Un enfoque bioético sobre la legalización de la mariguana

Por: Jorge E. Linares Salgado (@jelinares)

En lo que sigue intentaré elaborar una argumentación mínima sobre por qué considero que la producción y consumo de mariguana, tanto para fines terapéuticos como para fines recreativos, puede ser plenamente descriminalizada y despenalizada, e incluso legalizada en nuestro país, dentro de un esquema de regulación estricta.

Fundamentos:

Las siguientes tesis se basan en información y datos de estudios neuroquímicos, farmacológicos, epidemiológicos, psicológicos, psiquiátricos, jurídicos y sociales del consumo de mariguana, compilados y analizados en el libro: de la Fuente, Juan Ramón et al., Marihuana y salud, FCE/UNAM/Acad. Nacional de Medicina, México, 2015; el cual, a su vez, se fundamenta en múltiples y actualizadas referencias científicas y en una amplia bibliografía.

1. Al respecto de los usos medicinales y terapéuticos de la mariguana existe actualmente consenso sobre su efectividad

Aunque faltan más estudios de largo alcance, los efectos reportados son de utilidad para tratar diversos trastornos y síntomas dolorosos que perjudican severamente la calidad de vida de muchas personas. al menos deben ser considerados como alternativas de tratamientos, sobre todo cuando los tratamientos convencionales son insuficientes o ineficaces.

Dicho consenso mundial debería implicar en México la plena despenalización y legalización del uso terapéutico de la mariguana, en diversas de sus presentaciones y también derivados (cigarrillos, cremas, geles, parches, aceites, soluciones ingeribles, etc.), bajo prescripción y supervisión médica, y con medidas regulatorias establecidas y autorizadas por la COFEPRIS.

El principio bioético en el que se fundamenta esta tesis es el beneficio terapéutico para los pacientes, así como la contribución a la mejora de su calidad de vida. Simultáneamente, por principio precautorio deben vigilarse y controlarse las dosis y aplicaciones terapéuticas de la marihuana, para no provocar efectos nocivos colaterales que superen a los beneficios terapéuticos.

2. El consumo de mariguana no representa actualmente un problema de salud pública en México

Por sus efectos biológicos y sociales comprobables, el consumo de mariguana no representa un problema de salud pública, como sí lo constituyen los niveles de consumo generalizado de alcohol o de tabaco en nuestra sociedad. No se puede afirmar, con bases científicas, que la mariguana está relacionada causalmente con riesgos de muerte, incremento de mortalidad, carga global de enfermedad, accidentes, conductas violentas o delictivas de alto peligro. En mediciones globales, el alcohol, la heroína y el crack son las drogas que más daños causan a los consumidores y a terceros, y que anteceden conductas delictivas. Entre las 20 sustancias psicoactivas más consumidas, la mariguana está en octavo lugar de riesgo.[1]

3. Es innegable que el consumo de mariguana implica riesgos para la salud

Pero éstos no son severos en la mayoría de los casos o altamente peligrosos para la sociedad, según los estudios actuales. Sin embargo, no se conoce con mayor precisión cuáles son los niveles de consumo de alta toxicidad que causan esos mayores riesgos para la salud.

4. El consumo de mariguana se basa en un derecho inalienable

Aunque es innegable que el consumo de mariguana tiene efectos dañinos y riesgos para la salud en diversos grados y que, por ende, puede afectar las relaciones y obligaciones de los individuos para con sus semejantes, el consumo de mariguana en una sociedad democrática se basa en un derecho inalienable de las personas adultas y competentes para tomar decisiones sobre su propia vida.

[contextly_sidebar id=”XKdM8cXArv0iZmWk4ic215AXinzvjQlg”]No disponemos de razones suficientes para castigar o criminalizar a los consumidores de mariguana, porque los riesgos que comporta a la salud dicho consumo -si bien pueden no ser menores- no implican directamente graves daños o afectaciones a la salud pública, como sí lo son el consumo de otras drogas.

