos actores arremeten contra posturas, decisiones o políticas del gobierno federal.

El principal medio para expresar esta intolerancia radica en las redes sociales (Twitter y Facebook). Sin embargo, la coyuntura ha permitido que los actos de intolerancia se trasladen del ámbito cibernético a las calles.

La situación se vuelve preocupante con los acontecimientos ocurridos el pasado fin de semana, cuando el Movimiento por la paz con justicia y dignidad fue objeto de críticas mientras salía a manifestarse en las calles. El punto más álgido aconteció cuando supuestos simpatizantes del gobierno federal encararon a los integrantes del movimiento social en zócalo capitalino, aunque no pasó a más, ya que solo se quedó en conatos de provocación.

Estos actos de intolerancia pueden ser peligrosos para la estabilidad del régimen democrático, puesto que las desacreditaciones verbales pueden convertirse en agresiones físicas y en actos de violencia y represión, atentando no solo contra los derechos y las libertades de las personas, sino contra la integridad y la vida de los individuos.

No es fácil que el gobierno morenista, ni un otro gobierno federal o local, acepte ser cuestionado sobre los esfuerzos para revertir una problemática especifica y más cuando el régimen está convencido de que la respuesta instrumentada es la correcta. Empero, es necesario que el gobierno de López Obrador se abstenga de descalificar, ignorar o censurar un movimiento social, puesto que al hacerlo alimenta a simpatizantes y motiva a seguir su ejemplo, y con ello se polariza a la sociedad.

Una mirada al pasado

El gobierno del presidente López Obrador debería analizar las causas y los efectos de los diversos movimientos sociales que confrontaron a los gobiernos federales pasados para aprender a evitar sus errores y replicar sus éxitos. Ello no implica que la actuación de las administraciones previas haya sido perfecta. Al contrario, la forma de canalizar las demandas sociales parecieron ser más producto de una postura pasiva de no confrontación. Sin embargo, el gobierno morenista -que en muchas ocasiones formó parte de esas voces disidentes- ahora tiene la oportunidad de demostrar que sí es posible canalizar la inconformidad por vías democráticas de maneras más exitosas.

Sexenio de Enrique Peña Nieto  

El gobierno de Enrique Peña Nieto venía de obtener grandes triunfos con la instrumentación de las reformas estructurales (fiscal, energética, hacendaria, educativa y política). No obstante se enfrentaría a un acontecimiento que logró escalar y afectar al régimen peñista, es decir, el caso Ayotzinapa, que a la postre se convirtió en el gigante del gobierno federal.

Las primeras manifestaciones del movimiento social fueron en contra de los gobiernos estatal y municipal, aunque la pronta intromisión del gobierno federal, impulsada de forma no intencionada, lo convirtió en el centro de atención de los reclamos y las críticas por parte del movimiento social. Esto provocó que la administración federal tuviera que adoptar una nueva política de comunicación enmarcada por una neutralidad pasiva del presidente Peña Nieto.

Esta nueva política conllevó al gobierno a escuchar, actuar y no confrontar al movimiento social, lo que generó, indirectamente, una falsa perspectiva de reconocimiento y ejercicio de la libertad de expresión, respecto a la pluralidad de ideas y salvaguarda del derecho al disenso. En otras palabras, el régimen peñista se apegó al principio democrático de la tolerancia.

En este sentido, la administración federal evitó utilizar discursos, declaraciones o frases de descalificación y censura contra el movimiento social. Por el contrario, ellos reconocieron y protegieron la libre manifestación de ideas, en un escenario donde la crítica al régimen peñista fue inexorable y enérgica. Esto favoreció a evitar una polarización social, circunstancia que estimuló a que el presidente Enrique Peña se convirtiera en el receptor de la insatisfacción ciudadana.

