Las mejoras policiales existen, pero no existen

Una de los motores discursivos más potentes de la militarización de la seguridad pública en México es la aceptación generalizada de que las instituciones policiales no están en capacidad de construir la seguridad ciudadana. Es perfectamente comprensible; el desprestigio policial ha sido construido a pulso por el sistema político y por las propias instituciones policiales. Hablar de la mejora policial es una causa perdida para la gran mayoría. En 1990, a inicios de mis labores a favor de la reconciliación entre la policía y la sociedad, una brillante académica de El Colmex, cuando me escuchó proponer modelos de policía comunitaria me recomendó no perder mi tiempo.

Muchos años después, un entrañable amigo, de la nada, me espetó: “¿qué se siente dedicarse a algo que cada día está peor? La pregunta me ha acompañado en múltiples formatos por más de tres décadas; por igual personas cercanas y lejanas me han hecho saber una y mil veces que no creen que haya nada que hacer, si de mejora policial hablamos. Eso sí, muchas veces, además de aventarme su pérdida de esperanza, suelen agregar el infaltable “échale ganas” (implicando esto, por cierto, un intensivo y permanente entrenamiento en el manejo de la frustración).

Es necesario entender que la crisis crónica de la policía es, primero que nada, una construcción política e histórica. El poder público ha hecho y dejado de hacer lo necesario para que la policía y la sociedad se relacionen generalmente en un plano de desconfianza recíproca, al punto de normalizar la fractura. Es un sinsentido, al menos con respecto al discurso formal que fundó a la policía moderna en democracia, siendo que ella depende principalmente para poder cumplir su mandato de la confianza y el apoyo social. Pero si lo vemos desde otros ángulos, el código político que fundó y consolidó a la policía hizo de ella una correa de control social, manipulable para beneficios de élites públicas y privadas, haciendo imposible su profesionalización y dejándola así muchas veces a merced de la captura a manos de tejidos de grupos delictivos.

Creado por ley en 1995, el Sistema Nacional de Seguridad Pública no ha logrado lo que el sistema político no ha respaldado: la profesionalización policial progresiva, estandarizada e irreversible en el país. Y la válvula de escape ha sido la militarización de la seguridad pública, por cierto intensificada justo cuando se incluyó en la Constitución el perfil civil de las instituciones responsables de aquella. Debo insistir: la crisis policial crónica es una obra largamente construida por gobiernos de todos los colores y de los órdenes federal, estatal y municipal.

Así que cuando ha sucedido o sucede lo contrario, es decir, cuando llega la mejora policial, nadie o casi nadie lo cree. Parece una disonancia cognitiva, de manera que el marco de referencia generalmente aceptado hace imposible procesar la buena noticia. Por ejemplo, cuando informo que hay lugares donde la policía estatal y la municipal merecen desde el 60 y hasta el 90 por ciento de percepción de efectividad, parece como si estuviera hablando de otro planeta, cuando en realidad solo estoy citando los estudios del INEGI.

Hace unos días en un evento una brillante defensora de los derechos humanos, especialmente comprometida con la desmilitarización de la seguridad pública, afirmó que la policía no puede darnos seguridad. Así, sin matices. Respondí que ese discurso es justo el que se usa para legitimar el embate militar.

Quienes conocen mi trayectoria saben que siempre he sido crítico de la policía, pero también propositivo; entre mis propuestas principales está la creación de entidades externas de supervisión policial que vigilen y comprueben si la policía mejora o no. Mi postura es muy clara: no valido mejora policial alguna sin conocer los métodos de evaluación de soporte.

Ya sabemos, por todas partes hay quienes desde el poder público jamás harán mayor cosa a favor de la mejora policial; pero hay quienes sí y se topan con la imposible credibilidad que el propio Estado creó. Así las cosas, las mejoras policiales que pueden estar ahí o que de hecho han sido comprobadas en terrenos locales, se topan con pared en un contexto nacional que no las ve.

Un aparador de buenas prácticas policiales, debía ser el Sistema Nacional de Seguridad Pública. No no habiéndose logrado, entonces las mejoras policiales locales, en ciernes o documentadas y evaluadas, existen, pero no existen.

@ErnestoLPV