Lecciones de la elección judicial de 2025: informe desde la ciudadanía

“La elección judicial de 2025 nació con problemas estructurales de origen. La reforma constitucional que le dio vida fue aprobada de manera apresurada, sin un debate plural y comprensivo sobre sus implicaciones”. Así lo afirma el Informe Final del Observatorio Electoral Judicial que se presentó en julio pasado. Dicho informe es producto de un trabajo conjunto de cuatro organizaciones que integramos el Observatorio (OEJ): Práctica, Laboratorio para la Democracia; Laboratorio Electoral, México Evalúa, y Disentir, durante todo el proceso electoral judicial.

El Observatorio logró documentar todas las etapas del proceso electoral extraordinario y elaborar distintos informes al respecto. Con base en esa información el informe final concluye que la elección judicial de 2025 no fue íntegra y no cumple con los estándares que se han construido para los comicios electorales en nuestro país por diversas razones.

Primero, la falta de reglas claras, aunado a los vacíos legislativos atribuibles a las prisas con las que se aprobó la reforma constitucional y las reformas secundarias. Segundo, las condiciones inequitativas para las diversas candidaturas que se refleja de varias maneras como la falta de financiamiento público y de espacios en radio y televisión durante las campañas; la ausencia de debates; los problemas en el diseño de las boletas que, según demostró uno de los informes, favorecían y hasta predeterminaban quién ganaría; la falta de representación de las candidaturas ante el INE y, finalmente, la disparidad entre quienes ejercían un cargo público mientras hacían campaña, como las Ministras Esquivel, Ortiz y Batres. Tercero, el proceso de evaluación de candidaturas estuvo plagado de irregularidades, comenzando por la convocatoria del Senado y la conformación de los comités. Cuarto, la incompatibilidad de la geografía electoral con la distribución de los cargos judiciales con base en criterios distintos al de representación política.

A ello, hay que sumar que se trató de una elección regresiva en materia de derechos, en particular del derecho a votar. A diferencia de otros procesos electorales, las y los mexicanos que viven en el extranjero no pudieron votar. Tampoco las personas que se encuentran privadas de su libertad en prisión preventiva. Incluso, para la ciudadanía que podía acudir a las casillas, el ejercicio resultaba por demás complejo, pues el universo de cargos y opciones requería una inversión importante de tiempo para tomar una decisión medianamente informada. Todo ello resultó en una elección con baja participación del padrón electoral y con importantes indicios del uso abierto y sistemático de mecanismos para dirigir el voto por parte del oficialismo.

De ahí que el Informe sea contundente: una elección como la que acaba de pasar no puede repetirse si queremos proteger nuestra democracia electoral y los derechos que involucra. Es por ello que las organizaciones planteamos una serie de recomendaciones para contar con procesos electorales judiciales íntegros. Dichos cambios tendrían que ser implementados en el corto plazo para que los comicios de 2027 ya operen bajo esas nuevas condiciones, especialmente porque se trata de elecciones concurrentes con renovación de Cámara de Diputados y numerosos cargos a nivel local.

Las recomendaciones incluyen la necesidad de hacer reformas, a nivel constitucional y legal, para regular mejor unas elecciones que rompen la lógica de cualquier otro proceso que se lleva a cabo en nuestro país, y que por ello requieren reglas muy específicas y hechas a la medida. Incluso, se sugiere reflexionar en torno a la necesidad de un Código Electoral Específico. Más allá de ello, se formulan recomendaciones que permitan garantizar la no regresividad de derechos político-electorales. Por ejemplo, asegurar el acceso a la justicia electoral por parte de las personas candidatas; redefinir la geografía electoral judicial; establecer de manera más clara los mecanismos para determinar si se cumple con los requisitos de elegibilidad; tener mayor rigor en la integración y operación de los comités de evaluación, entre muchas otras.

Este proceso electoral nos deja muchas lecciones. Sus problemas comienzan con un mal diseño de una reforma que no fue lo suficientemente discutida ni contó con un diagnóstico; a partir de ese primer paso comienza la cadena de errores. No obstante, esto apenas empieza. A partir del 1 de septiembre entrarán en funciones las personas que resultaron electas para los distintos cargos. Con ello comienza el verdadero reto para la justicia, lograr que el relevo no obstaculice el acceso efectivo a derechos con el pretexto de estar pasando por una curva de aprendizaje. Se reafirma una vez más la necesidad de una vigilancia ciudadana constante que pueda alertar de los saldos de la reforma.