Las violencias a las que se enfrentan las infancias

Hablar de actos violentos contra niñas y niños es un tema que nos debería de ocupar como sociedad, a fin de disminuir las consecuencias que este tipo de actos genera en la salud y bienestar de los menores. De acuerdo a la UNICEF, cada 7 minutos en algún lugar del mundo, un adolescente es asesinado en un acto violento. En Causa en Común realizamos un monitoreo a través de notas de medios, logrando contabilizar durante 2022 al menos 359 asesinatos de niñas, niños y adolescentes en México, es decir, un promedio de 30 casos cada mes. Tan solo durante el primer mes de 2023 se registraron al menos 22 casos, entre ellos el de un menor de 11 años, quien fue asesinado de un disparo en la cabeza por otro menor debido a una riña por un juego en Veracruz; la muerte de un joven de 17 años, quien fue rociado con gasolina y quemado en Yucatán, o el caso de una menor de edad que fue apuñalada en Jalisco.

La lista de actos violentos contra niñas y niños también implica historias de abuso, violación y maltrato. La organización Save the Children estima que, en México, al menos 37 menores sufren violencia física diariamente. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó que durante el 2022 se denunciaron 33,352 casos de abuso sexual, 10,962 casos de acoso sexual, 2,780 casos de hostigamiento sexual, 15,651 casos de violación simple y 7,451casos de violación equiparada. En la siguiente gráfica se observa el incremento sustancial de este tipo de delitos, de los cuales, en muchas ocasiones, las víctimas son niñas y niños.

Como señala la UNICEF: “resulta muy difícil para un niño verbalizar un abuso, incluso darse cuenta de que eso que te están haciendo está mal […] cuando deciden contar o denunciar que están sufriendo abusos tienen que pasar por un auténtico calvario de testimonios, pruebas, juicios paralelos y descalificaciones”. 1

Otros delitos que de igual manera atentan contra la integridad de niñas y niños son el tráfico de menores y la corrupción de menores. En el primero se observan cifras que parecieran anómalas, debido a que durante 2021 se registraron solo 29 denuncias, mientras que 13 en 2022, es decir, durante cinco meses las fiscalías no registraron ningún delito de esta índole en el país. Sin embargo, en el caso del delito de corrupción de menores, definido en el artículo 201 del código penal federal como: “que induzca, procure, facilite u obligue a un menor de dieciocho años de edad o a quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, a realizar actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, prostitución, ebriedad, consumo de narcóticos, prácticas sexuales o a cometer hechos delictuosos” ha tenido un incremento del 28% de 2021 a 2022, pasando de 2,602 a 2,949 denuncias. Lo anterior, puede corroborar la hipótesis de la transferencia de registros de delitos entre diversas categorías que utiliza el SESNSP.

Las desapariciones son otro riesgo al cual se tienen que enfrentar los menores de edad en nuestro país. El caso de la desaparición de la joven Ángela Olguín, afuera de la estación de metro Indios Verdes, es tan solo uno de los 13,088 casos de menores de edad que la Comisión Nacional de Búsqueda tiene registrados como desaparecidos en el país durante los últimos 10 años, lo cual cabe resaltar que son eventos que se encuentra plasmados de alto índice de cifra negra.

De 2013 a 2023 siguen sin ser localizadas 7,402 niñas y 5,674 niños, es decir, es mayor la proporción de vulnerabilidad en el que se encuentran las niñas, tal y como se muestra en el siguiente gráfico. Respecto al rango edad, el periodo que va de los 14 a los 17 años es en donde más riesgo de desaparecer sufren niñas y niños. Estado de México, Tamaulipas y la Ciudad de México son las entidades en donde más menores no han sido localizados.

Frente a este panorama de actos violentos que aquejan la integridad de niñas y niños y en donde las autoridades han decidido ser omisas, resulta indispensable atender la violencia contra niñas, niños y adolescentes como un problema seguridad pública.

Uno de los primeros retos implicará mejorar el registro de incidencia delictiva, a fin de tener cifras más cercanas a la realidad que nos permitan comprender la magnitud de los problemas. De igual forma, se deben fortalecer los sistemas de protección a niñas, niños y adolescentes, ejemplo de ello es el indispensable informe y evaluación de resultados que ha tenido el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PRONAPINNA) 2021-2024 a más de un año de su implementación.

Otro punto importante a atender es el reforzamiento de las capacidades y presupuestos institucionales de las policías, fiscalías y ministerios públicos, a fin de procurar una correcta atención y protección de la niñez a través de un enfoque de derechos humanos y no re victimización. Por ejemplo, la propuesta de un registro unificado de sospecha de maltrato infantil, el cual ya ha tenido avances en países como España.

Por último, la generación de alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada y gobiernos resultan fundamentales no solo para promover la creación de programas de prevención y atención a los casos de violencia contra niñas y niños, sino también para atender las causas de violencia generalizada que atraviesa el país.

La alerta está encendida y el llamado es claro. La reducción de las violencias y la generación de entornos seguros para las niñas y los niños solo será posible a través de asumir la responsabilidad que nos concierne a todos.

@causaencomun

 

1 UNICEF, (2018), “Violencia contra la infancia: cuándo, dónde y por qué”. Disponible aquí.