blogeditor · 3 de febrero de 2015
En 2014, las licitaciones públicas del gobierno federal se redujeron en 6.0% con relación al 2012, último año de la administración panista del presidente Felipe Calderón. En ese año las licitaciones públicas fueron del 60% y en 2014, en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, de sólo el 54%, de acuerdo a la revista Expansión (enero 16 de 2015).
Las adjudicaciones directas en 2012, con Calderón, fueron del 17% y en 2014, con Peña Nieto, del 28%. El crecimiento es muy alto. Las estadísticas revelan con claridad que la tendencia de la actual administración es reducir las licitaciones públicas y aumentar las directas.
[contextly_sidebar id=”JEg1lzLTJwAJE4mpJdjpdJP5HVbpZY4d”]Es claro que entre menos sean las adjudicaciones directas y más las licitaciones públicas el gobierno se ve obligado a ser más transparente y la sociedad tendrá mayor información para saber lo que ocurre con las mismas.
La actual política se presta a todo tipo de comentarios y genera sospechas, por parte de los proveedores del gobierno, nacionales e internacionales, pero sobre todo de la ciudadanía.
Esta decisión no ayuda a construir la imagen de un gobierno transparente y que rinde cuentas. Y si esto se une a los casos de la Casa Blanca, Malinalco y ahora de Ixtapan de la Sal crece la desconfianza de la sociedad.
El gobierno está obligado, por su bien y el del país, a explicar por qué día con día aumenta las adjudicaciones directas y reduce las licitaciones públicas. Si no lo hace bien y pronto se va a generar mayor desconfianza a la que ya existe en las decisiones del gobierno y el manejo de las finanzas públicas.