Las crisis migratorias que originan las decisiones políticas de los Estados

Ha pasado otro año en el que nuevamente volteamos para tratar de analizar y entender lo que ha sucedido en materia migratoria, lo que hemos avanzado o retrocedido en la protección, cuidado y atención de las niñas, niños, adolescentes y familias que, por diversas causas, han tenido que huir de sus lugares de origen para migrar de manera insegura e irregular.

Entre los esfuerzos que debemos reconocer se encuentran los siguientes. En el 2021, entraron en vigor reformas importantes en materia de protección a la niñez, adolescencia y familias en contextos de movilidad humana, y aunque dichas reformas solo reforzaron lo que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ya contemplaba desde el 2014, es decir, que la protección de los derechos de la niñez y adolescencia en movilidad no tiene nada que ver con su situación migratoria sino con considerarles como titulares de derechos humanos, esta armonización ha sido un gran punto de partida para transformar positivamente las acciones en la materia.

Si bien en el 2021 no se etiquetaron recursos específicos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para implementar estas reformas, es importante reconocer que desde el DIF Nacional se realizó un esfuerzo para transferir más de un mil 500 millones de pesos a través de convenios a 28 entidades federativas, principalmente para apoyarles en la creación o adecuaciones de centros de asistencia social y, en algunos casos, para fortalecer a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Lamentablemente esta transferencia de recursos no ha sido transparente, y la implementación de éstos en algunos estados, ha reforzado los modelos de atención sustentados en mantener a niñas, niños, adolescencia y familias en contextos de movilidad humana en espacios en donde está limitada su posibilidad de salir de los espacios y, muchas veces, alejados de las zonas urbanas.

Otro logro tiene que ver con la creación de comisiones o grupos de trabajo de protección de la niñez y adolescencia en contextos de movilidad humana en el ámbito estatal, lo que antes se rechazaba y argumentaba como responsabilidad única de la federación. Sin duda, este avance permite abrir muchas posibilidades para abordar esta problemática y articular distintas formas de trabajo y colaboración, no solo desde la federación, sino sumando a las entidades federativas, los municipios y a las organizaciones de la sociedad civil que tienen una presencia integral.

Adicional a lo anterior, otro logro alcanzado a propuesta de Save the Children fue haber obtenido un aumento por segundo año consecutivo para el Programa Atención a Refugiados del Anexo 18 enfocado a la niñez y adolescencia, cuyo monto para 2022 fue de más de 4 millones 600 mil pesos. Este logro se suma al desafío de saber cómo fueron utilizados esos recursos y en qué se benefició a la niñez y adolescencia solicitante de la condición de refugiados.

Además, Save the Children contribuyó con la capacitación de más de un mil 200 personas representantes de las 32 entidades federativas, en donde se abordaron conocimientos teóricos y prácticos en materia de protección de la niñez y adolescencia migrante, poniendo énfasis en el enfoque de derechos humanos y en la perspectiva de género.

En cuanto a los retos, son muchos y muy diversos. Algunos de ellos se han generado a partir de decisiones políticas de los países, y que han tenido repercusiones en México.

Por ejemplo, los ataques a Ucrania generaron el desplazamiento forzoso de más de 6 millones de ucranianos, principalmente hacia el oeste y el sur del país, así como a Polonia, Rumanía y a Europa Occidental. Alrededor de 71 mil cruzaron el Atlántico con destino principal hacia los Estados Unidos. Unos 46 mil 589 ingresaron a México vía aérea para permanecer en el país o para tratar de cruzar por tierra hacia los Estados Unidos.

Esta situación se resolvió relativamente rápido con la creación en Estados Unidos del programa “Unidos por Ucrania”, que permitía el ingreso seguro y directo de personas de esta nacionalidad que tuvieran redes familiares y responsables económicos en los Estados Unidos.

Otro ejemplo lo tenemos con las personas venezolanas, quienes al ingresar a los Estados Unidos no eran rechazadas por el Título 42, implementado para limitar los ingresos por razones de salud pública; sin embargo, esto hizo que se cuadruplicaran las entradas a los Estados Unidos entre octubre del 2021 y julio del 2022, con 438 mil personas venezolanas, cubanas y nicaragüenses, en comparación con los 94 mil del mismo periodo del 2021.

