Las mujeres a consulta: el patriarcado de Pilatos

Ante la histórica decisión del legislativo argentino de legalizar el aborto, el titular del Poder Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, ha sugerido una consulta popular: preguntar a las mujeres qué quieren. Algunas comentaristas feministas y morenistas han callado, otros, como Zepeda Patterson, han elogiado la ocurrencia presidencial aduciendo su sensatez y pertinencia al “no imponer una decisión de la autoridad o una manera de pensar simplemente porque se detenta el poder”. Vaya cosa.

Hay que desgranar las implicaciones de esta idea, tan peregrina como dolosamente ignorante.

Participar en las consultas populares en nuestro país, lo dice el artículo 35 de la Constitución, es una prerrogativa ciudadana, es decir, hay que ser mexicana(o) y tener más de 18 años de edad para acudir a las urnas y votar. Además, la Constitución prohíbe expresamente -en el mismo artículo- que se realicen consultas populares que restrinjan derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales de los que México sea parte o que acoten las garantías para protegerlos.

¿Qué significa entonces la ocurrencia presidencial de consultar a las mujeres sobre el aborto? En primer lugar, renunciar al Estado como un instrumento civilizatorio, como una herramienta de la que disponen las sociedades democráticas para hacer avanzar libertades y derechos. Lo que hizo Argentina -consulte el ejemplar discurso de la senadora católica Gladys González al aprobar la Ley pro aborto- fue justamente afirmar y reconocer la obligación del Estado de tomar decisiones que amplíen el espectro de derechos, independientemente de las creencias de los gobernantes.

Piense usted, lectora, lector, presidente, ¿qué hubiera pasado si en 1953 en vez de aprobar el derecho al voto de las mujeres se hubiera sometido a una consulta popular? ¿Qué pasaría si a alguien se le ocurriera someter a consulta la posibilidad de una pareja del mismo sexo de adoptar niños(as) o de contraer matrimonio?

Hay que decirlo con claridad: consultar al pueblo sabio se ha convertido en una manera de no ejercer la potestad del Estado para robustecer las libertades y derechos propios de un régimen democrático. Y eso debilita no sólo las libertades y derechos sino al Estado que debe protegerlos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde 2008 y en distintas ocasiones, ha dado pasos muy importantes en la defensa de los derechos de las mujeres para practicar el aborto en la legalidad y en condiciones médicas adecuadas. Los tratados internacionales de los que México forma parte y que son reconocidos en el artículo 1º. de nuestra Constitución siguen la misma ruta. ¿Por qué deshacer lo andado con una consulta, por qué ignorarlo como base para un debate legislativo que legalice el aborto en todo el país?

Pero hay más. La idea de la consulta lleva el peor de los venenos en su seno: se renuncia a reconocer en las mujeres a titulares de derechos fundamentales e inviolables. Porque si se entiende que las mujeres tienen derechos sobre sus cuerpos, entonces, como los dice nuestra Constitución, no es posible hacer una consulta que pueda restringirlos o menoscabarlos.

No, las consultas populares no deben servir para que el poder público deje de cumplir con su finalidad democrática de robustecer derechos y libertades. No podemos lavarnos las manos consultando al pueblo sabio, patriarcal Pilatos.

* Sergio López Menéndez es investigador en Controla Tu Gobierno, A.C. (@ControlaTuGob).