blogeditor · 16 de julio de 2015
Por: Gerardo Franco Parrillat, representante en México de Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.
Es un hecho que la actividad agrícola resulta lamentablemente un ancla para la pobreza que impera en el medio rural, pues hay prácticamente una coincidencia entre las Unidades Económicas Rurales (UER) en situación de minifundio (70 por ciento del total de 5 millones 325 mil UER, que tienen cinco hectáreas o menos) y la condición de pobreza. Y esto tiene que ver mucho con las políticas públicas que durante muchos años han desdeñado las capacidades productivas de la agricultura campesina.
Por ello, y en un marco donde tienden a crecer los ingresos rurales provenientes de conceptos diferentes al agro (como trabajo subordinado o independiente no agrícola, remesas, transferencias gubernamentales y otros), surge el desafío de impulsar emprendimientos de micro y pequeña escala, en áreas económicas ajenas al sector agropecuario o en eslabones avanzados de las cadenas del agro. El objetivo: reducir los índices de pobreza.
El reto es importante, pues 64.8 por ciento de la población rural obtiene ingresos inferiores a la línea de bienestar (en comparación con el 43.7 por ciento el medio urbano) y 32.2 por ciento carece de ingresos suficientes para cubrir al menos sus necesidades alimentarias (línea de bienestar mínimo), según estimaciones realizadas considerando como población rural a la que vive en localidades menores a 15 mil habitantes.
Pero la tarea no es sencilla. Los productores o personas con iniciativas productivas en localidades de hasta 15 mil habitantes, y con ingresos por debajo de la línea de bienestar, presentan una limitada capacidad para incrementar sus ingresos autónomos mediante la generación o consolidación de proyectos productivos. Además del conflicto individual o familiar de carencia de recursos económicos, estas personas enfrentan un entorno rural con claros déficits en acceso a la educación, a la capacitación y a la información; con carencia de financiamiento, y con pocas innovaciones, debido entre otras cosas a que la investigación está desvinculada del interés de los agricultores de pequeña escala.
Y a todo ello hay que agregar el rezago que como país tenemos en materia de iniciativas empresariales. La tasa de emprendimiento en México es de 14.8 por ciento, mientras que en Chile y Colombia asciende a 24.3 y 23.7 por ciento, respectivamente.
El problema podría ser consecuencia de tres causas: 1.- Bajo desarrollo de capacidades técnico productivas y empresariales de la población mencionada; 2.- Escasa dotación de bienes de capital físico, y 3.- Uso inadecuado de los activos productivos.
En la primera causa se observa que si bien Oportunidades (hoy PROSPERA) ha ayudado a elevar de forma significativa los grados de estudios de la población rural durante las dos décadas recientes, hay un serio conflicto por la baja calidad educativa rural: el 43.8% de los estudiantes de 15 años en este medio carecen de los conocimientos y habilidades mínimas en matemáticas y español. Asimismo, aunque existen múltiples universidades tecnológicas a lo largo del país, esta oferta educativa parece estar desvinculada de las necesidades productivas locales. Además, la tasa de inscripción rural a universidades es de 3% y en la población en pobreza extrema alcanza apenas el 0.1%.
El limitado acceso a información relevante para la toma de decisiones es otra de las causas del bajo desarrollo de capacidades productivas. Según un diagnóstico elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para la Secretaría de Agricultura, tan sólo 3.7% de las UER en transición empresarial (esto es, las que transitan desde la fase de agricultura familiar hacia la empresarial, 8.35% del total de las UER) consultan información económica y de mercados del Sistema de Información Agrícola y Agrícola y Pesquera (SIAP, dependiente de la Secretaría de Agricultura) y sólo una de cada diez de las UER con rentabilidad frágil (9.9% del total de la UER) tiene acceso a algún estudio o análisis relevante.
Por otra parte, entre las causas relacionadas con la escasa dotación de bienes de capital físico, destaca, además de la insuficiencia de recursos propios, el limitado acceso al crédito, los productos financieros no acordes con las necesidades de la población rural pobre, la insuficiente oferta de micro-financieras y la baja oferta de fondos. Datos que ilustran tal situación son: sólo 6.2 por ciento de los productores rurales y pesqueros en México acceden al crédito; en el medio rural 35% de los adultos utilizan crédito informal, y únicamente 10% ciento de las sucursales asociadas a ProDesarrollo se ubican en municipios con menos de 15 mil habitantes.
De la tercera causa, correspondiente al uso inadecuado de los activos productivos, puede decirse que en la población rural de escasos recursos prevalece un bajo acceso a innovaciones acordes con su entorno y sus capacidades, los sistemas de investigación están desvinculados de las necesidades de los pequeños productores y las carencias económicas de la población limitan la adquisición e implementación de innovaciones. Un dato relevante: únicamente 2.1% de las UER reciben algún tipo de capacitación productiva o asistencia técnica, y sólo 6.3% realizan cambios en sus prácticas o procesos productivos.
Como se ve, el reto no es sencillo, pero es tarea de la sociedad ir generando conciencia e impulso para que las políticas públicas atiendan estas causas y orienten recursos públicos que permitan al medio rural subsanar todas estas deficiencias, y que sus pobladores, sobre todo los pobres, puedan dar paso hacia emprendimientos exitosos.