Las elecciones del 5 de junio y la deuda con los derechos humanos

El 5 de junio pasado se celebraron comicios en seis de las 32 entidades federativas de la República Mexicana: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Varias de estas entidades federativas atraviesan, desde hace décadas, graves problemas de inseguridad que se expresan en un alza en los homicidios, feminicidios y desaparición de personas y otras se han caracterizado por agudas condiciones de pobreza y desigualdad.

La crisis de derechos humanos que vivimos en México se manifiesta en la vida de las personas y los gobiernos continúan siendo omisos en su atención y solución. Desde Amnistía Internacional consideramos que el arranque de nuevos gobiernos es una oportunidad para poner en el centro de su agenda el tema de los derechos humanos.

Deuda con las mujeres y niñas

La violencia contra las mujeres y su expresión máxima, el feminicidio, es uno de los grandes pendientes en los estados que tendrán nuevos y nuevas gobernantes en los próximos meses. La sola mención de que en México son asesinadas diez mujeres al día genera coraje e impotencia. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que en el año 2019 se registró el número más alto de asesinatos de mujeres con 3,813; en 2020, 3,746 y en 2021, 3,718.

Entre enero y abril de 2022, en los seis estados en que hubo elecciones fueron asesinadas 110 mujeres: 53 en Oaxaca; 21 en Tamaulipas; 13 en Hidalgo; 13 en Quintana Roo; 5 en Durango y otras 5 en Aguascalientes.

En el mismo periodo, el número de emergencia 911 recibió 8, 251 llamadas por violencia contra las mujeres en los estados referidos: Hidalgo, 4,147; Oaxaca, 1,287; Tamaulipas, 1,078; Aguascalientes, 730; Quintana Roo, 632 y Durango 377. La suma de éstas equivale al 7.7% de las 106,441 llamadas que se recibieron a nivel nacional entre enero y abril de 2022.

Desde Amnistía Internacional hemos reiterado que las autoridades de los tres niveles de gobierno deben adoptar medidas que prevengan la violencia contra las mujeres. Éstas, como ha recomendado el Comité de la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, requieren trabajo de fondo que pasa por la erradicación de estereotipos sexistas y discriminatorios. Además, las políticas de seguridad deben contar con perspectiva de género, para identificar adecuadamente el riesgo de violencias y, en particular, la violencia feminicida.

Gracias a la lucha y a la exigencia de las mujeres y del movimiento feminista, el Estado mexicano cuenta con todo un andamiaje jurídico e institucional para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres. En los estados en que hubo elecciones el pasado 5 de junio, se cuenta con leyes de igualdad y de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, se ha tipificado el feminicidio y existen institutos, centros de Justicia o secretarías para las mujeres así como Fiscalías o Unidades Especializadas en la Investigación del Delito de Feminicidio, entre otros.

Está en manos de los nuevos equipos de gobierno dotar a estas instituciones de todos los recursos necesarios para que este andamiaje realmente logre garantizar la vida, la seguridad y la integridad de las mujeres. Me refiero a recursos económicos –con presupuestos suficientes de por medio- pero también a recurso humano especializado, materiales, equipo, recursos tecnológicos que permitan que todas estas instituciones funcionen adecuada y eficientemente.

Sobre el feminicidio, en nuestro informe Juicio a la Justicia reiteramos la urgencia de combatir la cadena de decisiones y omisiones que derivan en impunidad. Recordemos que ésta no solamente implica ausencia de sanciones, sino que también supone que las familias de las víctimas de feminicidio no tienen oportunidad de elaborar el duelo porque no acceden a la verdad, ni a una reparación integral del daño que les permita reconstruir su proyecto de vida.

Al abordar este fenómeno, las nuevas personas gobernadoras deben considerar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –sentencias de Mariana Lima y de Karla Pontigo– y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) –Campo Algodonero-, que son un aporte jurídico vital para la investigación de los casos con perspectiva de género y para sortear las deficiencias que derivan en impunidad.

Se debe prevenir y proteger, no reprimir

En el último quinquenio las mujeres hemos incrementado nuestra presencia en las calles, ejerciendo nuestro derecho a la protesta como herramienta para exigir a los Estados lo que es su deber: garantizarnos una vida libre de violencias.

