Las otras víctimas de la desaparición forzada

El 30 de agosto fue declarado el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada; tal vez podríamos destinar las siguientes líneas a explicar definiciones, estadísticas o el modo de control a través del miedo que se ejerce a la sociedad civil en general y a la población en movilidad en particular. Para Sin Fronteras es importante visibilizar que en una desaparición no sólo hay una víctima -a la cual se le violentan sus derechos a la libertad, al libre tránsito y se pone en riesgo el principal derecho que es a la vida, como se contempla en el imaginario colectivo- sino que existen víctimas, como en el caso de las familias, los hijos, las madres, los amigos, los compañeros de trabajo, la comunidad y la sociedad en general, que pasan no sólo un día buscando, ni una semana, ni un mes, ni un año, más bien buscan hasta el último día de sus vidas, les roban el sueño y la propia vida, no vuelven a tener un día de paz.

La desaparición forzada no es un caso especifico de México, pero el país ocupa el segundo lugar a nivel mundial y los estados donde esta práctica es más común es justo en los estados en los que nuestros hermanos migrantes optan por rutas para llegar al destino de asentamiento, como Chiapas, Estado de México, Veracruz, y Tamaulipas.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, al 30 de agosto 2022 se reportan más de 100 mil personas desaparecidas en México -más de un estadio azteca- de las cuales se desconoce su paradero. Entre los que se registra mayor número son hombres y adolescentes no acompañados, sin sumar las desapariciones de las familias de centroamericanos (salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, guatemaltecos entre otras) que han desaparecido mientras transitaban en el territorio mexicano; desapariciones forzadas bajo este clima de violencia, impunidad e indiferencia. Las familias y la sociedad civil organizada son las que ha puesto mayor esfuerzo en tratar de buscar posibles soluciones para encontrar a sus desaparecidos, nuestros desaparecidos. En ocasiones las familias llevan más detalladas las líneas de investigación que las autoridades, pero se encuentran con las inseguridades, frenos constantes por parte de éstas, falta de información, cierres de carpetas de investigación, entre muchos otros obstáculos, debido a que la desaparición forzada la perpetúa en la mayoría de los casos personas como funcionarios públicos, grupos del crimen organizado o personas que actúan con consentimiento del Estado, lo que pone a las organizaciones civiles y familiares en un estado de mayo riesgo y mayor vulnerabilidad emocional y social .

La suma de esfuerzos es necesaria por parte del gobierno mexicano, los consulados, las embajadas y la sociedad civil, para poder brindar acompañamientos a las víctimas invisibles, como es el caso de las familias, para que puedan acceder a la información sobre los resultados de las búsquedas e investigaciones, para que puedan conocer sobre las localizaciones en vida o muerte de la persona que buscan, brindar un acompañamiento psicosocial durante el proceso, brindar la información clara y precisa sobre cómo se ha llevado la línea de investigación y los resultados, datos sobre las localizaciones, al mismo tiempo de devolver la responsabilidad al Estado para garantizar seguridad y garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de todas las personas en condición de movilidad humana que se encuentren en territorio nacional. Y para cumplir con este objetivo es importante capacitar a todos los funcionarios de los diversos niveles de gobierno con herramientas de atención psicosocial para evitar la revictimización y lograr un trato digno a todas las personas que transitan por México. El Estado requiere trabajar en temas de prevención y trabajo comunitario para ayudar a combatir la violencia estructural y de esta forma, evitar o disminuir las desapariciones forzadas de este tipo de poblaciones en movilidad humana.

* Morayma Pacheco es encargada del Centro de Día de Sin Fronteras (@Sinfronteras_1).