Redacción Animal Político · 9 de enero de 2023
El lunes 17 de octubre de 2022, a tres años del Jueves Negro y cuestionado sobre su posible repetición, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijo: “Para nada, espero en el Señor que no haya nada de eso, hoy tenemos otras circunstancias, estamos mejorando de manera muy importante la seguridad de los sinaloenses, las estadísticas lo indican”.
La esperanza falló: este jueves 5 de enero pasado sucedió. Las estadísticas se estrellaron con nuestra realidad narca y vivimos la reedición de aquel día de terror.
Todo empezó en Jesús María, sindicatura de Culiacán. Ahí, Ovidio Guzmán López fue recapturado tras un operativo de la SEDENA que comenzó a las 4 de la madrugada y que documentó su detención a las 6.20 de la mañana. Después, el estado completo fue paralizado por las acciones de narcoterrorismo realizadas por su facción criminal, esa que el Gobierno Federal denomina “Los Menores” y que en Sinaloa es conocida como “Los Chapitos” o “La Chapiza”.
En total, hubo 19 bloqueos desde Los Mochis hasta Escuinapa en Sinaloa y la reacción alcanzó a Sonora, Nayarit y la carretera Mazatlán-Durango. Se suspendieron actividades escolares, docentes y administrativas en todas las dependencias públicas, bancos y negocios cerraron, el transporte público urbano –y también el regional– dejó de prestar servicios, los aeropuertos pararon operaciones hasta las 10 de la mañana del día siguiente dejando miles de pasajeros varados y un avión comercial abortó su despegue tras ser baleado en lo que pudo ser una verdadera tragedia; la movilidad carretera todavía está afectada por los restos quemados de vehículos pesados que no ha sido posible retirar. Los sinaloenses fuimos obligados a resguardarnos en casa y, otra vez, “Sinaloa” y “Culiacán” fueron tendencias nacionales e internacionales por razones de violencia. Ese día, el crimen organizado impuso el toque de queda en Sinaloa.
El mismo jueves a mediodía y sin responder preguntas de la prensa, el Secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, confirmó la recaptura de Ovidio Guzmán y su disposición ante el Ministerio Público Federal. Se le detuvo en “flagrancia” por posesión de armas y tentativa de homicidio, pero más tarde fue “liberado” de esas acusaciones para dictarle prisión preventiva con fines de extradición; ahora el gobierno estadounidense tiene hasta el 5 de marzo para presentar su solicitud. A Ovidio se le considera una “amenaza directa” en Estados Unidos por su capacidad de trasiego de fentanilo y se le acusa de tráfico de cocaína, metanfetaminas y mariguana.
A diferencia del primer “Jueves Negro”, en esta ocasión el operativo tuvo éxito y las fuerzas armadas lograron detener y trasladar a Guzmán López a la Ciudad de México. También el gobierno estatal, que no estaba enterado del operativo (así lo ha dicho Rocha Moya), logró contener un connato de fuga en el penal de Aguaruto. Lo que no lograron fue evitar que los criminales sumieran al estado entero en el caos y el miedo.
El viernes 6 de enero por la tarde, Noroeste acudió, junto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Comisión de Defensa de Derechos Humanos y Río Doce, a Jesús María. Encontramos una zona de guerra donde, como me confirmó el “Profe” Loza Ochoa, se violaron derechos humanos. Tanto la casa de Ovidio, como muchas otras de la comunidad, están tapizadas de agujeros de armas de grueso calibre y casquillos; hay decenas de vehículos artillados destruidos, restos de sangre por doquier y hasta granadas sin detonar en los patios. Incluso, todavía estaban ahí, tirados, dos cuerpos en proceso de descomposición y el sábado siguiente se descubrió otro más calcinado en un vehículo. El pueblo seguía incomunicado, sin acceso a servicios básicos como luz y agua y sitiado por los militares que se retiraron, entre aplausos de los habitantes, cuando periodistas y defensores llegaron. Ese mismo día, la CEDH emitió medidas cautelares por las condiciones de la comunidad contra el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Culiacán. Al siguiente día, 48 horas después, el gobierno organizó una “Caravana Humanitaria” que acudió al lugar a entregar apoyos y restablecer servicios.
