Las desapariciones en Acámbaro, Guanajuato

En Guanajuato, el movimiento de familiares de personas desaparecidas ha vivido en un año lo que otras entidades federativas han experimentado a lo largo de años o lustros: se ha aprobado una Ley para la búsqueda de las personas en tan sólo 3 meses de discusión después de iniciadas las mesas de trabajo con las familias, lo que en otras entidades no ha sucedido. También se aprobaron la Leyes de víctimas y de declaración especial de ausencia de personas desaparecidas, y se ha comenzado a institucionalizar el derecho de todas personas desaparecidas a ser buscadas. Y qué decir de las ocho búsquedas generalizadas que se han realizado en tan sólo 4 meses, trabajo a cargo de una Comisión local de Búsqueda recién creada y una Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas que sigue sin capacidad operativa y presupuestaria suficiente (en coordinación con la CNB y otras instancias). Todo porque el gobierno de Diego Sinhué no se ha tomado en serio la creación de estas dos comisiones, como lo prueba el raquítico presupuesto que se ha propuesto para 2021.

Pero el proceso más importante desde el punto de vista de las familias es la organización de los colectivos en la entidad. Recientemente se ha formado el 9º colectivo de la entidad y se ha denominado: “¿Dónde están?, Acámbaro”, que tiene sede en dicho municipio. Incluso en los procesos organizativos de las familias y los colectivos, Guanajuato ha vivido intensamente el año que está terminando, ya que pasó de tener dos agrupaciones históricas (“Justicia y Esperanza” en San Luis de la Paz y “Cazadores” en León), a contar casi con una decena de grupos organizados exigiendo justicia.

Acámbaro es un municipio del sur del estado. Por su cercanía geográfica y cultural con Michoacán comparte muchas de las prácticas y de las identidades con la entidad vecina. Una vez, Emma Aguado una locutora y periodista acambarense me dijo que se identificaban más con Michoacán que con el corredor industrial guanajuatense (Acámbaro está más cerca de Morelia que de Guanajuato capital). Parte de ese acervo cultural es el libro que la misma Emma escribió en 2014 titulado “El pan de Acámbaro”. Ella también colaboró en la formación del “Observatorio Acambarense de Derechos Humanos Fray Raúl Vera”, organización que lleva el nombre del dominico defensor de derechos humanos oriundo de este municipio.

Aunque el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en Acámbaro establece que existen 62 personas desaparecidas y 7 de cada 10 fueron desaparecidas durante los últimos 2 años, el colectivo “¿Dónde están?, Acámbaro” señala que pueden ser cientos. Un ejemplo de cómo las carpetas iniciadas en la Fiscalía sólo representan un porcentaje de los casos de personas desaparecidas se hizo evidente en Salvatierra, cuando más de 250 familiares de personas desaparecidas asistieron a tomar pruebas de ADN, muchas de ellas de manera anónima; gran parte de estos casos no han sido denunciados ante el ministerio público. En medios públicos, diputadas locales han señalado que están desapareciendo adolescentes en el sur del Estado.

Hay que recordar que, en el corredor industrial del estado está ampliamente documentada la desaparición cometida por particulares, lo que -según los datos analizados- podría estar sucediendo también en el sur de Guanajuato, Acámbaro incluido. Estos datos no son menores, deberían ser la base del análisis del contexto estatal y municipal que las autoridades están obligadas a realizar de manera permanente. Por su parte, la fuerza de los colectivos representa, según el académico Fabrizio Lorusso, la vitalidad del movimiento de familias de personas desaparecidas en la entidad, y mientras no haya una causa social tan sentida y amplia como ésta se constituye como el movimiento social de exigencia de justicia más importante en la historia reciente en la entidad.

Por supuesto que la agenda de este movimiento no es sencilla, la primera y más importante es exigir a las autoridades que investiguen dónde están las 2,800 personas desaparecidas, y en especial, los más de 300 casos aglutinados en estas colectividades. También está, como se ha dicho, vigilar el proceso de implementación del derecho a ser buscado que tienen todas las personas desaparecidas y la atención a víctimas, no sólo en términos de observar su desempeño, sino también participando tanto en el Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda como en el Consultivo de la Comisión de Víctimas. Ambos relacionados con sus respectivos Sistemas Estatales.

Mención aparte requiere el trabajo de coadyuvancia y participación frente a la investigación que realiza la Fiscalía General de Justicia del Estado, que sigue sin elaborar Planes de Búsqueda en las carpetas de investigación penal y sin presentar un calendario de avances sobre la identificación forense de los hallazgos de las fosas clandestinas, que al menos este año suman más de 100 en la entidad.

Ya un grupo de profesionistas que participaron en la búsqueda de Salvatierra han presentado un informe preliminar de observación a nombre de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, en el que han señalado los aspectos que tienen que corregirse en las siguientes búsquedas generalizadas, como el trabajo técnico, mal realizado y con prisas. Sugieren incluso, la necesidad de contar con peritajes independientes para la identificación forense.

La búsqueda de las personas desaparecidas en Acámbaro ahora tiene nombre: se llama “¿Dónde están?”. Bienvenidas a la lucha.

Esperamos que la búsqueda en campo que está por comenzar en Acámbaro acerque a las familias a la verdad y a la justicia que tanto anhelan.