Las celdas siguen vacías

Primero, la mala. La representación en México de Amnistía Internacional acaba de publicar un nuevo informe sobre la tortura que una vez más confirma la presencia epidémica de esta violación grave a los derechos humanos. Entre 2006 y 2014 ha crecido más de 100 veces la denuncia por tortura ante la Procuraduría General de la República. Por sí mismo, el dato dirime cualquier duda en cuanto a la crisis en México en materia de derechos humanos, aún más cuando, según declaró Madeleine Penman, investigadora de la organización, “cada año se dan menos de cinco consignaciones a nivel federal”. La tendencia sigue: más torturados sin que el sistema de justicia investigue, persiga, juzgue y condene a los torturadores.

Segundo, la buena. Pronto habrá una nueva ley general contra la tortura. Avanzan las discusiones entre autoridades, sociedad civil y academia. Aún hay diferencias precisas y relevantes por dirimir, pero hay también muchas coincidencias importantes. Tal vez estaremos dando un salto cualitativo en el camino correcto hacia la contención de la tortura en México. De nueva cuenta el legislador federal enfrentará una prueba histórica en materia de derechos humanos, no menor a la que enfrentó en el 2011, cuando votó la reforma constitucional correspondiente.

Tercero, el siguiente paso. Necesitamos nuevas leyes pero también necesitamos nuevas instituciones para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. La Campaña Nacional contra la Tortura de Insyde incluyó, entre muchas otras propuestas, la creación de una unidad especializada contra la tortura, cuyo diseño fue encargado al doctor Carlos Castresana Fernández. La trayectoria profesional del experto incluye haber conducido la exitosa Comisión Independiente contra la Impunidad de la ONU en Guatemala (CICIG) entre 2007 y 2010. Hoy se sabe bien que la CICIG ha sido pieza clave en múltiples investigaciones que han llevado a la justicia a miembros de la élite política de ese país centroamericano, incluyendo recientemente al presidente y a la vicepresidenta. El autor principal de la propuesta de unidad contra la tortura para México contó además con el apoyo del grupo de investigadores conformado por Silvia Blanco, Ibett Estrada, Silvano Cantú e Isabel Martínez.

[contextly_sidebar id=”0oEQhHhu2mtmd1rLxIpSCuDdEkOPYqdK”]El paso de Castresana por Guatemala es apenas uno de los varios capítulos destacados en su trayectoria sin paralelo en la lucha contra la impunidad al más alto nivel político y empresarial. Se cuentan en su haber, por ejemplo, las acusaciones interpuestas contra Augusto Pinochet y contra miembros de la dictadura militar argentina. Así las cosas, la propuesta de unidad especializada contra la tortura que Insyde le solicitó se inspira en la puesta en práctica de estándares de investigación comparables al más alto perfil de la justicia internacional.

En cada visita a México durante la elaboración y presentación de este proyecto, el juez Castresana colocó en el centro lo siguiente: los órganos de enjuiciamiento han de declarar la inadmisibilidad de evidencias obtenidas bajo tortura. Esta acción se erige en principal herramienta para su erradicación. Así, el control judicial es la más importante medida de contención y de esta manera quedó anotado en el documento de la propuesta. Pero la unidad de investigación misma se soporta a su vez igualmente en controles; por ejemplo: “Los investigadores han de ser independientes de las instituciones objeto de investigación”.

Asimismo, en lo que se refiere a la estructura organizativa de la propia unidad, se incluyen las oficinas científica, de enlace y de investigación, análisis y acusación. En cuanto a los procesos de trabajo, el documento explica paso a paso las etapas de una investigación adecuada, comenzando por la reunión de planeación convocada por el ministerio público. Se enlistan las evidencias científicas mínimas que deben incorporarse “que corroboren las declaraciones de la víctima o testigos”. Y aún más controles: “Cuando se alegue que el autor del delito pertenece a las fuerzas de seguridad, se ha de garantizar que se impida el acceso a la escena del crimen de los oficiales y agentes de seguridad pública presuntamente relacionados con los hechos investigados”.

Las nuevas leyes son necesarias pero nunca suficientes para contener la crisis de derechos humanos en México. El rediseño institucional es indispensable para frenar la impunidad. La unidad especializada contra la tortura que Insyde promueve seguramente podrá ser mejorada y para ello la pondremos a discusión ante todo actor interesado justamente para llevar el mejor modelo posible al cuerpo de la ley antes referida. De cualquier manera, al tenor de la información apenas dada a conocer por Amnistía Internacional, lo que hacen actualmente las procuradurías garantiza el amontonamiento de las víctimas, mientras las celdas que esperan a los victimarios condenados aún siguen vacías.

@ErnestoLPV