Con la información que tenemos, las víctimas directas de la jornada violenta del 5 de enero del 2023 en Sinaloa son: 4 civiles heridos en Jesús María, entre ellos una mujer y un menor de 13 años cuyo padre acusa al ejército de la agresión y que ya está siendo atendido gratuitamente en el Hospital General de Culiacán; 10 militares caídos, entre ellos un coronel y una agente de la Guardia Nacional de 21 años; un agente de policía muerto y 17 heridos; 19 civiles muertos durante los enfrentamientos, al menos 35 heridos; 19 detenidos en el operativo cuyas identidades desconocemos; 250 despojos de sus vehículos (1 cada 3 minutos en promedio durante las doce horas que duró la crisis) y daños materiales todavía sin cuantificar. Este domingo, Isidoro, un adulto mayor de 81 años, murió tras ser baleado el sábado por la noche en su domicilio cuando sucedía un fuerte operativo de los tres órdenes de gobierno en la Colonia Hidalgo de Culiacán y en el que no hubo detenidos.
Otras víctimas “indirectas” son las empresas y sus empleados que perdieron 2 días de labores. El líder de los comerciantes del Centro de Culiacán, Óscar Sánchez, estimó en al menos 900 millones de pesos las afectaciones económicas en la ciudad. Además de la improductividad del jueves, también se registraron actos de vandalismo y rapiña en al menos 38 establecimientos, de los cuales 12 están en proceso de interponer la denuncia ante la Fiscalía del Estado, que informó de 26 personas detenidas por estos delitos.
También la prensa, que salió a la calle para documentar los hechos, resultó agredida: Artículo 19 documentó 4 despojos de automóviles, 3 de equipos de trabajo y al menos 6 amenazas a medios y reporteros. Nuestro reconocimiento y solidaridad con todo el gremio.
En suma, Sinaloa vivió el 5 de enero pasado una escalada de narcoterrorismo, violencia y miedo. Los saldos objetivos de muertos y heridos son, por mucho, superiores a los del Jueves Negro de 2019 y, además, esta vez tuvieron alcance regional. La psicosis circula todavía a través de audios en los chats de los sinaloenses, especialmente cuando el sol empieza a caer.
Sí, esta vez las fuerzas armadas detuvieron a Ovidio y cobraron la afrenta que dejó su liberación por orden presidencial durante el primer operativo fallido, demostrando así que tienen la capacidad cuando hay voluntad, pero a un costo doloroso. El operativo no fue quirúrgico sino una batalla. No hubo secuestro de militares ni evasión de presos, pero no sabemos, hasta ahora, de ningún detenido por los disturbios ni los despojos. De hecho, Ovidio Guzmán sería el único aprehendido hasta ahora relacionado con el primer Jueves Negro y no se le acusa por eso, de modo que ese fatídico día sigue en la impunidad absoluta.
El 5 de enero pasado la gran víctima fue Sinaloa. El estigma del narco se fortaleció y el miedo está de regreso. Perdimos todos: gobierno, ciudadanos, empresas, medios.
A pregunta expresa sobre la necesidad de algún ejercicio de autocrítica, Rocha Moya respondió que “ninguna”, pues el operativo era federal y había estado muy atento reaccionando e informando. Es cierto, se reconoce que las autoridades informaron con prontitud, pero la gravedad de los hechos obligaría a la reflexión para cuestionarnos cómo hacemos para que otro día así no se repita. Aún así, Rocha Moya insistió en que la estrategia de “la coordinación” seguirá igual.
La lección es, entonces, que aún cuando ciertos indicadores de seguridad mejoran, la paz de Sinaloa es sumamente frágil, y que será compleja y difícil de construir de manera sostenible. Para hacerlo, hay que reconocer primero que las circunstancias que posibilitan días de terror así no son otras, sino las mismas de antes: un mercado de drogas en el prohibicionismo y sin regular, un armamentismo clandestino abrumador que se expresó en Año Nuevo, una estrategia militarista de seguridad que alcanza para detener capos pero no para proteger a la sociedad, una policía civil aún insuficiente, una juventud sin alternativas de movilidad social y una impunidad sistémica.
Del primer Jueves Negro al segundo, Sinaloa cambió de partido en el poder, pero es el mismo estado. Ahora gobierna Morena, pero la “zona gris” que intersecta a sociedad, gobierno y crimen organizado desde hace décadas permanece intacta.