Las reformas que ¿transformarán a México?

Por: Mara Hernández (@maraihdez)

Quitarle al sindicato de maestros el control sobre la política educativa del país para elevar la calidad de la educación; darle al estado mexicano la capacidad de romper y regular a los grandes monopolios como Telcel, Telmex y Televisa; quitarle a los gobernadores el control sobre los procesos electorales de sus estados; generar mecanismos como la reelección o la consulta popular para que los ciudadanos tengamos más poder de incidir en la política, o avanzar en la modernización del país con reformas estructurales de gran calado. Estos son sólo algunos de los logros que se le atribuyen al Pacto por México y, aún así, su popularidad anda por los suelos. ¿Por qué?

Llevamos 16 años criticando a nuestro Congreso por su incapacidad de construir acuerdos que atiendan los problemas de la población. La llamada “tesis de la parálisis” se instaló en el círculo rojo que nos repetía incansablemente que nuestros legisladores nunca se iban a poner de acuerdo porque el partido en el poder no tenía la mayoría en las Cámaras y a la oposición lo que le convenía era justamente la parálisis para así ganar votos en la siguiente elección.

En 2008, María Amparo Cazar sostenía que “la dificultad de formar coaliciones ganadoras (…) ha hecho que la condición de gobierno dividido aparezca como un escenario caracterizado por (…) cierta tendencia a la parálisis en la aprobación de las reformas indispensables para la modernización del país”.

Quienes sostuvieron esta tesis ignoraron los acuerdos que durante de las dos anteriores legislaturas transformaron nuestro sistema constitucional, como la reforma penal de 2008 o la reforma en materia de derechos humanos del 2011. Estos acuerdos se han construido con el consenso de las tres principales fuerzas políticas y los más transcendentales incluyeron intensos procesos deliberativos con la participación activa de la sociedad civil, como documentamos varios colegas bajo la coordinación del Centro de Colaboración Cívica en 2009 (ver Un Congreso sin Mayorías: Mejores Prácticas en Negociación y Construcción de Acuerdos) y luego en 2011 (La Sociedad Civil Organizada en un Congreso sin Mayorías).

Tuvieron que pasar cinco años más para que Casar y otros miembros connotados del círculo rojo revisaran seriamente esta hipótesis (nunca probada empíricamente) de la parálisis legislativa como algo que teníamos que erradicar con nuevas reglas del juego como las que este mismo circulo rojo proponía. En efecto, como nos revelan Casar y Marván (Reformar Sin Mayorías, 2014) en su más reciente publicación, entre 1982 y 1997 se reformaron 175 artículos de la Constitución vía 39 decretos, mientras que, entre 1997 y 2012 –la era de los gobierno divididos– se reformaron 163 artículos con 69 decretos. En este mismo texto, Casar y Marván calculan el tiempo promedio de aprobación de las iniciativas presidenciales y concluyen que el argumento de la parálisis tampoco se sostiene bajo este otro parámetro.

Hoy el Pacto por México ha permitido aprobar otro conjunto de reformas sobre temas que se contaban siempre dentro de los estancados por la parálisis legislativa, además de que lo ha hecho en tiempo récord y con el apoyo (salvo la energética) de las tres principales fuerzas políticas.

El círculo rojo aplaude insistentemente. Sin embargo, la ciudadanía se siente cada día más lejos de una élite política que está haciendo lo que durante tantos años se le exigió: generar acuerdos. ¿Por qué?

Muy simple: los partidos políticos son las instituciones que menor confianza generan entre los ciudadanos, pero se creyeron la tesis de que lo único que faltaba era que se pusieran de acuerdo y aprobaran las reformas que el círculo rojo recomendaba.

[contextly_sidebar id=”912120a0e34041b3894263b6e12184ee”]Nada más falso. Desde 2009, los colegas que hemos venido documentando la construcción de acuerdos hemos insistido en la necesidad de analizar los procesos de construcción de acuerdos bajo dos lentes: la efectividad de las negociaciones y la calidad de los procesos deliberativos que las sustentan. Las reformas del pacto son producto de una muy efectiva negociación al interior de cúpula partidista, pero carecen de legitimidad democrática por la pobreza (casi inexistencia diría yo) de la deliberación pública que las ha sustentado. Los procesos deliberativos de calidad requieren de un intercambio constructivo de ideas entre una pluralidad de actores y de cara a la sociedad. No hay legitimidad democrática sin deliberación de calidad. Nada de esto ha sucedido a la sombra del Pacto y eso es justamente lo que el ciudadano de a pie está resintiendo. Las organizaciones civiles no representan a la ciudadanía en sentido formal, pues no han sido elegidas por ésta, pero sí enriquecen el debate público y enarbolan causas con las que los ciudadanos se identifican, por lo que frecuentemente se convierten en voceros más confiables que los partidos.

En síntesis, el Pacto por México tiene un pecado de origen del cual no parece sentir ni culpa ni voluntad de enmienda: deliberaciones pobres y excluyentes de sociedad civil no partidista. De ahí sus déficits de legitimidad. Pero el problema de legitimidad compromete no sólo la popularidad de las reformas, sino también su calidad. Es en la discusión pública en donde la solidez técnica de una reforma se pone a prueba. Como sostienen Casar y Marván, el consenso no necesariamente hace mejor una reforma, pero una reforma que no se ha sometido en detalle a la discusión pública no será más –ni mejor- que una ocurrencia del redactor en turno, incluso si este redactor se dejó aconsejar en voz baja por los más brillantes miembros de nuestro círculo rojo.

Celebremos la emergente cultura política de negociación para la construcción de acuerdos, como Casar y Marván, pero con ojo crítico hacia los déficits de legitimidad democrática que deja la ausencia de deliberación pública, pues sólo transformarán a México las reformas que –además de generar acuerdos cupulares interpartidistas— se sustenten en procesos deliberativos de calidad y con la participación plural de la sociedad civil. Ahora que se están discutiendo el montón de reformas a la legislación secundaria, a muchos preocupa el retraso en su aprobación; debiera preocuparnos mucho más la falta de tiempo para deliberarlas seriamente.

* Mara Hernández es especialista en Negociación y Democracia. Se doctoró en el Massatchussets Institute of Technology (MIT). Certificada en Mediación por el Programa de Mediación de Harvard. Maestra en Administración Pública por Harvard.