En un inicio, las proclamas solicitaban al gobierno federal implementar acciones para hallar con vida a los estudiantes desaparecidos. Posteriormente, las demandas fueron severas sobre el accionar del gobierno para esclarecer los hechos, lo que condujo a los ciudadanos a manifestarse en contra de Peña Nieto mediante expresiones de “Fuera, Peña, fuera, Peña” y “Renuncia Peña”.

La desaparición de los normalistas forjó un sentimiento de empatía con el dolor y la desesperación de los familiares. El apoyo recibido por la sociedad mexicana, tanto en redes sociales como en las calles, consistió en muestras de indignación y enojo hacia las autoridades federales y de respaldo con las acciones desarrolladas por los padres y madres de los normalistas.

Con la finalidad de encausar el conflicto social por los vías democráticas, el presidente Enrique Peña recibió a los familiares de los 43 desaparecidos y como producto de dicha reunión se acordaron cuatro acciones: fortalecer los esfuerzos de localización con un plan renovado de búsqueda; crear una comisión mixta de seguimiento de información integrada por la PGR, Secretaría de Gobernación y los padres de familia de las víctimas; dar atención integral y apoyo a las familias de las personas que perdieron la vida el pasado 26 de septiembre y de aquellas personas que resultaron lesionadas, y apoyar a las escuelas normales rurales del país.

Sexenio de Felipe Calderón

La principal política pública del gobierno de Felipe Calderón fue el combate al crimen organizado. En torno a esta política se centraron los esfuerzos de la administración federal y se buscó defender, a como diera lugar, los resultados y los esfuerzos instrumentados para lograr la paz, la seguridad y la erradicación de la violencia.

La irrupción del Movimiento por la paz con justicia y dignidad de 2011 puso a prueba el comportamiento democrático del régimen calderonista, puesto que juzgó rigurosamente los logros y los efectos de la guerra contra los carteles del narcotráfico, al evidenciar los daños colaterales de las víctimas y sus familiares que dejó dicha política.

De manera indirecta, el gobierno federal ejerció una política de comunicación de neutralidad activa ante los señalamientos del movimiento social, que lo condujeron a salvaguardar, casuísticamente, la libertad de expresión y la conformación plural de la sociedad mexicana. Por lo tanto, garantizó una conducción gubernamental basada en el principio de tolerancia. En otras palabras, el gobierno fue precursor del respeto y aceptación de posturas antagonistas en torno a los avances y los retrocesos de la guerra contra el narcotráfico. Con ello, se evitó la propagación de una polarización social en las calles y en las redes sociales.

El presidente Calderón adoptó una postura de tolerancia ante las manifestaciones opositoras, puesto que no invalidó ni desvalorizó el movimiento social. Su gobierno fue receptivo a la inconformidad proveniente de una pluralidad de actores sociales. No obstante, el gobierno calderonista defendió la instrumentación de la política pública en materia de seguridad y Calderón rechazó categóricamente cambiar la estrategia de seguridad; en contraste, aceptó pedir perdón a las víctimas y se comprometió a dar resultados en un plazo máximo de tres meses.

Esta postura provocó que el movimiento social fuese incorporado en los canales democráticos para la resolución de controversias. De hecho, el movimiento liderado por Javier Sicilia logró incidir en la no aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, que buscaba institucionalizar el uso del ejército en tareas de seguridad pública; impulsó la creación de la Ley General de Atención y Protección a las Víctimas, y motivó la Creación de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas del Delito.

El comportamiento de la sociedad fue, de nueva cuenta, positiva, puesto que adoptó una postura de respeto y tolerancia de las múltiples manifestaciones del movimiento social; en las calles la sociedad mostró empatía y reconocimiento. Por su parte, en las redes sociales, una parte manifestó su desagrado por el gobierno federal, mientras que otra parte respaldó los actos del gobierno sin que se generasen discursos de odio, confrontación o polarización.

