blogeditor · 12 de mayo de 2015
El pasado dos de mayo, The Economist publicó el artículo México y sus ONGs, que ofrece una visión del trabajo que realizan un grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) que van más allá de la protesta o de las acciones asistenciales y pretenden con sus propuestas, fundadas técnicamente, influir en el diseño y aplicación de las políticas públicas.
Estas organizaciones están integradas por gente especializada en las causas que promueven y están formadas en las mejores universidades de México y también del extranjero. Para estas organizaciones no ha sido fácil labrarse un espacio propio en una sociedad en la cual “durante gran parte del siglo XX, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Sr. Peña, cooptó a la sociedad civil”.
El artículo señala que en 1985, ante la mala reacción que tuvo el gobierno frente a los terremotos de ese año, se “produjo un aumento del activismo de base” y en la década de los ochenta “grupos de la sociedad civil ganaron mayor prominencia por luchar contra el fraude durante las elecciones en los años 1980 y 1990, hasta que el PRI finalmente perdió el poder en el año 2000…”, después de 80 años de haber estado de manera ininterrumpida en el poder presidencial.
Se afirma en el texto que después de un período de calma, el número de las OSCs “creció de nuevo a causa de los problemas de seguridad interna de México a finales de los 2000” y añade que “algunas, con el apoyo de grupos empresariales mexicanos, se convirtieron en herramientas eficaces para lograr que el gobierno hiciera frente a la violencia relacionada con las drogas en ciudades como Juárez y Monterrey”.
Algunas OSCs ligadas a las bases critican de tecnocráticas a estas nuevas organizaciones, pero es evidente que ellas tienen cada vez mayor presencia a nivel nacional, pero sobre todo mayor influencia en el aparato público. Éstas no sólo contribuyen al diseño de nuevas y mejores leyes sino que también dan seguimiento al cumplimiento de las mismas a través de “observatorios ciudadanos”.
[contextly_sidebar id=”WVX5HI79tDQo3qC0rAm3BtogOkpy6CUO”]El artículo cita como ejemplo de estas nuevas expresiones de la sociedad civil organizada al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), a Transparencia Mexicana y a Mexicanos Primero. De las dos primeras señala la creación de la “plataforma llamada Tres de Tres, que invita a los candidatos en las elecciones legislativas del 7 de junio a ir más allá de los requisitos legales y hacer públicos sus activos, patrimonio y la prueba del pago de impuestos”.
Estoy convencido que el actor social fundamental del siglo XXI es la sociedad civil organizada y que el tipo de OSCs a las que hace referencia el artículo pueden influir más, ya lo están haciendo, para que cambie la política pública, que las organizaciones tradicionales o los movimientos sociales que centran sus esfuerzos en la toma de calles, plazas o carreteras. Su efecto mediático es notorio, pero su influencia en el cambio de la política pública es nulo.