Esta tesis se basa en el principio bioético de libertad autónoma y en la inevitable tolerancia que el Estado se ve obligado a practicar en una sociedad diversa y plural en la que los ciudadanos tienen el derecho de elegir sus propias formas de vida, incluso aquellas que les producen algún daño directo a sí mismos, puesto que el bienestar de cada uno es un asunto que podemos promover socialmente mediante las instituciones del Estado, pero no imponer. De lo contrario, se violenta la esencial libertad individual de la que debe gozar cualquier persona adulta, y se contraviene el principio básico que debe regir a una sociedad plural, en la que no puede existir un único modo legítimo de vivir impuesto por el Estado ni por ningún grupo social o moral, así sea mayoritario.

El filósofo británico John Stuart Mill formuló en On liberty [Sobre la libertad] (1859) los clásicos argumentos éticos sobre los límites que la sociedad y el Estado deberían respetar ante la libertad individual, pues consideraba que ésta es el mayor bien social y un fin en sí mismo. El principio básico que Mill establece es muy conocido: “Sobre sí mismo, sobre su cuerpo y su mente, el individuo es soberano”.

Dicho principio establece que el único fin por el que los hombres están legitimados, individual o colectivamente, para interferir en la libertad de acción de cualquiera de sus semejantes, es la propia defensa; la única razón legítima para usar de la fuerza contra un miembro de una comunidad civilizada, en contra de su voluntad, es la de impedirle perjudicar a otros; pero su propio bien, ya sea físico o moral, no es razón suficiente […] El único aspecto de la conducta por el que se puede responsabilizar a alguien frente a la sociedad es aquel que concierne a otros. En aquello que le concierne únicamente a él, su independencia es absoluta. Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y su propia mente, el individuo es soberano.[2]

Escolios de las Tesis 3 y Tesis 4

Farmacología[3]

• El consumo exógeno de delta 9-tetrahidrocannabinol (se suele abreviar como THC), principal sustancia psicoactiva de la mariguana, puede ser riesgoso en etapas críticas del neurodesarrollo (menores a 20 años), pero no para otras edades. Sin embargo, no se han determinado con mayor precisión cuáles son las dosis promedio que implican esos riesgos. Se sabe además que la concentración de THC varía en las más de 11 variedades de Cannabis sativa y que los métodos de cultivo y procesamiento de la mariguana pueden potenciar la concentración de THC. Por ello es difícil determinar las dosis promedio que resulte dañina para cualquier persona (como sí se ha logrado determinar cuáles son las dosis promedio de riesgo para alcohol y tabaco).
• Se conocen diversos efectos riesgosos a la salud por la ingesta o inhalación de los fitocannabinoides contenidos en la mariguana, que van de las alteraciones cognitivas (memoria, razonamiento y toma de decisiones), perceptuales y estados psicóticos pasajeros, así como riesgos de alteraciones en la química neuronal, funcionamiento hormonal, ritmo cardiaco, y daños al hígado, daños al producto en estado gestacional, o efectos negativos en el sistema inmune, etc. Pero no se conoce con precisión cuáles son los niveles de intoxicación que son realmente peligrosos, ni la frecuencia y cantidad de dosis que los pueden provocar, ni tampoco las causas de las variaciones entre las diversas respuestas orgánicas de los individuos. Hace falta todavía mucho mayor investigación longitudinal. Sin embargo, nunca se ha reportado una muerte directa por intoxicación de mariguana. Tampoco se han reportado daños fisiológicos severos por la abstinencia o retiro del uso de esta sustancia.
• Por tanto, aunque es claro que la administración exógena de fitocannabinoides (principalmente THC) implica riesgos a la salud, no existe evidencia científica suficiente para considerar a la mariguana como un producto altamente peligroso y que, por lo mismo, deba ser prohibido. A partir de la investigación científica rigurosa, debería ser obligación del Estado informar con objetividad, oportunidad y claridad sobre dichos riesgos, así como sobre los niveles de dosis que pueden provocar intoxicaciones riesgosas, en promedios generales y aproximados. Se impone un principio bioético de responsabilidad institucional y de honestidad en la información pública que se difunde por los medios oficiales o por los medios de comunicación masiva.
• Si se despenalizara o incluso se legalizara la producción y consumo de mariguana, es obvio que deberán regularse con precisión las concentraciones adecuadas de THC en las variedades de la Cannabis sativa que se autorice producir y distribuir, así como restringir el consumo en lugares públicos y prohibir el consumo cuando se conducen vehículos, se maneja maquinaria o se tengan que tomar decisiones de responsabilidad que implican o que afectan a otras personas. La determinación de niveles máximos de concentración de THC ayudaría a realizar mediciones y estudios más precisos, y a reducir los riesgos generales por el consumo intensivo, sobre la base de una información pública adecuada y oportuna.