Este aumento fue correspondido por las autoridades estadounidenses incluyendo a los venezolanos en el Título 42 oficialmente a partir del 18 de octubre de 2022, medida que fue aceptada sin ningún análisis de las repercusiones y de la falta de capacidad institucional y de respuesta humanitaria que representaría para México, pero -sobre todo- en detrimento de los derechos de las y los venezolanos, quienes fueron recibidos en las ciudades fronterizas del norte de México, y a quienes el Instituto Nacional de Migración otorgaba Formas Migratorias Múltiples por 15 días naturales, tiempo en el que tendrían que abandonar el país o entrarían en la irregularidad de su estancia.

Adicionalmente, Estados Unidos creó el programa denominado “Proceso para venezolanos”, que emulaba las condiciones impuestas en el programa “Unidos por Ucrania”, es decir, además de contar con redes de apoyo y responsables económicos, los venezolanos deberían de llegar por avión, no haber entrado de manera ilegal a Panamá o a México, y no contar con doble nacionalidad o residencia en otro país.

Estas condiciones directamente descalificaban a quienes entraran a México de manera irregular a partir de la fecha mencionada, además de que solamente 24 mil personas venezolanas podían acceder a este programa y en México, entre enero y octubre del 2022, ingresaron de manera irregular más de 53 mil personas venezolanas, entre ellas, 9 mil 065 niñas, niños y adolescentes.

Esta decisión, no solamente generó desconcierto y frustración entre las personas venezolanas que eran devueltas a México o que, encontrándose en el país, no sabían si seguir adelante, quedarse en el lugar en donde se encontraban o tratar de regresar a su país, al saberse fuera de las reglas impuestas por el “Proceso para venezolanos”.

Algunas personas que se encontraban en Tapachula, Chiapas, incluidas familias y niñas, niños y adolescentes no acompañados, avanzaron al municipio de San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, en donde se corrió la voz que el Instituto Nacional de Migración se encontraba emitiendo Formas Migratorias Múltiples de manera expedita para otorgar una entrada regular y estancia temporal en México. Sin embargo, esta medida derivó en una emergencia de derechos humanos al tener una permanencia constante y por varias semanas de entre 7 mil y 14 mil personas migrantes (a veces más), en un municipio de un poco más de 15 mil habitantes.

La noticia del “Proceso para venezolanos” ocurría mientras las personas intentaban conseguir su Forma Migratoria Múltiple en esa localidad, y tuvo efectos devastadores para muchas de ellas que habían sobrevivido a los peligros del Tapón del Darién, habían atravesado territorios controlados por la delincuencia organizada, soportado condiciones climáticas, hambre y cansancio, y que ahora, por las decisiones políticas desiguales, veían su futuro derrumbado, sin recursos económicos y sin un lugar seguro al cuál ir.

Para la localidad de San Pedro Tapanatepec, las decisiones políticas en materia migratoria tuvieron un efecto directo para la población local, ya que la decisión de establecer una instalación del Instituto Nacional de Migración sin análisis, proyecciones o preparación, llevó al desabasto de bienes y servicios básicos, a la situación de calle y hacinamiento en la que se encontraba la población migrante, a la desprotección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, nacionales y extranjeros, lo que tuvo que requerir de la intervención de organizaciones de la sociedad civil y agencias de naciones unidas para apoyar esta emergencia.

En resumen, las decisiones políticas no solamente tienen un resultado político para mejorar o mantener una relación diplomática, sino que tienen un impacto directo en el bienestar y la seguridad de las personas, nacionales o extranjeras, en situación migratoria regular o irregular, en personas refugiadas o locales. Mientras se sigan tomando decisiones políticas sin el enfoque de derechos y sin diagnósticos y proyecciones realistas, las crisis humanitarias y de derechos humanos seguirán apareciendo y expandiéndose por los territorios.

* José Lugo es coordinador de Incidencia Política para la Protección de la Niñez de Save the Children (@SaveChildrenMx) organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países, atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Apoya a los niños y niñas a tener una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

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