Las formas importan: el procedimiento y la legitimidad de la elección judicial

La inédita elección judicial del pasado 1 de junio es, quiérase o no, un parteaguas de nuestra historia política. A expensas de las salvedades que tenga el Instituto Nacional Electoral respecto de las personas elegidas para conformar el nuevo Poder Judicial Federal (y los poderes judiciales locales que también se sometieron a votación, no olvidemos) o las impugnaciones que se presenten tras la oficialización de los resultados, podemos decir, con un poco de ironía y abusando del juego de palabras, que esto es “cosa juzgada”. Pasada la jornada electoral extraordinaria, queda por intentar dotar de sentido a lo ocurrido para saber en dónde estamos parados.

Para ello, me interesa enfocarme en una cuestión fundamental: el procedimiento, es decir, los pasos y reglas a seguir durante un proceso electoral, que son los actos preparatorios de la jornada electoral. Sí, lo sé, es tal vez la parte más aburrida o anticlimática de toda jornada electoral; sin embargo, sin ella no es posible decir que unas elecciones sean relevantes, válidas o, incluso, representativas de la voluntad popular expresada en las urnas. Los resultados, las campañas y quienes participan siempre dan el color de toda elección; tal vez la relativa confianza y certeza electoral que vivimos durante los últimos 25 años, a excepción de la elección de 2006, nos hizo omisos ante la relevancia del procedimiento como garante de la legitimidad democrática de las elecciones.

En el derecho y la política el procedimiento es el puente entre las normas y su aplicación, entre el poder y la autoridad. La validez de las normas no depende sólo de las posibilidades y límites que dicten para una acción determinada, sino por los pasos y los requisitos que permiten juzgar si esta acción es válida o no… (por ejemplo, los límites de velocidad: mientras un vehículo no lo exceda no debe ser sancionado por eso). En el caso de la política, el paso del poder a la autoridad requiere de pasos y requisitos que dotan de validez y legitimidad al primero para considerarlo, entonces, como un acto autorizado.

Sé que parece una visión demasiado técnica y formal, hasta fría, de la política y el derecho; incluso puede decirse que es una visión ingenua o idealista sobre la política, porque las autoridades y los gobernantes desdeñan con facilidad los procedimientos para alcanzar sus objetivos. Y es cierto, no podemos ignorar que eso ocurre, pero cuando fallan o faltan los procedimientos, conocemos los abusos del poder y del derecho, así como sus consecuencias en situaciones de violencia y explotación. Sin embargo, uno de los mayores logros de la democratización en nuestro país fue consolidar un procedimiento electoral que fuera confiable para la ciudadanía (que tampoco es perfecto, lo sé).

La principal aportación de los procedimientos es que nos dejan un testimonio claro de las decisiones que se toman, los recursos que se ejercen y las consecuencias de los actos. Además, ofrecen cierta regularidad sobre la que se cimenta la confianza de las personas: si sabemos que debemos participar en elecciones periódicas, lo mejor que podemos esperar es que cada vez que lo hagamos las reglas y los pasos a seguir sean los mismos. Por eso las reformas electorales siempre son de trascendencia nacional y hasta generacional: cambiar las reglas del juego cambia nuestras expectativas de sus resultados.

Pero en esta ocasión fue distinto porque desde un principio hubo sospechas y reservas sobre los procedimientos seguidos. No me refiero solamente a la aprobación de la reforma judicial, situación ampliamente discutida y criticada por las formas con que Morena logró el cambio más importante en el Poder Judicial de los últimos 30 años, sino a la postulación de candidaturas, la selección de los perfiles y las limitaciones que enfrentó la autoridad electoral. Cada paso del proceso, desde la Reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024 hasta la elección del 1 de junio de este año, enfrentó desconfianza hacia los procedimientos para realizar esta elección.

Lo que inicialmente era un proceso tripartito entre los poderes de la Unión, fue definido solamente entre el legislativo y el ejecutivo: el Comité de Evaluación del Poder Judicial renunció en enero de 2025 porque consideró imposible realizar su trabajo de conformación de las listas de candidaturas, pues consideraba que debía acatar las resoluciones de los juicios de amparo promovidos en contra de la reforma y sus leyes secundarias. En consecuencia, el Poder Judicial no presentó una lista de candidaturas, función que asumió el Poder Legislativo. En lugar de buscar una solución política a un problema jurídico, ninguno de los poderes accedió a encontrar un punto medio que era necesario para que esta reforma contara con, al menos, el respaldo formal de los tres poderes.

La conformación de listas por el legislativo y el ejecutivo estuvo marcada por falsas postulaciones, nombres de personas con antecedentes penales, procesos judiciales abiertos, denuncias por violencia sexual y de género, participación en procesos polémicos como el despojo de tierras, episodios de desaparición y represión de activistas en defensa de distintas causas, o violaciones de derechos humanos. Ninguno de los dos poderes atendió a estos señalamientos y sus listados carecían de una evaluación apropiada de los perfiles. En algunos casos hubo candidaturas únicas, donde lo único que quedaba por hacer en la elección era contar cuánta gente votaba por esa candidatura.

Igualmente, no podemos olvidar las limitaciones y carencias inducidas contra el Instituto Nacional Electoral, pues afectaron los procedimientos y el proceso en su conjunto. En lugar instalar todas las casillas como en la elección federal de 2024, los recortes presupuestales y la negativa del Ejecutivo por reponer el dinero necesario obligó a realizar los ajustes que hicieran posible que la elección se realizara, sin más. En consecuencia, hubo menos casillas, funcionarias y funcionarios para apoyar a la ciudadanía que accedió a participar en esta labor democrática, menos capacidad de organización y de vigilancia de un proceso, y un proceso dilatado de cómputo de los resultados que requería toda la capacidad institucional para hacerse de una legitimidad política.

La suma de candidaturas cuestionables, de un instituto reducido y abiertamente incapacitado para dotar al proceso de los principios fundamentales de nuestro sistema electoral (independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad, y perspectiva de género), y la abierta promoción partidista de candidaturas preferidas por parte del oficialismo, desembocaron en la jornada vista el domingo. Una bajísima participación atribuible a distintos factores: desinformación, falta de cobertura en las casillas, un desinterés motivado por la abierta campaña de promoción encabezada por el gobierno federal y Morena. A pesar de ser una elección extraordinaria, es preocupante que sólo participara el 13 % de los votantes registrados en nuestro país, sólo por encima de la consulta popular de 2021 (7.11 %) y debajo de la revocación de mandato en 2022 (17.78 %), los otros procesos promovidos por el oficialismo como muestra de la democratización plena de nuestro país.

No puede desestimarse el desdén por el procedimiento como causa de la baja participación: si no confiamos en las elecciones que se van a realizar, ¿qué nos motiva a participar? De cara a las elecciones intermedias de 2027, donde se incluirán las elecciones judiciales en un proceso ordinario por primera vez, no podemos repetir esta experiencia, pues una ciudadanía que desconfía de las elecciones puede abandonar rápidamente la voluntad de manifestar sus preferencias de esa manera. Me gustaría darle un voto de confianza al régimen para revisar los resultados de esta elección y corregir, y no repetir los errores que minaron los procedimientos; sin embargo, los antecedentes nos han demostrado lo contrario y nos enfrentaremos ahora a un nuevo statu quo: el desdén del procedimiento, la desconfianza de los resultados y la posible apatía de una ciudadanía que manifestará sus descontentos por otros medios.