Otros riesgos sanitarios

• Muchos estudios muestran mayor riesgo a la salud por afectaciones al neurodesarrollo de niños y jóvenes menores a 20 años por el consumo de mariguana.
• Se han reportado correlaciones entre el consumo de mariguana, incluso no intensivo, y trastornos psicóticos, así como una relación con el desarrollo de esquizofrenia en algunos sujetos.[4] Pero se presume que algunos de estos casos eran individuos con alguna predisposición genética o vulnerabilidad personal. En cualquier caso, es recomendable comunicar a la sociedad objetivamente que existe el riesgo de que el consumir mariguana provoque trastornos psicóticos y depresivos, aunque las condiciones son inciertas.

Riesgos sociales

• Los estudios científicos más recientes demuestran[5] que la mariguana no es en realidad, como se suele suponer, la principal “droga de entrada” al consumo de otras sustancias psicoactivas más fuertes y peligrosas. Se ubica en el 5º lugar de “drogas de entrada”,[6] mientras que el alcohol es la que ocupa el primer lugar, seguida del tabaco. Es decir, la mariguana no es la puerta de entrada a otras drogas ni a un consumo excesivo de ellas.
• Tampoco se ha podido determinar que la mariguana esté vinculada directamente con conductas violentas y delictivas.[7] Se debe establecer la cuantificación más precisa del THC en sangre para determinar cuáles son los límites para que una persona no se ponga en riesgo o ponga en riesgo a otros al conducir vehículos, máquinas y asumir responsabilidades sociales que requieren tomar decisiones, dado que no existe actualmente un consenso médico mundial sobre estas mediciones y medidas, aunque resultan pertinentes por su innegable beneficio social.

Epidemiología [8]

• Existe una variedad amplia de patrones de consumo individual de la mariguana, que obedecen a diversos factores sociales y contextuales; es decir, a razones culturales y a distintas motivaciones personales. Con base en la frecuencia de consumo, se han establecido medidas aproximadas de “consumo ligero” u ocasional, “consumo regular” o moderado por semana y “consumo intensivo” o diario (e incluso varias veces al día). No obstante, estas medidas no son suficientemente precisas. Se requiere mayor investigación longitudinal para establecer parámetros más adecuados, pero éstos seguirán siendo, de cualquier modo, generales y aproximativos con respecto a la frecuencia y cantidad de consumo por dosis personales.
• Entre los consumidores existen rasgos de comportamiento que se desarrollan por el o junto con el consumo de mariguana, y que se pueden catalogar como “uso problemático pero sin dependencia” y “problemático con dependencia”, según los criterios del DSM-V de la APA y del CIE10.[9] La correlación entre consumo de marihuana y problemas de interacción social implica que quienes se inician en el consumo a temprana edad, y que además tienen un nivel alto de consumo en promedio o una alta dosis diaria, están en mayor riesgo de manifestar problemas de comportamiento y desempeño social. No obstante, el concepto médico actual ya no es el de “dependencia” a la mariguana, sino “trastorno de consumo”.
• De acuerdo con los criterios médicos y psiquiátricos actuales, sólo requieren tratamiento médico, con ayuda farmacológica o no, los consumidores con problemas de “dependencia” a la mariguana. Por tanto, el lenguaje para referirse a los patrones de consumo debe cambiar. No es propio decir que hay consumidores “adictos” a la mariguana, ni que ésta sea una “droga de abuso”. Actualmente se prefieren términos más objetivos como “consumo de riesgo” o “consumo problemático” en el marco de “trastornos por uso de mariguana”. Es preciso enfatizar que no es posible demostrar que existe una dependencia orgánica (adicción) a las sustancias psicoactivas de la mariguana, como sí es evidente en tabaco, alcohol, cocaína o heroína, por ejemplo.
• Por tanto, es erróneo considerar que todo consumidor de mariguana tiene un problema de “adicción” y que, por ello, requiere ayuda médica. Los consumidores de mariguana no son enfermos en su gran mayoría. El principio bioético fundamental que debe aplicarse aquí es que, no sólo para que un tratamiento de rehabilitación sea efectivo, sino también por razones de uso racional de los recursos de atención a la salud, solamente requieren tratamiento los individuos que por sí mismos así lo decidan (bajo la regla del consentimiento informado), después de darse cuenta de los problemas sociales que enfrenten si su patrón de consumo es de riesgo. En ese caso, lo más recomendable es que no sean coaccionados por nadie, sino informados y convencidos para solicitar ayuda médica, psiquiátrica y farmacológica, si el caso lo amerita.