El 9 de noviembre de 2020, policías reprimieron en Cancún una manifestación de mujeres que demandaban justicia por el feminicidio de Alexis y protestaban contra la violencia de género. El caso, como lo he referido en este espacio, está documentado en nuestro informe La era de las mujeres.

La represión ocurrió cuando Mara Lezama, actual ganadora de la gubernatura de Quintana Roo en la elección del 5 de junio de 2022, encabezaba la presidencia municipal de Cancún. En el tiempo que se ausentó del cargo para contender por la gubernatura, Amnistía Internacional, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que litiga el caso, y el Comité 9N, sostuvimos reuniones con autoridades municipales y estatales encaminadas a que se hiciera justicia a las víctimas.

Como resultado, a la fecha mantenemos mesas técnicas de trabajo con la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo, para el seguimiento de los expedientes de investigación; con el gobierno estatal se efectúan reuniones mensuales de trabajo para tratar el tema de la reparación del daño, en las mismas participan las autoridades municipales de Cancún.

En este contexto hemos hecho un llamado a Mara Lezama, como gobernadora electa del estado, para que al asumir su nuevo cargo mantenga la dinámica de trabajo descrita, y dé continuidad a los acuerdos logrados hasta el momento. Una actitud similar se esperaría de la persona que asuma la presidencia municipal de Cancún, puesto que los acuerdos se establecieron a nombre del Estado y sus instituciones y no a título personal.

El llamado a respetar el derecho a la protesta aplica para todas las entidades federativas. Desde Amnistía Internacional estaremos vigilando que tanto las y los nuevos gobernadores, como las que ya están en funciones, garanticen el derecho a la libertad de reunión pacífica de las mujeres.

Derechos sexuales y reproductivos

El 7 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia sin precedente para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, al establecer que el aborto no es punible en el país. Además, el 24 de mayo de 2022 emitió sentencia que avala el aborto por violación incluso para las menores de 12 años sin el permiso de sus padres.

Sin embargo, aún hay mucho trabajo por hacer, pues sólo en nueve de los 32 estados del país –Baja California Sur, CDMX, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa y Guerrero- se cuenta con legislación que permite el aborto hasta las 12 semanas de gestación. En los estados donde se realizaron elecciones el 5 de junio de 2022, sólo Hidalgo y Oaxaca tienen legislación que garantiza del aborto voluntario. Las mujeres y personas gestantes que habitan en Durango, Tamaulipas, Aguascalientes y Quintana Roo sólo pueden acceder a abortos en condiciones específicas, con lo cual en estos estados se está violando su derecho a decidir sobre sus cuerpos.

Las restricciones en esta materia no evitan que las mujeres y personas gestantes decidamos abortar, pero nos expone a sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como a discriminación y exclusión en el acceso a servicios esenciales de atención a la salud después del aborto.

Derechos de las personas LGBTI

Sobre este tema las legislaturas de los estados de Durango, Tamaulipas y Aguascalientes no han modificado su legislación civil o familiar en materia de matrimonio igualitario, por lo que las parejas del mismo sexo que desean contraer matrimonio civil deben tramitar un juicio de amparo. Este procedimiento es tortuoso, costoso e innecesario para ejercer un derecho que ya garantiza la jurisprudencia de la SCJN.

Es importante que las personas legisladoras hagan eco de las demandas de las personas LGBTI para legislar al respecto, y para emprender acciones concretas tendentes a prevenir y erradicar las agresiones que derivan en crímenes de odio por cuestiones de orientación sexual, identidad y expresión de género. La escucha de las colectivas es fundamental para impulsar acciones concretas en ese sentido.

Militarización a contrapelo del derecho internacional

Los estándares internacionales de derechos humanos establecen que la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública no puede ser una norma, sino una extraordinaria excepción. A pesar de ello, los militares en México llevan ya 16 años en las calles desde 2006, cuando el presidente Felipe Calderón inició la denominada “guerra contra el narcotráfico”. Al concluir 2018 había 50 mil militares en las calles, y a finales de 2021 el número ascendió a más de 90 mil.

