Las plantas criminales que movilizaron al Ejército en el Periférico

Por: Alonso Rodríguez Eternod

El 26 de septiembre de 2018, una llamada “dio aviso” a las autoridades del Estado de México sobre la existencia de plantas que aparentaban ser cannabis en el Periférico (a la altura de Naucalpan). En el transcurso de algunas horas, personal de la Fiscalía General de Justicia de dicho estado se presentó en el lugar, en conjunto con policías municipales. Una vez que confirmaron que las plantas de apariencia sospechosa eran cannabis, se dio aviso a la Base de Operaciones Mixtas, la cual alberga a personal de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y a policías estatales. En pocas horas, dos patrullas de la policía militar de la SEDENA se encontraban en el Periférico removiendo las plantas. Posteriormente, el mismo personal de la SEDENA transportó las plantas al Ministerio Público.

Este pequeño, e incluso divertido, incidente permite visibilizar las consecuencias que ha tenido la guerra contra las drogas en México. Si bien el incidente es divertido, las consecuencias no. Gracias a la guerra contra las drogas, hoy México es menos país que hace 12 años. En las siguientes líneas, identifico seis consecuencias de la guerra contra las drogas que quedan en evidencia con el ejemplo de las plantas de cannabis en el Periférico.

La primera consecuencia es la alteración de la política criminal del Estado Mexicano. El caso nos muestra cómo la guerra contra las drogas modificó las prioridades en materia de política criminal del gobierno. Lo anterior se observa en la inmediata reacción de las autoridades: en menos de doce horas, se presentaron en el lugar personal de la Fiscalía, policías estatales, municipales, e incluso la policía militar (adscrita a la SEDENA). Esto es particularmente interesante si tomamos en cuenta las tres horas y media que toma, en promedio, presentar una denuncia en el Estado de México. Es decir, el Estado mexicano reaccionó ―en contra de unas plantas de cannabis― con una eficiencia desconocida para la mayoría de sus ciudadanos.

La segunda consecuencia es el desvío de los recursos humanos y financieros de las instituciones encargadas de la persecución de delito. Volvamos al caso, fue necesario enviar al escaso personal de la Fiscalía del Estado de México (la misma que tiene, en promedio, 330 asuntos de investigación por ministerio público) a revisar las jardineras del camellón central del Periférico, para ver si eran o no plantas de cannabis. Después, se enviaron dos patrullas de la policía militar a remover las plantitas y llevarlas a una oficina del Ministerio Público. Los recursos mencionados previamente pudieron haber sido mejor utilizados en la resolución de delitos con un mayor impacto social, como homicidios, secuestros, desapariciones, entre otros. Sin embargo, a partir de la guerra contra las drogas, unas plantitas de cannabis se convierten en la prioridad del personal dedicado a la seguridad y la justicia.

La tercera consecuencia es la militarización de la seguridad pública. La reacción de los gobiernos ―federal, estatal y municipal― ante dos plantas de cannabis nos muestra el estado de excepción en el que hemos vivido los mexicanos durante más de 12 años. Es así que, en pleno siglo XXI, no fue una autoridad civil la encargada de cortar dichas plantas, sino que fue necesario que dos patrullas de la policía militar se trasladaran al Periférico para cortarlas. Esto es propio de un país que en los últimos doce años ha visto como las labores del ejército se incrementan sustancialmente a costa del debilitamiento de las autoridades civiles.

La cuarta consecuencia es la criminalización de las drogas psicoactivas y de sus usuarios. Que al lugar donde se sembraron las plantas se presentaran la institución encargada de proteger a la nación ante amenazas de seguridad nacional (el ejército) y la institución encargada de dirigir la política penal del estado (la Fiscalía), nos muestra un Estado cuya primera respuesta a las drogas no es la salud, sino la fuerza, las armas y el castigo.

La quinta consecuencia es la nacionalización de la política criminal. Algunas de las víctimas de la guerra contra las drogas son los estados y los municipios. Debido a esta guerra, los recursos de las fiscalías y de las policías estatales se han dedicado a perseguir usuarios y pequeños vendedores; en lugar de tener la capacidad de definir sus propias prioridades y así poder atender aquellos delitos que causan un daño social dentro de sus comunidades.

La sexta consecuencia es el cambio en el estigma asociado a las drogas. Es cierto que el estigma existía desde antes de la guerra contra las drogas, pero la diferencia es que ahora, cuando hablamos de drogas, hablamos de violencia, corrupción, capos y masacres. La guerra contra las drogas ha modificado a tal grado nuestra percepción del problema que cuando hablamos de drogas hablamos de todo menos de drogas. Por ejemplo, las plantas sembradas en el Periférico no fueron encontradas por profundas labores de investigación de la Fiscalía del Estado de México; al contrario, fueron reportadas por personas que consideraron que unas plantas en el camellón central del Periférico eran motivo suficiente para detener su día, llamar al 911, esperar algunos minutos para que les contestaran y reportar la existencia de unas plantitas sospechosas.

Estas seis consecuencias de la guerra contra las drogas nos afectan —si bien en distinta magnitud— a todos (mexicanos y extranjeros; norteños y sureños; provincianos y citadinos). Estas seis consecuencias (la alteración de la política criminal; el desvió de recursos humanos y financieros; la militarización de la seguridad pública; la criminalización de los usuarios; la nacionalización de la política criminal; la estigmatización de las drogas y sus usuarios) muestran algunos de los costos que día con día pagamos los mexicanos por una guerra fatua.

Así, dos plantitas de cannabis (¡sí, solo dos!) en el Periférico desnudaron de cuerpo entero las profundas transformaciones que ha tenido la política de drogas en este país, incluyendo las políticas de seguridad pública, de seguridad nacional y de procuración e impartición de justicia. Ya es momento de aceptar que la solución a la proliferación de plantas de marihuana en el Periférico —y en todo el país—, no es el ejército, sino un jardinero.

* Alonso Rodríguez Eternod es investigador junior en el Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Región Centro.