5. Criminalización y penalización

La criminalización y penalización del consumo de mariguana se han fundado en prejuicios y estigmas sociales que han discriminado y dañado a muchas personas, principalmente jóvenes consumidores, desde que existe la política de persecución criminal contra las drogas.

Pienso que, en el futuro, quizá en unas pocas décadas, los historiadores podrán señalar este periodo de “guerra contra las drogas” como una época de políticas que se basaron en prejuicios sociales y estigmas, falta de información y abusos de autoridad, y que por ello se cometieron violaciones intencionales a los derechos civiles de muchas personas, principalmente jóvenes. En el futuro próximo, quizá atestigüemos una creciente demanda social, incluso por medio legales y políticos, de una reparación y necesaria indemnización colectiva de los abusos que han cometido los Estados firmantes de la Convención Única sobre Estupefacientes de la ONU en 1961, así como de la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de la ONU de 1988, contra sus propios ciudadanos a los que debían informar correctamente y, en todo caso, ayudar, si es que el consumo de drogas había dañado su salud; pero que en cambio, decidieron perseguir y encarcelar sólo por ser consumidores de marihuana.

Escolios de la Tesis 5

Estigmatización social [10]

• Desde la década de los años 1960, y por efecto de la adopción de políticas de criminalización y persecución policial y judicial de la producción y consumo de mariguana, se ha generado una estigmatización social de los consumidores, por la cual una mayoría social considera a los “mariguanos” como personas degeneradas, no dignas de confianza, peligrosas y dispuestas a delinquir.
• Se ha formado un estigma social basado en el prejuicio y la ignorancia. Muchas personas siguen suponiendo, a partir de estas creencias alimentadas en el imaginario popular y los medios de comunicación, que el consumo de mariguana conduce o se asocia siempre con conductas antisociales y delictivas. Esto es un prejuicio. Nuestra sociedad tiene ahora la oportunidad (a partir de la nueva información científica disponible), de revisar y cuestionar estos y otros prejuicios discriminatorios. Se impone el deber bioético de una justicia retributiva o reparadora por los errores y excesos cometidos hasta ahora contra muchos ciudadanos consumidores de mariguana. El prejuicio se ha extendido por igual a todos los consumidores y no únicamente a aquellos que desarrollan un nivel de consumo alto con problemas sociales y relacionales.
• Merced a esta estigmatización y prejuicios sociales (reforzados por la educación formal y los medios de comunicación) se ha asimilado de manera acrítica (tanto en las leyes como la información pública oficial) a la mariguana con otras drogas psicoactivas de mucho mayor riesgo y efectos sociales negativos, como la heroína, el crack o las anfetaminas. Y no se ha planteado con rigor una política social de salud que ataque con eficacia los problemas del consumo intenso de mariguana, como sí se ha intentado, con relativo éxito, con el consumo de alcohol y tabaco. Y ello es un efecto más de la estigmatización social.
• Obviamente, el estatus ilegal de la mariguana, al considerarla -sin suficientes bases científicas‑ en el grupo 1 del art. 245 de la Ley General de Salud[11] como una más de las sustancias psicoactivas peligrosas, ha contribuido directamente a la estigmatización y marginación social del consumidor de mariguana.
• Es claro, de acuerdo con la información científica actual, que es igualmente discriminatorio y estigmatizante considerar a todo consumidor de mariguana como un “adicto” y creer que debe ser sometido a un tratamiento médico. También es contrario a los derechos fundamentales y al principio bioético del respeto a la autonomía medicalizar en extremo el consumo de mariguana. La mayoría de estos consumidores no requieren ni quieren ser sometidos a los tratamientos médicos, ni mucho menos ser tratados como enfermos. Esto es una violación flagrante a sus derechos básicos de privacidad, de consentimiento informado y de decisión autónoma.
• Ahora bien, la estigmatización y la condena a la ilegalidad son factores que han orillado a muchos consumidores, especialmente jóvenes, a relacionarse con grupos criminales (los distribuidores y vendedores) y en algunas ocasiones a cometer delitos. En esos casos, deben ser juzgados y castigados, si son encontrados culpables, por esos delitos, pero no por consumir mariguana.
• En suma, la estigmatización y discriminación social del consumo de mariguana ha impedido una adecuada investigación científico-médica, así como una pertinente y oportuna identificación de conductas problemáticas por un consumo de riesgo. Necesitamos, por tanto, establecer los parámetros de esos patrones de consumo de riesgo, así como identificar cuáles son las concentraciones adecuadas de THC y/o frecuencias de dosis, para poder delimitar -por consiguiente‑ cuáles son los límites de consumo de menor riesgo.

