Las deudas que México debe saldar en 2016

Desde 2006, con la declaración de la guerra contra el narcotráfico por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y la decisión de combatir de manera frontal al crimen organizado, se ha visto un alarmante incremento de violaciones a derechos humanos en México.

Para el cierre de 2015, el panorama no era diferente. Ese año se caracterizó por la absurda respuesta del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a los informes del Comité sobre Desapariciones Forzadas, del Relator sobre la cuestión de la tortura, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en los que en lugar de comprometerse sin titubear a resolver la crisis de violaciones graves de derechos humanos, prefirió negar los hechos y en dos de los casos atacar al mensajero. El pasado año también se caracterizó por el hecho que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH tiraron por la borda la supuesta “verdad histórica” del gobierno federal, al mostrar la improbabilidad de la teoría de la incineración de los normalistas desaparecidos en el basurero de Cocula, avivando la rabia de la sociedad mexicana y fortaleciendo las exigencias de búsqueda y lucha por verdad y justicia. 2015 fue además, el año en que la CNDH corroboró que por un lado, en Tlatlaya y en Apatzingán se cometieron ejecuciones extrajudiciales, en un caso por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas Mexicanas, mientras por el otro por la Policía Federal.

Tal vez fue finalmente el año en que el mundo no pudo hacerse más de oídos sordos ante la grave crisis que azota a México en cuestión de derechos humanos.

2016 asoma un desolador panorama, lleno de retos y deudas por saldar en materia de derechos humanos por parte de las instituciones del Estado, en los tres niveles de gobierno.

1. Erradicar la tortura y la impunidad

A pesar de que no existen cifras oficiales sobre el número de personas torturadas en México, se cuenta con información sobre la denuncias recibidas por tortura por procuradurías del país, mismas que desde el año 2006 se han incrementado de manera exponencial. Desde la década de los años noventa, diversos mecanismos internacionales en materia de prevención de la tortura han calificado al fenómeno de la tortura en este país como frecuente, generalizado o incluso sistemático. Sin embargo, la respuesta del Estado (“esfuerzos” le denominan algunos burócratas federales) en todos sus niveles ha sido muy deficiente. Tan solo a nivel federal y en 22 estados se han presentado más de 6,000 denuncias entre diciembre de 2006 y diciembre de 2014, de las cuales sólo cerca de 30 han sido consignadas ante un juez. México ha informado a la comunidad internacional que desde mediados de los años 90 que se aprobó la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura solamente se ha llegado a 5 sentencias penales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y sus correlativas de 15 estados también han recibido más de siete mil quejas por tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

2. Poner fin a la desaparición de personas y a la impunidad

En México, la desaparición y la desaparición forzada de personas ha resurgido con una fuerza estremecedora desde 2006. Para junio de 2015 se contabilizaban 27 mil 638 personas desparecidas en nuestro país. Los dos órganos especializados internacionales en materia de desaparición forzada de personas han señalado que la desaparición es un fenómeno generalizado en varias partes del país. Nuevamente, los resultados de las instituciones en materia de búsqueda y localización, así como en la investigación y procuración de justicia son lamentables. México ha informado a la comunidad internacional que cuenta en su haber con 6 sentencias penales de personas responsables de desaparición forzada de personas, lo cual es una cifra que no responde a la dimensión del problema. Tan solo en época de la Guerra Sucia las fuerzas armadas mexicanas y otras instituciones desaparecieron a más de 500 personas, sin que a la fecha haya sido castigado ningún funcionario por esos delitos.

3. Atender a la población internamente desplazada a causa de la violencia

2015 nos mostró el rostro más crudo de los conflictos, cuando en los diarios internacionales vimos la crisis de refugiados, principalmente en el mediterráneo, donde miles de personas huyendo del conflicto en Medio Oriente y el Norte de África murieron en su búsqueda por asilo en los países europeos. También se hizo visible la crisis de las detenciones masivas y deportaciones de refugiados centroamericanos, principalmente mujeres y niños ejecutadas por los Estados Unidos. México por desgracia también aportó a la crisis con los efectos de las violaciones masivas de derechos humanos a los migrantes y refugiados centroamericanos por su paso por México. Este país también continuó la tragedia de cientos de miles de personas y familias enteras que a causa de la violencia se han visto obligadas a abandonar sus hogares, sin haber cruzado las fronteras. Hoy, al menos 287 mil 358 personas han sido forzadas a desplazarse internamente, enfrentándose a la discriminación, revictimización, y abandono.

A pesar de las diversas denuncias, el Gobierno Federal no ha querido reconocer la grave situación en que se encuentra la población desplazada, ni ha emprendido acciones para analizar su situación, ni mucho menos ha generado medidas para su protección. Resulta aún más preocupante que desde 2014, el Relator Especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos de las personas desplazadas, Chaloka Beyami, solicitó al Estado mexicano una visita oficial con el objetivo de realizar un diagnóstico sobre el fenómeno, misma que no ha sido aceptada, lo cual confirma que la actual administración del Presidente Peña Nieto ha cambiado la política de invitación abierta y permanente a los procedimientos de derechos humanos de Naciones Unidas.

