Redacción Animal Político · 28 de noviembre de 2023
Es terriblemente simbólico que ni siquiera un magistrade pueda escapar de los juicios discriminatorios del ministerio público mexicano. En los últimos años se ha argumentado -desde la misma presidencia, pasando por otros actores políticos- que la impunidad en México se hospeda en el Poder Judicial. Si una persona es liberada por un juez, actores políticos y sociales atribuirán toda la culpa al juez, y omitirán el papel del expediente que presentó el ministerio público. Si el asesinato de una persona en el rango de magistratura termina impune, tenemos una clara señal de que a quien hay que llamar a cuentas es al Ministerio Público.
Familias y amistades de las personas queer asesinadas por crímenes de odio en México saben perfectamente cómo el ministerio público “da carpetazo” a estos casos para no hacer su labor: investigar delitos. Es indignante ver como la Fiscalía del Estado de Aguascalientes apresuró la hipótesis de que le magistrade Ociel Baena fue asesinade por su pareja. Y que la pareja cometería suicidio posteriormente. Una vez más, una fiscalía usó la narrativa de los “crímenes pasionales”. La organización Letra S ha documentado sistemáticamente cómo suceden los crímenes contra las personas queer en México. En su reporte de 2014 denunciaron que los ministerios públicos usan la narrativa del “crimen pasional” para explicar la violencia extrema contra las personas queer. De manera velada, intencional o inconsciente, el uso del concepto de “crimen pasional” permite a los agentes del ministerio público evadir la posibilidad de que se investigue un crimen de odio.
Entiendo perfectamente que la liberación de personas detenidas por la policía y el ministerio público es frustrante. Sin duda, hay jueces que pueden llegar a ser cómplices de la liberación de personas que efectivamente han cometido delitos. No obstante, investigadores y agencias internacionales han probado que muchos expedientes judiciales descansan, sobre todo, en declaraciones obtenidas bajo tortura. Cualquier cuestionamiento contra la liberación de una persona debería comenzar por cuestionar el rol que jugaron los agentes del ministerio público armando el expediente.
Las principales víctimas de la impunidad son las personas más vulnerables. En particular las poblaciones históricamente discriminadas: mujeres, personas queer y hombres jóvenes en situación de pobreza. Según Impunidad Cero, el 94 % de los homicidios en México no se investigan, y del restante 6 % solo 1 % se resuelve en un tribunal. Como descubrieron Beatriz Magaloni y Luis Rodríguez, más de la mitad de las personas presas en México fueron torturadas, amenazadas o abusadas psicológicamente. En estas condiciones, ¿cómo podemos garantizar que las personas que terminan en prisión son efectivamente las que han cometido delitos? ¿Cómo podemos creer en las hipótesis de los ministerios públicos si estos no investigan más allá de declaraciones obtenidas bajo tortura?
Escuché con atención al fiscal general de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, en una entrevista radiofónica defendiendo el papel de sus agentes del ministerio público. En ese momento, él dijo que la hipótesis del crimen pasional era solo una línea de investigación. Sin embargo, él sostuvo que la evidencia pericial era lo que fundamentaba su hipótesis. El fiscal ha sostenido públicamente una sola hipótesis después de una filtración a medios. ¿Podemos confiar que el fiscal y sus agentes del ministerio público no han confeccionado un caso para sostener un prejuicio discriminatorio?
Los ministerios públicos, agencias de policía, y las cortes son espacios de profesiones altamente masculinizadas. La presencia de le magistrade era una luz de que la justicia no es un espacio exclusivamente para hombres en México. Sin embargo, su asesinato y la investigación de la fiscalía demuestra que hay una resistencia al cambio de muchos hombres que habitan el sistema de justicia. Más allá de las reglas formales, una visión patriarcal y conservadora del mundo gobierna las prácticas del sistema.
No es casual que se “filtren” fotografías de los casos y luego los fiscales hagan conferencias de prensa defendiendo una versión de los hechos. Ministerios públicos y policías elaboran casos mediáticos en línea con los instintos conservadores y punitivistas de partes del público mexicano. En algunos casos, lo hacen para que no haya espacio público para una hipótesis alternativa que cuestione el orden social patriarcal. En otros, para defender sus casos a sabiendas que un juez los puede desechar porque están elaborados sin evidencia o con evidencia manipulada. Si tan solo pusieran toda esa energía en investigar con rigor. Pero investigar con rigor implicaría que tendrían que dejar de operar usando la tortura o perfiles criminológicos discriminatorios. En otras palabras, tendrían que desmantelar el verdadero manual de procedimientos de la justicia mexicana.
El caso Ayotzinapa desnudó el uso politizado y arbitrario de la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía, pero ciertamente actuando como antes de su transformación). El caso de le magistrade Baena revelará otra faceta del ministerio público mexicano: el uso de perfiles discriminatorios. Recuperemos lo que hemos aprendido del caso Ayotzinapa para vigilar el caso de le magistrade. Tenemos que analizar las prácticas cotidianas del ministerio público. Esas prácticas están infundidas de percepciones discriminatorias, politización, y en otros casos de plena incompetencia profesional.
Las reformas del sistema de justicia de las últimas décadas años han tenido enormes virtudes. Pero, como las personas expertas que acompañaron estos procesos han denunciado, estás están limitadas por la falta de recursos humanos, profesionales, y de voluntad política. Poco podemos hacer para esclarecer los miles de casos irresueltos de homicidio y otros delitos si el Ministerio Público sigue sin ser llamado a cuentas por las autoridades públicas. Y eso va más allá de tener un mejor marco legal o más recursos. Es tiempo de desmantelar el verdadero manual de procedimientos. Mando un abrazo, a la distancia, a las personas no binaries en México.