6. Conductas problemáticas

Las personas que desarrollen conductas problemáticas por un alto o intensivo consumo de mariguana tienen el derecho de recibir tratamiento médico y psicológico, de manera voluntaria y sin coacción, pero también tienen la responsabilidad, una vez que el tratamiento sea efectivo, de compensar de algún modo los costos de los tratamientos en el sistema público, o bien de retribuir a la sociedad con algún tipo de servicio comunitario.

7. Conductas delictivas

Es posible plantear como hipótesis, que puede y debe ser corroborada, que si se despenalizara y/o legalizara la producción controlada y el consumo de mariguana, éste se vincularía menos con otras conductas delictivas y evitaría que los consumidores desearan probar, por ya no estar en contacto con ese mercado negro, otras drogas psicoactivas de mucho mayor riesgo.

Por otro lado, al respecto de la preocupación de que las actuales organizaciones criminales que controlan en México la producción, distribución y venta de la mariguana se introducirían a un mercado legalizado, es factible establecer normas jurídicas para evitarlo, supervisando que los nuevos productores y distribuidores de mariguana, estrictamente controlados, no tengan esos antecedentes o acusaciones de haber cometido esos delitos.

Si la mariguana entrara en un circuito de producción legal bien regulado (mejor que lo que están el alcohol y el tabaco), quizá en un modelo de clubes sociales de autoproducción regulada y supervisada, y no para venta lucrativa (como el alcohol y el tabaco), es factible pensar que ello desmantelará poco a poco el estigma social que pesa sobre los consumidores y que éstos podrán asumir un consumo responsable sin tener inclinaciones a cometer delitos o actos clandestinos y antisociales.

En cambio, al mantener la política de criminalización y estigmatización sobre sus consumidores, no se ha conseguido el objetivo de disminuir considerablemente ni mucho menos erradicar el consumo de mariguana, y sí se ha contribuido a dejarle al crimen organizado el control total de este mercado negro, puesto que las necesidades y factores sociales de la demanda de marihuana no cesarán, nos guste o no. Como todos sabemos, el poder de corrupción y violencia sistemática del crimen organizado sí es una verdadera amenaza contra el Estado, las instituciones y la sociedad de nuestro país.

8. Consumo despenalizado, producción sancionada

Resulta una contradicción que se despenalice paulatinamente el consumo de mariguana (pero con una escala de dosis de portación legal, 5gr., imposible de manejar con precisión), pero se mantenga el estatus ilegal de la producción, distribución y venta. Merced a esta contradicción existe una barrera muy tenue entre portar mariguana para consumo personal y portar para distribuir o vender (que son delitos graves), lo que queda al criterio de la autoridad judicial. En los hechos, los consumidores siguen siendo criminalizados y la mayoría de los presos por “tráfico de drogas” pueden ser consumidores minoritarios de marihuana, generalmente personas que no eran en realidad “traficantes”.