4. Proteger a quienes nos defienden

Ante este panorama, mujeres y hombres luchan a diario por construir un México más justo, enfrentándose a amenazas y ataques por su labor de defensa de los derechos humanos. La situación de vulnerabilidad y riesgo de las y los defensores de derechos humanos en México es sumamente palpable. Los datos publicados por organizaciones nacionales e internacionales reflejan un fuerte clima de hostilidad en contra de las personas defensoras, quienes han manifestado hechos preocupantes de ataques, amenazas y obstaculización de sus labores, tanto por parte de autoridades gubernamentales, como de empresas y de actores armados al margen de la ley o vinculados al crimen organizado.

Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas de la situación de las personas defensoras de derechos humanos solicitó una visita oficial a México, misma que fue aceptada pero que a la fecha ni la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni la Secretaría de Gobernación han fijado fecha para la visita del Relator. 

5. Acabar con la guerra contra las drogas

Las políticas de prohibición en relación a las drogas han fallado en su objetivo de lograr un “mundo sin drogas” y han alimentado al mercado, de forma que se ha convertido en uno de los más lucrativos a nivel mundial. Esto ha desencadenado un mercado ilícito, controlado exclusivamente por organizaciones criminales y sus aliados gubernamentales, que se ha enlazado con otros mercados criminales y que utiliza la violencia como forma primordial de regulación. La respuesta de México a las drogas se ha caracterizado por su ineficacia en términos de reducir la demanda de estupefacientes, la reducción de las adicciones, así como para atacar las utilidades del negocio del tráfico de drogas. Por el contrario, el resultado de esa política ha sido la militarización de la seguridad pública e incluso la prevención de las adicciones, la erosión del estado de derecho mediante el establecimiento de normas que imponen un derecho penal de enemigo, así como por el incremento en las violaciones graves de derechos humanos.

2016 será el año en que se realice una Sesión Especial sobre Drogas de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que sería deseable que el Estado Mexicano promueva ante la comunidad internacional:

• El reconocimiento del fracaso de la política internacional y nacional de fiscalización de drogas basada en el derecho penal y en el uso de la fuerza, incluso la letal.
• Establecer que las políticas en materia de drogas y seguridad deben ser respetuosas de todos los derechos humanos y el debido proceso;
• Insistir que se haga efectiva la prohibición absoluta de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, las detenciones arbitrarias, incluida la detención para investigar (arraigo), la fabricación de culpables (presentación en medios de comunicación a personas no sentenciadas), y el uso arbitrario de la fuerza;
• Abogar por la no participación de las fuerzas armadas en tareas propias de policías, es decir, desmilitarizar las estrategias de seguridad en materia de política de drogas.

6. Agenda legislativa

El Congreso de la Unión en este 2016 tiene enormes desafíos en materia de derechos humanos. Se espera que se discutan y aprueben las dos iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal en diciembre de 2015 que contienen leyes generales para prevenir y sancionar la tortura y en contra la desaparición forzada de personas. Las iniciativas introducidas por la administración Peña Nieto no permitirán al país enfrentar el reto de la prevención, investigación, procesamiento y castigo de los delitos de tortura y desaparición forzada de personas, por lo que requieren de modificaciones mayúsculas por parte del Congreso.

De la misma forma el Congreso, ante las evidentes omisiones por parte del Ejecutivo Federal no solo de reconocer el fenómeno sino de atender a la población desplazada a partir de las instituciones existentes, deberá discutir y aprobar una Ley General sobre desplazamiento interno que tenga como propósito crear un marco conceptual y garante de los derechos de las personas que por causas diversas causas se ven obligadas a dejar su lugar de residencia habitual, que precise una definición y establezca tanto los derechos de la población internamente desplazada como la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, para la prevención del desplazamiento interno, la asistencia e implementación de soluciones duraderas para su superación.

Por otro lado, el Congreso tiene la obligación de reformar el Código de Justicia Militar, para que de una vez por todas se excluya de la competencia militar toda investigación de delitos que involucren violaciones de derechos humanos, a la vez que se deberá garantizar la independencia e imparcialidad de los órganos de justicia militar, si pretenden ser denominados así. El año pasado diversos mecanismos internacionales (Naciones Unidas: Comité de Desaparición Forzada de Personas, Comité contra la Tortura, Relator sobre la cuestión de la Tortura, Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas. Organización de Estados Americanos: Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos) señalaron que las reformas recientes a dicho ordenamiento fueron insuficientes y por lo tanto debe enmendarse para ajustarlas a las obligaciones en materia de derechos humanos.

Finalmente el Congreso debe modificar cuanto antes la Ley de Migración para la prohibición para el Instituto Nacional de Migración de detener a personas migrantes por no contar con papeles que acrediten su legal estancia en el país. De la misma forma se debe modificar la Ley General de Víctimas para clarificar algunos aspectos, pero sobre todo para fortalecer a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, no solo para asegurar que sus integrantes sean personas que gocen de experiencia en materia de atención a víctimas, sino que además se establezcan sanciones para ellos en caso que no quieran cumplir con sus obligaciones derivadas de la Constitución y la ley en la materia. 2016 también, puede ser el año en que finalmente los legisladores decidan eliminar de la Constitución la odiosa figura del arraigo.

 

@CMDPDH