Sexenio de Vicente Fox Quezada

El primer gobierno de alternancia instrumentó una política de comunicación consistente en la no confrontación en contra de movimientos sociales ni demandas ciudadanas. Por el contrario, fue receptivo de las críticas, bondadosas y severas, sobre su actuación para controlar y erradicar los contextos de inseguridad y violencia denunciados en durante la marcha blanca de 2004.

A lo largo del sexenio no se emitieron descalificativos, ni se construyeron discursos de censura o se desarrollaron expresiones de reproche; más bien, se adoptó una postura de neutralidad pasiva ante los ataques y las vejaciones en materia de seguridad pública.

Esta postura de la administración federal estuvo sustentada en que las manifestaciones contra la inseguridad y la violencia no estaban dirigidas, principalmente, al gobierno foxista, sino a los gobiernos locales y municipales, lo que indujó un efecto minimizador en percepción gubernamental.

Sin ser una consecuencia buscada, el gobierno de Vicente Fox promovió el ejercicio de libertad de expresión de las personas, lo que generó que el gobierno federal adoptara como estandarte el principio de tolerancia democrática.

La práctica del pluralismo, tolerancia y libertad de expresión implicó una aceptación tácita sobre las diferentes visiones de los contextos de inseguridad y violencia, lo que conllevó a incorporar a las vías democráticas a los grupos inconformes. Sin lugar a duda, esto enmarcó la inclusión de los grupos opositores en las acciones de gobierno, dejando a un lado la confrontación y la polarización social.

Otro aspecto a destacar es que en esos ayeres, el espacio cibernético no influía como un espacio de deliberación y confrontación. En cambio, las calles y los medios de comunicación tradicionales fungían como el catalizador de las demandas sociales.

Como producto de la movilización social, el presidente Fox aceptó reuniese con los líderes el movimiento para establecer una serie de compromisos para disminuir y erradicar la inseguridad. Derivado de la reunión, la administración federal emitió el Programa Emergente de Acciones para Enfrentar el Fenómeno Delictivo, impulsar el combate al narcomenudeo, establecer unidades mixtas de atención social y el Congreso tipificó el secuestro exprés como un delito grave.

¿Qué aprender del pasado?

A la luz de la experiencia de los últimos tres gobiernos federales, el gobierno de López Obrador debería retomar las siguientes lecciones:

Primero, evitar descalificar, ignorar y censurar a un movimiento social, sin importar la fuerza colectiva, las formas de manifestación, las peticiones y las exigencias.

Segundo, defender la instrumentación de políticas públicas como medios idóneos para resolver problemas generales y específicos, sin utilizar frases, discursos o aseveraciones que menosprecien, difamen y agravien a los movimientos sociales.

Tercero, estar en desacuerdo con las visones y posicionamientos de los movimientos sociales es legítimo, pero siempre expresarlo con locuciones que garanticen y protejan los derechos y las libertades de las personas o los grupos sociales disidentes.

Cuarto, garantizar que el principio de la tolerancia sea utilizado por los funcionarios públicos, por las personas y por los grupos sociales como un instrumento que contribuya a una cultura de la paz y de la inclusión.

Quinto, buscar la inclusión de las personas o los grupos sociales en los procedimientos de formación, decisión y ejecución de las políticas para resolver problemas o contextos de opresión.

Sexto, salvaguardar la recreación de la pluralidad democrática como un detonador del debate sobre la idoneidad, los efectos y los resultados de las políticas públicas.

Séptimo, evitar inducir la generación de expresiones agraviantes o actos de violencia en contra de personas, grupos sociales o comunidades.

Octavo, proteger el derecho de disenso de las personas o grupos sociales con la aprobación, instrumentación y evaluación de una política pública.

Noveno, defender el goce y el ejercicio de la libertad de expresión de las personas o grupos sociales, aun cuando contengan proclamas en contra de las políticas públicas instrumentadas por el gobierno federal o local.

Décimo, evitar establecer elementos o condiciones que induzcan a la polarización de la sociedad.

* César Hernández González (@ZezarHG) es asesor de la Presidencia del Instituto Nacional Electoral.