9. Legislación soberana

México puede retirarse de las convenciones internacionales sobre estupefacientes que marcan la política mundial de criminalización y penalización de la mariguana, para elaborar soberanamente su propia legislación en cuanto a su producción y consumo, por todas las razones antes expuestas. Nuestro país tiene la oportunidad histórica de transformar su propio marco legal con una orientación enfocada en la defensa y protección de derechos humanos y de libertades civiles, para dejar atrás el modelo prohibicionista y punitivo.

10. Producción legalizada

La posible legalización de la producción, distribución y consumo de mariguana (p.ej. autoproducción en clubes sociales registrados y supervisados), tanto para usos recreativos como terapéuticos, puede ser gradual en un proceso ordenado y regulado por el Estado. Es necesario además identificar con mayor precisión niveles y patrones de consumo de riesgo, usos y contextos sociales, así como cantidades máximas indicativas para que los individuos pueden mantener un consumo adecuado, por encima de las cuales, sepan que se exponen a mayores riesgos y efectos perniciosos. para ello se requiere mayor y mejor investigación interdisciplinaria y longitudinal en nuestro país.

11. Criminalización

Las motivaciones y contextos personales y sociales que disparan o que contribuyen como factores desencadenantes del consumo problemático de drogas psicoactivas como la mariguana, no se pueden contrarrestar con una política de criminalización y persecución policial. Esa política de la “lucha contra las drogas” ha fracasado.

Es justo que de una vez lo reconozcamos todos. Eso no implica que el Estado debe claudicar en el combate a los grupos del crimen organizado que controlan el mercado ilegal de las drogas psicoactivas, especialmente la mariguana. Lo que implica es que la situación puede comenzar a cambiar legalizando el uso y producción de la mariguana, con lo cual se puede arrebatar al crimen organizado una parte significativa de ese mercado negro, para convertirlo en un sistema legal y bien regulado del uso de la mariguana.

12. Información veraz

Por todo lo anterior, el Estado mexicano tienen la obligación de advertir con rigor y veracidad al público sobre los riesgos a la salud por el consumo de mariguana, con base en las evidencias científicas actuales, pero no posee razones suficientes para perseguir criminalmente a sus consumidores ni para prohibir legalmente todo tipo de producción y distribución de la mariguana, tanto para usos terapéuticos como para fines recreativos.

 

* Jorge E. Linares Salgado es director del Programa Universitario de Bioética de la UNAM (@bioeticaunam)

 

 

[1] Véase J. R. de la Fuente et al., Marihuana y salud, cap. VII, 227-248.

[2] J. S. Mill, Sobre la libertad, Akal, Madrid, 2014, p. 58.

[3] J.R. de la Fuente et al., Marihuana y salud, cap. I, 29-74.

[4] Ibíd., p. 145-170.

[5] Ibíd., p. 208-220.

[6] Ibíd., p. 208-219.

[7] Ibíd., p. 227-242.

[8] Ibíd., cap. III, 79-104.

[9] Para ser considerado un consumidor con problemas de dependencia se requiere que durante 12 meses el sujeto manifieste 3 o más de estas conductas: tolerancia a la sustancia y ‑por tanto‑ incremento continuo del consumo, deseo compulsivo y ansioso de consumir, signos de abstinencia al suspender el consumo, intentos de dejar de consumir o reducir significativamente el consumo sin éxito, emplear demasiado tiempo (y dinero) en conseguir la sustancia y más tiempo en recuperarse de sus efectos, abandono progresivo de otras fuentes de disfrute y placer, reducción o abandono de actividades importantes de la vida diaria, Ibíd., p. 80 y p. 128. Los rasgos más graves son los últimos dos. Pero los consumidores de mariguana no tienen signos graves de abstinencia, según los estudios, por lo que no podemos considerarlos “adictos” en sentido estricto. Se estima que no más del 9 al 10% de consumidores caen en una situación de consumo de riesgo o problemático.

[10] Marihuana y salud, p. 262-269.

[11] Ley General de Salud, art. 245. El tetrahidrocannabinol y sus variantes están clasificados dentro del grupo I de drogas: “aquellas que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que son susceptibles de uso indebido o a un problema especialmente grave de salud pública”. Esta definición carece totalmente de bases científicas en la actualidad. Es urgente reformar dicha ley para actualizarla.