Lecciones de Michoacán

Bien visto, el experimento de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán terminó en el mejor momento posible: en medio de la discusión sobre el mando único policial y la disolución de gobiernos municipales por infiltración del crimen organizado. La Comisión, como experimento, había perdido su lustre y comenzaba a resultar demasiado costoso —nadie le pone fin a algo que está funcionando bien, y menos en el primer aniversario. Cierto, la última versión de la mafia michoacana está pasando muy malas épocas, se detuvo a decenas de presuntos delincuentes, funcionarios y parientes de funcionarios y se aseguraron todo tipo de mercancías, edificios y armas. Pero eso es lo que ocurre cuando uno despliega 6 mil efectivos federales en un puñado de municipios —y los deja ahí, porque la Comisión desaparece, pero el despliegue no— y en cualquier caso no deja de ser una historia muy familiar en demasiados niveles. Hace menos de una década que el Gobierno Federal encontró que Michoacán había padecido años de abandono y que los criminales estaban en control del estado y procedió a detener a decenas de presuntos delincuentes, funcionarios y parientes de funcionarios, asegurar todo tipo de mercancías, edificios y armas. Vaya, incluso llegó a “abatir” al líder mafioso que, todo indica, volvió a morir hace unos meses.

La novedad del experimento de la Comisión no era la idea de que era necesario rescatar a Michoacán de sí mismo o que quizá todavía lo sea —aunque no deja de ser interesante que la clase política michoacana, como la nacional en el tema de Ayotzinapa, mande decir que preferiría que ya nos dedicáramos a otra cosa, aunque claro, no así los efectivos ni los recursos prometidos, no hay que ir demasiado aprisa.

La innovación consistía en que, ante el surgimiento de un movimiento social armado, extraordinariamente popular pero fragmentado y sumido en los conflictos localísimos que uno se encuentra en cualquier comunidad, el Gobierno Federal decidió asumir directamente el control de la situación haciendo a un lado a las autoridades locales y designándose como responsable directo de todo lo que ocurriera o dejara de ocurrir en el estado. El experimento parecía tan atractivo que, hace apenas unos meses se reclamaba una Comisión para Guerrero. Pero al contrario del otro experimento michoacano de hace algunos años, el de los operativos conjuntos, la Comisión resultó breve e irrepetible y ni siquiera los que defienden su “legado” se lamentan realmente de que desaparezca ni, por lo mismo, nadie pide ya que se replique el experimento en otro lado. Vale la pena repetirlo: a las buenas ideas no se les cancela de golpe, ni tampoco se corre a enterrarlas cuando está aún tibio el cadáver; a las malas, en cambio, no se les puede despachar lo suficientemente rápido.

La semana pasada tuve la oportunidad de comparecer ante las comisiones unidas de Justicia, de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda del Senado para hablar sobre las iniciativas del Ejecutivo para establecer el mando único estatal y un mecanismo para que la federación asuma las funciones de un municipio infiltrado por el crimen organizado. Ambas iniciativas se presentaron antes de que se le pusiera fin a la Comisión, así que no debe sorprender a nadie que compartan mucho en forma y espíritu con ella —eran tiempos de mayor optimismo, o quizá lo sean todavía, dada la prisa que corre por aprobarlas. Pero justamente por ello, las lecciones del fracaso de la Comisión son más relevantes que nunca. El experimento michoacano, creado por decreto para responder a una coyuntura política, puede desaparecerse sin mayor trámite, pero las reformas constitucionales no, y dos lecciones son particularmente urgentes para evitar que la reforma tenga una vida corta y peligrosa.

La primera lección es que el mando único no soluciona el problema de la infiltración y corrupción de las policías. Si no bastara la experiencia de décadas, la propia Comisión demostró que, en el mejor de los casos, las policías municipales son apenas una parte del problema. Está en el informe oficial, en el que orgullosamente se describen las detenciones de funcionarios del gabinete estatal y de policías estatales que participaban en conspiraciones criminales. No hace falta prever, como hace Insyde, el potencial de abuso, la inutilidad de la medida está a la vista. La segunda lección, que es más importante, es que resulta demasiado costoso para el Gobierno Federal hacer política local y proveer servicios locales, al punto de que en cuanto es posible deja de hacerlo. Esto es particularmente relevante para la iniciativa de disolución de los ayuntamientos mafiosos, por llamarle por su apodo, que por otra parte es un mecanismo sin sutileza, extraordinariamente controversial y politizado en el único país del mundo que lo utiliza, que viola las nociones más básicas de debido proceso y de lo que significa el Federalismo.

Es pues una idea enorme que no se ha pensado a detalle. Como la Comisión. Excepto que la Comisión ya demostró que un enviado federal termina por estropear el proceso político local y disolver un ayuntamiento requiere, por decirlo de alguna forma, de que haya al menos un Comisionado, como el de Michoacán, para cada municipio disuelto. Sólo el operativo de Tierra Caliente comprende 32 municipios. 32 Comisionados. O, dado el costo del primero, probablemente ninguno.

Estamos pues en una coyuntura en la que los impulsores de la reforma pueden aplicar las lecciones aprendidas en el experimento de Michoacán para enmendar el rumbo. Ya se le puso fin a la Comisión. Las iniciativas pueden discutirse y corregirse. Es tiempo de hacerlo y, como el diablo está en los detalles, habrá que poner el enfoque en la legislación secundaria. Es tedioso y anticlimático, pero es indispensable. Las intervenciones federales son probablemente indispensables, pero hay que regularlas para beneficio de todas las partes.