Las elecciones importan, pero también las designaciones

México se encuentra ante una ola electoral sin precedentes. El próximo 6 de junio se elegirán 20,868 cargos públicos¹ en las 32 entidades federativas, haciéndolo el proceso más grande y complejo hasta ahora. En un escenario paralelo se encuentran procesos de designación cruciales para la garantía de los derechos humanos de las personas y la vida democrática de nuestro país y que corren el riesgo de ser eclipsados ante dicha ola.

En este segundo escenario, el Senado de la República tiene la importante encomienda de que estos procesos se lleven a cabo bajo altos estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas, y con ello avanzar hacia la designación de los perfiles más idóneos al frente de altas responsabilidades públicas.

A pocos días de haber iniciado el segundo periodo de sesiones en el Congreso de la Unión, el Senado tiene en su agenda de trabajo el desahogar por lo menos 34 procesos de designación,² incluidos los que no concluyeron en 2020 e incluso años atrás. Tal es el caso de las 18 magistraturas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) pendientes desde 2017; o la persona integrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana Nacional (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pendiente desde 2019 y fundamental para que el CPC cuente con sus cuatro integrantes faltantes.

Sin embargo, en los procesos que corren ha sido evidente la falta de información oportuna para que las personas conozcamos el estado que guardan dichos procesos; mecanismos de participación limitados, pues se traducen en la visualización de las entrevistas vía remota, y en algunos casos al envío de preguntas, sumado a los filtros laxos para evaluar los perfiles por parte de las y los legisladores, y el poco tiempo en el que estos transcurren.

En este sentido, es urgente que el Poder Legislativo transite hacia prácticas más democráticas en materia de designaciones que permitan un escrutinio amplio tanto del proceso como de los perfiles que se convocan, y con ello asentar una cultura institucional que privilegie el mérito, la integridad y las capacidades de las personas.

Esfuerzos positivos se han dado en distintos procesos, como la utilización de cédulas de evaluación; dictámenes refiriendo la idoneidad de perfiles o la previsión de un comité ciudadano que ayude a desahogar el proceso y que proponga la lista de las personas mejor evaluadas. Sin embargo, por ahora son casos esporádicos y no son la regla.

Probablemente las próximas elecciones ocupen gran parte de la agenda pública, pero desde el Observatorio Designaciones Públicas insistiremos y vigilaremos el otro escenario: las designaciones en curso dentro del Senado. ¡Estemos atentas y atentos en cómo se dan estos procesos!

#SinCuotasNiCuates

* Daniela Fitz y Karen Pérez son integrantes del Observatorio Designaciones Públicas (@designaciones), iniciativa que promueve Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

¹ 15 gubernaturas; 1,063 diputaciones; 1,926 presidencias municipales; 2,122 sindicaturas; 15,107 regidurías; y 635 juntas municipales, concejalías o presidencias de comunidad.

² Son: Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); dos comisionadas y la  presidencia de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE); dos comisionadas y la presidencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL); dos magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); cuatro integrantes del Comité de Participación Ciudadana y una integrante de la Comisión de Selección; 15 personas magistradas de la sala especializada y 3 magistraturas de la tercera sección de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; una persona consejera del Consejo de la Judicatura Federal (CJF); y una persona ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).