Las lecciones que aprendimos de Michoacán

Por: Rodrigo Elizarrarás A. (@rodaxiando)

Desde enero de 2014, muchos eventos importantes han acontecido en Michoacán. Intentando hacer un breve resumen, los eventos se sucedieron de la siguiente forma: un grupo de civiles armados formaron grupos de “autodefensa”, éstos se multiplicaron por el estado, el gobierno federal reaccionó y nombró a un comisionado especial para Michoacán bajo la figura de Alfredo Castillo (hombre de entera confianza del presidente). Desde su nombramiento ha habido detenciones y abatimientos importantes, negociaciones con los grupos armados, toma de ciudades, autodefensas presos, secretarios de gobierno vinculados con el crimen organizado, alta tolerancia a gobernadores de papel, así como el control de facto por parte del gobierno federal del estado “libre y soberano” de Michoacán.

Difícil y quizá hasta inútil hacer un recuento detallado de todos los sucesos que han acontecido en estos cinco meses en Michoacán. Lo cierto es que no han sido eventos intrascendentes; muchos de éstos, sin embargo, no han estado del todo bajo el cobijo de la legalidad. No obstante, me parece que lo más relevante sería mencionar algunas lecciones que nos ha dejado la primera incursión del gobierno federal en lo que se podría considerar su “Estrategia de Seguridad”.

Éstas son, a mi juicio, algunas de las lecciones aprendidas de la participación del gobierno federal en Michoacán:

1. El pacto federal es una ficción: El nombramiento de Alfredo Castillo, también conocido como el Virrey de Michoacán o el Gobernador en funciones, es una franca violación al federalismo mexicano. No hay vuelta de hoja. Lo más grave de este nombramiento es que no hubo realmente muchas voces defensoras del pacto federal y la autonomía estatal; a pocos les importó la usurpación de funciones, el uso de presupuesto sin controles (institucionales o ciudadanos), la toma de decisiones y la falta de rendición de cuentas que debería de acompañar a un nombramiento de esta naturaleza dentro de un sistema democrático-liberal. En todo caso, sería más honesto eliminar de una vez el supuesto pacto federal y constituirnos en un gobierno abiertamente centralizado.

1. El apoyo de la población civil es fundamental: Sin duda, un acierto interesante de esta segunda incursión federal en territorio Michoacano es la (aunque no exenta de tensión) colaboración entre los grupos de autodefensas (o algunos de ellos) y el gobierno federal, representado por el comisionado Alfredo Castillo. Es de resaltar la importancia de que una ofensiva estratégica de seguridad cuente con el consentimiento y apoyo de grupos civiles organizados a nivel local. Éstos aportan un conocimiento del terreno, de la población y de la administración local que se constituye en una pieza clave para la labor de inteligencia del gobierno, particularmente útil en territorios serranos de difícil acceso (sólo para los curiosos, aquí les dejo un texto clásico sobre insurgencias y guerras civiles).

1. Con armas se dialoga mejor: El dilema que surge del diálogo con las autodefensas es el siguiente: si deseas que el gobierno te considere un interlocutor, entre en una negociación contigo, es mucho más probable que suceda si te constituyes como un grupo civil armado (ilegal pero con cierta legitimidad) que si lo haces por otras vías democráticas que no irrumpen del todo el Estado de Derecho. Por tanto, el mensaje es: si pretendes que el gobierno te escuche es fundamental que empieces a construir tu armamento a la brevedad, de lo contrario es poco probable que el gobierno te tome en cuenta.

1. El libre mercado de las armas[1]: La rapidez y facilidad para comprar armas en este país da terror. La relativa sencillez con que un grupo de pobladores logró construir un arsenal al nivel de poder hacer frente a grupos de la delincuencia organizada habla muy mal de nuestros sistemas internos de control y monitoreo de sustancias y objetos prohibidos. Primero, la mala vigilancia de nuestras fronteras no es una novedad para nadie; segundo, la inutilidad de las autoridades competentes para el control del tráfico y mercado de sustancias y bienes prohibidos es pavorosa. No tenemos datos precisos, pero da la impresión de que este país está muy armado. Otro problema derivado del primero es que, una vez autorizadas las autodefensas como fuerzas rurales estatales establecidas, ¿bajo qué marco legal están actuando? ¿Qué legislación podría contener algún exceso de fuerza cometido por estos grupos? Las menciones en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos son particularmente vagas. Creo que el gobierno federal debería aclarar este pequeño detalle legal antes de que sea demasiado tarde.

1. Si tiene un fuego en casa y no lo puede controlar llame a la federación: Esta es sin duda la lección más importante. Si un gobernador enfrenta una situación de seguridad incontrolable, cuenta con cuerpos policiacos corruptos, mal preparados, no ha hecho su tarea de reformas locales y programas de prevención, lo más barato será dejar crecer la situación hasta que sea intolerable para la población y así solicite la participación de fuerzas federales para que acudan a su “rescate”. Esta es la política preferida por los gobiernos estatales para eludir responsabilidades en la lucha contra los grupos delictivos asentados en su territorio. Los estados siguen sin tomar con seriedad el tema de inseguridad del país, dejándolo en manos de la federación.

[contextly_sidebar id=”16d05a501351ea53cfd1862904e8c8d9″]5.1. Permítanme hacer una corrección. El punto anterior sólo es válido en caso de ser un gobernador que goce la fortuna de pertenecer al mismo partido que el titular del Ejecutivo Federal. ¿Qué tienen en común Michoacán, el Estado de México y Tamaulipas, además de alarmantes tasas de homicidios, secuestros y extorsión? Curiosamente todos son estados gobernados por el PRI. Quizá por eso, Guerrero, Morelos y Sinaloa (también situados en los primeros lugares de homicidios, secuestros y extorsiones) no reciben el mismo nivel de apoyo del gobierno federal, no hay comisionados, ni operativos especiales. ¿A qué se deberá?

Es evidente que la situación de seguridad en Michoacán es compleja. De eso no hay duda. La matriz entre autodefensas, población civil, criminales, autoridades locales lamentablemente no se puede separar como el agua y el aceite. A pesar de ello, lo que aún no ha sido suficientemente esclarecido son los objetivos puntuales de la participación federal en el estado. ¿Cuál es la estrategia general del gobierno federal ante este escenario? ¿Cuáles son los resultados que se pretende obtener en el corto y mediano plazo? ¿En qué momento se retirará el Comisionado? ¿Cuántos recursos públicos se han empleado en este operativo especial? ¿Acaso están considerando su posible efecto sobre las próximas elecciones locales en Michoacán? Me parece que queda poco tiempo para salir del estado sin parecer demasiado intervencionistas en los procesos electorales locales, donde seguramente el gobierno federal espera salir airoso de este pequeño bache llamado Michoacán.

 

* Rodrigo Elizarrarás A. es Coordinador del Programa de Seguridad Pública y Justicia en México Evalúa

 

 

[1] La importancia de este tema se la debo a Romain LeCour, quien prepara un análisis sobre la situación actual en Michoacán para México Evalúa.