Los estados referidos en este texto no son la excepción: de acuerdo con el Informe 2021 del Observatorio de la Guardia Nacional y la militarización en México, de la organización Causa en Común, en Tamaulipas la presencia de militares se ha incrementado año con año, hasta llegar en enero de 2022 a 4,121. En Oaxaca, a la misma fecha, había 5,628; Durango, 1,352; Hidalgo, 1,877; Quintana Roo, 1,770; y en Aguascalientes, 308.

Desde Amnistía Internacional hemos sumado nuestra voz a la de organizaciones de la sociedad civil, instando al Ejecutivo mexicano a hacer público el plan de retiro progresivo que permita regresar a los militares a sus cuarteles, a mantener el carácter civil de la Guardia Nacional y a contar con un plan de fortalecimiento de las policías civiles, tarea que involucra de manera relevante a los gobiernos estatales y municipales.

Personas desaparecidas, reto para la justicia

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al 24 de julio de 2022 el número de personas desaparecidas es de 100,451. En los estados donde hubo elecciones el 5 de junio de 2022 es el siguiente: Tamaulipas, 12,066 (12%); Hidalgo, 766 (.76%); Durango, 738 (.73%); Quintana Roo, 602 (.59%); Oaxaca, 433 (.43%) y Aguascalientes, 342 (.34%).

La enorme impunidad en este tema deriva de la negligencia e incapacidad de las autoridades para investigar los casos. En nuestro informe Enfrentarse a una pesadilla, desaparición de personas en México, detallamos que son las familias de las víctimas quienes buscan a sus familiares, con las consecuencias que ello implica para su seguridad, además de que lo hacen con sus propios recursos o integradas a las colectivas de buscadoras que trabajan en Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Tamaulipas o Guerrero.

Las nuevas autoridades electas deben dar atención urgente a este problema en sus estados. En este caso también se cuenta con disposiciones legales e instituciones de las que echar mano para trabajar, pero éstas requieren de presupuesto y personal capacitado. Es impostergable emprender acciones que permitan cerrar el ciclo de impunidad para que las familias de las víctimas hagan un rescate digno de la memoria de sus familiares, accedan a la justicia, a la reparación integral del daño, a la verdad y a garantías de no repetición.

México, terreno minado para periodistas

Registros de la organización Artículo 19, revelan que en Oaxaca fueron asesinadas 15 personas periodistas, entre octubre de 2006 y febrero de 2022; en Tamaulipas, 14, entre febrero de 2000 y enero de 2018; Quintana Roo, 4, entre diciembre de 2009 y mayo de 2019 y Durango, 3, de mayo a noviembre de 2009. La información consultada no tiene registro en los estados de Aguascalientes e Hidalgo.

Sobre este tema hay varias aristas en las que los gobiernos locales deben poner énfasis y tienen que ver con el establecimiento de mecanismos que ayuden a prevenir la violencia contra las personas periodistas. Éstos pasan necesariamente por la no estigmatización de su trabajo desde las diferentes esferas del gobierno. Además, se requiere mejorar la operatividad del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que tiene claras deficiencias en su aplicación y está rebasado por el gran número de personas que requieren del mismo.

Estas son algunas de las preocupaciones vinculadas a temas que la sección mexicana de Amnistía Internacional ha definido como prioritarios. Sin embargo, hay muchos más que dejamos en el tintero, como los ataques a personas defensoras de derechos humanos o el tema de las migraciones, entre otros.

La solución de los problemas aquí reseñados involucra a los tres niveles de gobierno dado que son parte del Estado mexicano. Las personas gobernadoras electas el 5 de junio –y del resto de los estados- tienen la obligación de aportar al cumplimiento de los tratados internacionales que están reconocidos en la Constitución mexicana, así como a las sentencias y recomendaciones que provengan de los organismos del sistema Universal e Interamericano de derechos humanos.

Los graves, tristes y dolorosos problemas descritos demandan una pronta respuesta porque más allá de los números está el dolor de miles de familias que merecen verdad, justicia y reparación para cerrar ciclos y sanar, en la medida de lo posible sus vidas.

* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México (@amnistiamexico).