La lealtad política y social a la impunidad

El hámster no sabe que jamás va a llegar a ningún lado cuando corre tanto como puede en la rueda fija del laboratorio. Si de la impunidad se trata, somos como ese hámster, todo el tiempo yendo para ninguna parte. La diferencia es que en aquel laboratorio se puede saber quién, cómo y para qué hace el experimento, pero en nuestro caso, no creo que tengamos claro nada de esto.

¿Quién construye la impunidad, cómo y para qué?

Comencemos por lo obvio: la impunidad es la regla, no la excepción, en el arreglo político y social en el que vivimos. Solo que muchas veces lo que parece obvio tiene detrás soportes nada obvios. Que la política ha construido un acuerdo donde el ejercicio del poder es un pasaporte privilegiado para aprovechar la impunidad puede ser evidente, pero no por eso es una obviedad. Nadie dice en campaña: “Voten por mí para que yo pueda usar la impunidad”; pero no necesitan decirlo, lo saben quienes han ejercido, ejercen o quieren ejercer algún cargo público, pero también lo sabe la sociedad. Y aquí es donde todo se complica y se complejiza.

La impunidad es entonces una construcción política y social. Las leyes dicen no, la promesa política expresa dice no, pero las prácticas del poder dicen sí. La sociedad hace lo mismo: no, pero sí. Cuesta aceptarlo, pero este arreglo va de arriba hacia abajo y viceversa. He venido analizando la impunidad entonces como un engranaje de un sistema de oportunidades disponibles para quien puede y sabe usarlas. Si la impunidad es la negación de la eficacia de la consecuencia legal, entonces para nadie es un secreto que en nuestra convivencia producimos de manera consistente todo el repertorio imaginable para ahogar las consecuencias legales.

Entonces ese constructo político y social tiene una base cultural profunda; es un aprendizaje que se reproduce a sí mismo. No nacemos sabiendo usarla, crecemos aprendiendo a usarla. ¿En dónde? En todas partes. El conflicto con la ley es impronta fundamental y su efecto por tanto es sistémico. Jamás ha habido un acuerdo político y social para hacer valer la ley por encima de quienes, bajo ciertas condiciones, la pueden manipular masivamente.

El mito fundacional del Estado de derecho

Una cosa es el fundamento cultural de lo que somos y hacemos y otra muy distinta son los relatos que se producen desde ahí. El Estado mexicano se construyó en buena medida sobre mitos; uno de ellos es el mito fundacional del Estado de derecho. Por eso la historia no cuenta lo que realmente han hecho quienes han tomado el poder de una u otra manera, si de manipular la ley se trata. Ese relato está al margen.

Tiene dos efectos fundamentales repetir la mentira del Estado de derecho: primero, disciplinarnos bajo un orden que distribuye de manera desigual el poder de manipular las leyes para acceder a beneficios privados; segundo, asegurar la tolerancia y la resignación social ante ello. El relato mismo ha sido el motor performativo más importante para asegurar la estabilidad del sistema; por eso es tan frecuente el “no habrá impunidad” y todas sus variantes: “se investigará hasta las últimas consecuencias”; “nadie por encima de la ley”, “caiga quien caiga” y toda la sarta de mentiras útiles para reproducir el arreglo.

Leo la fallida transición democrática como una posible disrupción insuficiente para colapsar el arreglo. Ya bien entrado el siglo XXI podemos entender que quizá no tenemos la savia cultural para consolidar una sistema político de contrapesos que afiance la eficacia de la ley y reduzca la impunidad, porque nuestro fundamento cultural más profundo acaso jamás ha entendido el ejercicio del poder como un algo que deba someterse a control.

El escándalo del INE, revelación sin paralelo

El escándalo del INE es una revelación sin paralelo porque enseña que es posible destruir aquello que, se supone, vale más. Dijeron todas las fuerzas políticas y dijo la sociedad misma que confiaba en el INE y no hubo herramientas institucionalizadas para cuidarlo; ese es el punto: todo está disponible para ser manipulado.

La impunidad sistémica es la palanca que hace posible las llamadas empresas criminales continuas insertas en el Estado. La criminalidad vive un intenso proceso de evolución adaptativa. El Estado también, pero no para someter a aquella, sino para construir redes de macrocriminalidad que cuentan con la impunidad para funcionar. El Estado se adapta y articula a la diversificación y agudización de los poderes criminales. Cuando la Red Lupa nos hace saber, por ejemplo, que se han creado cien instituciones para contener las desapariciones, sin contenerlo, confirmamos este proceso adaptativo donde los formatos criminales aprenden, mientras el Estado hace lo mismo que ha hecho casi siempre: formalizar cambios y sostener prácticas.

La impunidad no solo está ahí; es más que eso: campea. Es decir, se pasea “de forma clara y vistosa”. Es el principio pedagógico que la autorreproduce. La enseñanza/aprendizaje ancla dos ideas generalmente aceptadas; primera, la impunidad está disponible y, segunda, no se va a ir. Entonces aprendemos a tolerarla a través de la resignación misma, pero también aprendemos a usarla. Solo hay que poner frente a frente la evidencia empírica de la impunidad casi absoluta ante la proliferación de la gobernanza criminal.

Por más que nos cueste aceptarlo, nuestro edificio político y social no sabe organizarse en estabilidad sin impunidad. Antes escribí que la impunidad es cimiento y cemento del sistema político. En otras palabras, colapsar la impunidad sería colapsar el edificio. Pero esto no sucederá sin reconstruir aquello que Leonardo Maldonado Figueroa llama “épica común”, es decir, un relato compartido que otorga sentido de identidad a un grupo y moviliza voluntades hacia una visión de futuro unificada.

¿Puede México reconstruir un horizonte de sentido que rompa con su lealtad política y social a la impunidad?♦ 

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