Las empresas tienen miedo: los costos de hacer negocios en México

Por: Leslie Solís (@Leslie_fs) y Layda Negrete (@LaydaNegrete)

Las reformas estructurales en México no llegarán a ser la sombra de lo que el gobierno prometió que serían, mientras el país continúe siendo un reino de impunidad, una democracia sin Estado de Derecho. En el 2013, según datos la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2014 (ENVE) realizada por el INEGI a unidades económicas, el costo total del delito para empresas establecidas en México fue de 109 mil 997 millones de pesos, costo que incluye medidas de protección, así como costos directos de los delitos sufridos^[1].

¿Cuántas empresas son víctimas de delitos cada año en el país?

Durante 2013, 33.6 por ciento de las unidades económicas en México fueron víctimas de algún delito, lo cual significa en términos absolutos que de las 3.8 millones de unidades económicas identificadas, 1.3 sufrieron algún delito. Baja California, Puebla, Guanajuato y el Estado de México fueron las entidades con mayor prevalencia, pues registraron tasas de victimización por encima del 40 por ciento.

Percepción de inseguridad de los empresarios

La incidencia delictiva en empresas y los costos asociados al delito naturalmente derivan en una alta percepción de inseguridad en empresarios. Siete de cada diez comercios o empresas en México consideran que la entidad federativa donde laboran es insegura, de acuerdo con la ENVE 2014. Sobre esta percepción de inseguridad, sin embargo, hay una gran variación entre estados. Así, mientras que en Morelos y el Estado de México 9 de cada 10 unidades económicas se perciben inseguras, en Yucatán el sentimiento de inseguridad es solamente de 25.4 por ciento.

¿Cuáles son los delitos más frecuentes?

A nivel nacional, los principales delitos registrados contra las empresas fueron el robo o asalto de bienes o dinero, el robo hormiga y la extorsión. Dichos datos varían a nivel estatal. Por ejemplo, en Aguascalientes, Chiapas y Quintana Roo el robo total o parcial de vehículo es uno de los delitos más frecuentes. En Baja California, Guanajuato, Morelos, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán el fraude es uno de los tres delitos más frecuentes. En Baja California Sur, el Distrito Federal, Hidalgo, el Estado de México, Sonora y Tlaxcala los actos de corrupción representan una proporción significativa de la incidencia delictiva total, mientras que en Coahuila uno de los principales problemas es el robo de mercancía en tránsito.

Pocas empresas denuncian los delitos de los que son víctimas

Tal como lo revela la ENVE 2014, los responsables de las unidades económicas tienen poca confianza hacia las autoridades. Así, a excepción de la Marina, el Ejército y la Policía Federal, menos de la mitad de las personas interrogadas admitieron tener mucha o alguna confianza en las autoridades. La policía de tránsito y la policía municipal fueron las peor evaluadas, con menos de 40 por ciento de confianza (sumando “mucha” y “alguna”).

La reducida confianza de las empresas hacia las instituciones encargadas del sistema de justicia penal podría explicar la baja tasa de denuncias. De hecho, de todos los delitos ocurridos que afectaron a las empresas en 2013, el porcentaje de delitos que no se denunciaron o para los cuales no se inició una averiguación previa -conocido como cifra negra- ascendió a 88.1, oscilando entre 73.7 por ciento en Chihuahua y 95.0 en Guerrero. Quienes no denunciaron afirmaron que no lo hicieron por causas atribuibles a la autoridad, como tener miedo a ser extorsionado, considerar que la denuncia es una pérdida de tiempo, percibir que los trámites son largos y difíciles, desconfiar de las autoridades, así como percibir una actitud hostil por parte de la autoridad.

[contextly_sidebar id=”LdjSO8MYIK3spFj7YlptcnTnRGPgp9Z8″]Ahora bien, no sólo hay malas noticias. También se debe resaltar que a comparación del ejercicio anterior de la ENVE, que se llevó a cabo en 2012, hay varias mejoras. El porcentaje de unidades económicas víctimas de un delito bajó de 37.4 a 33.6. El porcentaje de empresas con percepción de inseguridad cayó de 76 a 70. Además, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en las unidades económicas en el país bajó de 115.2 a 110 mil millones de pesos. Sin embargo, la cifra negra, es decir, el porcentaje de delitos que no se denunciaron o para los cuales no se inició una averiguación previa, quedó idéntica: 88.1. A pesar de estos cambios positivos, no podemos cantar victoria y debemos recordar que aún queda mucho trabajo por hacer, ya que es preocupante que una de cada tres empresas sea víctima de un delito en un año. Además, se requiere hacer un análisis específico de cada caso, pues aunque se hayan registrado menos delitos, éstos podrían ser más violentos o de mayor impacto. Por ejemplo, la ENVE 2014 indica que en 24.7 por ciento de los delitos, el delincuente portaba un arma, a comparación de 19.8 por ciento de acuerdo con la ENVE 2012.

¿Reformas estructurales sin estado de derecho?

La reforma constitucional de seguridad y justicia de 2008 planteó que la seguridad pública es una función que incluye la prevención de los delitos, así como la investigación, persecución y sanción de los mismos (artículo 21). La ENVE 2014 muestra que hasta hoy las autoridades no han sido capaces de garantizar la seguridad de la ciudadanía, ni de la industria, ni del comercio, ni de los servicios, ni del turismo. Si esta condición no se cumple, tal como advirtió el Consejo Coordinador Empresarial, se torna difícil que la economía del país crezca.

En este contexto, vale la pena enfatizar que a nivel global en septiembre de 2015 se elegirán los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), comúnmente conocidos como Objetivos Post-2015. En las negociaciones previas, la seguridad y la justicia se han percibido como temas prioritarios, pues sin estos preceptos es imposible pensar en desarrollo[2]. De la misma manera, el Consejo Coordinador Empresarial ha señalado que “Garantizar la seguridad de la ciudadanía, de la industria, el comercio, los servicios y el turismo -de los que dependen los empleos de millones de mexicanos-, es indispensable para que la economía nacional crezca y mejoren las condiciones de vida de nuestra población”.

 

* Leslie Solís y Layda Negrete son investigadoras de México Evalúa (@MexEvalua)

 

 

 

 

 

^[1] Se trata de unidades con instalaciones fijas o en viviendas de acceso que realizan alguna actividad económica en el país, excluyendo actividades de agricultura y las del sector público y gobierno. INEGI las denomina unidades económicas Ver aquí.

^[2] Específicamente, la propuesta para el objetivo 16 es: “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”. Ver Objetivo 16 de A/68/970.