Tres lecciones para México de las políticas ambientales en Chile

Por Álvaro Rodríguez*

A pesar de una rica historia compartida y de haber acogido a miles de personas refugiadas tras el golpe militar de 1973, en México aún conocemos poco de Chile. Quizá uno de los recuerdos colectivos recientes que nos vinculan es la derrota de nuestra selección por 7-0 en la Copa América Centenario de 2016, celebrada en Estados Unidos.

No obstante, más allá de ese episodio triste para los mexicanos, nuestros países comparten similitudes como un mismo idioma, condiciones geográficas comparables, desafíos en desarrollo humano marcados por la desigualdad e incluso una constante convivencia con los sismos. Esa cercanía estructural, evidente y poco explorada cobra relevancia a la luz de experiencias recientes en el país sudamericano.

Hace unas semanas, una delegación integrada por personal de WWF y representantes de los sectores público y privado de México, Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador y Perú visitó la ciudad de Santiago de Chile para conocer de primera mano la instrumentación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP).

La ley, promulgada durante el gobierno de Michelle Bachelet en junio de 2016, entró en vigor de manera progresiva en años posteriores. El 1 de junio pasado cumplió 10 años y diversos especialistas la consideran una de las políticas ambientales más relevantes de América Latina en gestión de residuos y economía circular.

Según el Ministerio del Medio Ambiente de Chile, la REP establece un sistema de gobernanza multiactor que obliga a las empresas que introducen ciertos productos prioritarios al mercado a hacerse responsables operativa y financieramente de los residuos que generan al final de su vida útil. Aunque abarca desde neumáticos hasta textiles, su aplicación masiva comenzó con empaques, envases y embalajes de cartón, vidrio, metal, plástico y envases compuestos para bebidas, como el cartón laminado.

Más allá de su diseño institucional, el esquema exige que los productores financien y organicen la recolección, el reciclaje y la valorización de estos materiales. El objetivo es reducir la generación de desechos, aumentar las tasas de reciclaje e impulsar la transición hacia una economía circular.

Tres lecciones para México

En la práctica, el modelo adquiere mayor complejidad. La REP articula a actores públicos (municipios, ministerios y agencias reguladoras), privados (empresas, sistemas de gestión y gestores de residuos), así como a personas recicladoras de base, ciudadanía y consumidores. En esa interacción se hacen visibles tanto los avances como los desafíos del modelo.

A partir de la visita de estudio, emergen tres lecciones para México, donde la Ley General de Economía Circular se promulgó apenas en enero de este año.

La primera es que la REP no es un modelo acabado, sino un proceso de instrumentación gradual que avanza mediante prueba y error, pero sustentado en criterios técnicos y evidencia científica. Uno de los principales aprendizajes, y también una de las críticas recurrentes en el caso chileno, es la importancia de establecer metas realistas y basadas en datos, más que en compromisos políticos que, aunque ambiciosos, suelen resultar difíciles de sostener en el tiempo. Los enfoques voluntaristas sin suficiente sustento técnico pueden terminar debilitando la política pública. Solo bajo este enfoque en México podremos ajustar el instrumento, corregir desviaciones operativas y de diseño, y garantizar su viabilidad a largo plazo.

La segunda es la necesidad de una gobernanza multiactor efectiva, basada en mecanismos de diálogo abierto, transparencia y negociación constante entre actores públicos, privados y sociales. En el caso chileno, la participación del sector privado ha sido decisiva, en un entorno donde la apertura económica favorece su involucramiento activo en la gestión de residuos.

Esta articulación no está exenta de tensiones ni de riesgos de captura regulatoria, pero resulta indispensable para el funcionamiento del sistema. En México debemos entender que, sin estos mecanismos de coordinación, difícilmente puede sostenerse una política que dependa de la acción simultánea de múltiples actores con intereses distintos.

La tercera es la inclusión efectiva de las personas recicladoras de base. Estas personas constituyen el pilar del sistema, por lo que su reconocimiento no es opcional, sino una condición de éxito. Chile ha dado pasos importantes en esta dirección, aunque los retos persisten. Por un lado, hay un reconocimiento formal y un gremio organizado y empoderado que opera puntos de recolección en Santiago y otras regiones del país. Por otro, los altos costos de capacitación y certificación dificultan la incorporación de nuevos recicladores, quienes a menudo no cuentan con los recursos para asumirlos, lo que termina por reproducir su exclusión.

Es necesario invertir en infraestructura

La enseñanza para México es clara. Es indispensable reconocer a las personas recicladoras de base desde el inicio como actores centrales, dignificar su labor y fortalecer su organización. Esto implica no solo garantizar derechos laborales mínimos, como acceso a la salud y seguridad social, sino también generar mecanismos funcionales de participación que permitan su involucramiento efectivo en la toma de decisiones.

En México, donde los procesos de organización y formalización de estos grupos aún enfrentan diversos desafíos, este reto es particularmente relevante. Asimismo, es necesario invertir en la infraestructura necesaria para su actividad. De lo contrario, la transición hacia una economía circular corre el riesgo de reproducir, en lugar de corregir, las desigualdades en nuestro país.

Más allá de estos aprendizajes, el caso chileno es relevante por otras razones. Nos permite observar de primera mano qué funciona y qué no en su implementación, con un grado de transparencia poco común. Asimismo, si en Chile la puesta en marcha de la ley ha enfrentado retos asociados con la participación ciudadana, la disponibilidad de infraestructura y las desigualdades territoriales, en México estos podrían intensificarse, dada su condición de país federal, así como su mayor tamaño y población.

Finalmente, aunque en Chile la REP ha generado avances significativos en reciclaje y economía circular, su instrumentación aún enfrenta desafíos vinculados con los costos de cumplimiento y la complejidad administrativa. A ello se suman las brechas de capacidad entre empresas y territorios, lo que evidencia que el éxito de este tipo de políticas depende no solo de su diseño, sino de instituciones eficaces y capacidades estatales suficientes para implementarlas.

México no parte de cero, pero tampoco puede darse el lujo de asumir que el camino será sencillo. Si la puesta en marcha de la Ley REP logra sortear estos desafíos, no solo se avanzará en la gestión de residuos, también podría consolidarse una agenda compartida con Chile que, esta vez, trascienda las anécdotas futbolísticas y apunte a transformaciones estructurales en la manera en que el país gestiona sus residuos y transita hacia una economía circular. ♦

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*Álvaro Rodríguez es Oficial de Ciudades Sustentables en WWF y coordina el Desafío de Ciudades en México y América Latina, una iniciativa global que reúne más de 350 ciudades y promueve el desarrollo de capacidades en gobiernos locales, así como políticas basadas en evidencia para mitigar el cambio climático. Es licenciado en Política y Administración Pública por El Colegio de México y maestro en Gobernanza, Desarrollo y Políticas Públicas por la Universidad de Sussex en Reino Unido. Durante sus estudios recibió diferentes becas y reconocimientos como la beca Chevening del Gobierno del Reino Unido y el Spirit of Sussex Award.