Las candidaturas independientes ante un Congreso complejo, cooptado y cobarde…

Por: David Domínguez (@DavidMDominguez)

No obstante a que muchos ciudadanos y múltiples organizaciones de la sociedad civil hemos impulsado la creación y consolidación de nuevos –algunos no tan nuevos– mecanismos de participación ciudadana, los partidos políticos que conforman la llamada “partidocracia” en México se empeñan en frenar, obstaculizar e incluso a cínicamente bloquear cualquier intento de involucramiento ciudadano en los asuntos públicos de nuestro país.

¿Por qué afirmo tal cosa? Simple, porque el proceso legislativo que se ha llevado para la expedición de legislaciones secundarias en materia político-electoral ha tenido una desmesurada influencia del gobierno federal en turno, por conducto de la secretaría de gobernación y su coordinación de enlace legislativo. Sí, no es un secreto que el llamado “saque” de propuestas surgió del pacto por México y éstas se convirtieron en iniciativas puntuales, con artículos y hasta exposición de motivos, hechas (todas) por el personal de la secretaría antes mencionada. Es entonces que no sólo cuestiono el espontáneo interés del PRI en proponer la regulación de las herramientas de democracia directa, ya elevadas a rango constitucional en agosto de 2012, sino que además cuestiono severamente la autonomía de nuestro Poder Legislativo Federal, que ha dejado a un lado su obligación –por mandato constitucional– de legislar y prácticamente ha delegado dicha facultad al ejecutivo federal…

[contextly_sidebar id=”3546c93bc6a35b07f06c51136bbf8321″]Ahora resulta que el Congreso funciona a través de acuerdos políticos y no de Leyes y reglamentos; que los diputados y senadores de la República en lugar de tener autonomía e independencia legislativa, dependen de los coordinadores parlamentarios y los presidentes de sus partidos; que los órganos de gobierno (mesas directivas) de ambas cámaras están subordinadas a las juntas de coordinación política integradas por los grupos parlamentarios, es decir, de partidos políticos, y, peor aún, que la soberanía nacional residida en todos los ciudadanos depende de si uno logra o no cruzar las rejas, filtros, arcos de seguridad, interrogatorios, inspecciones con “garret” (identificador de metales y/o armas), guardias de seguridad, personal de recepción poco amable, llamadas de confirmación para la autorización del ingreso y hasta de la persecución y hostigamiento interno del personal de “resguardo y seguridad”, por el simple hecho de interesarse en los asuntos políticos de la nación.

El pasado miércoles 19 de marzo, los grupos parlamentarios del PRD en el Senado y en San Lázaro presentaron una serie de iniciativas de legislación secundaria de la reforma político-electoral de 2013, de las cuales destaco sólo la que crea una “Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE)”. En dicha iniciativa –porque sólo es eso, una iniciativa– se incluyeron, casi por condescendencia, algunas consideraciones para las candidaturas independientes. El título segundo, Capítulo segundo, que contiene los artículos 157, 158, 159 y 160 del proyecto de Ley, es lo único que encontré que regula a dichas candidaturas. Sin embargo, ahondaré en el artículo 158, numeral 1 que cito textualmente:

1. El número mínimo de firmas que se requiere para solicitar el registro al cargo de Presidente de la República, fórmula de senador o diputado federal es del dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores con corte al mes de octubre del año previo a la elección, en el ámbito nacional, de la entidad federativa y distrito electoral respectivamente…”

En esta redacción, se estipula arbitrariamente y sin justificación alguna, que los que aspiren –porque sólo es una mera aspiración– ser candidatos independientes para un determinado cargo de elección popular, deberán juntar como mínimo el 2% de la lista nominal de electores. Es decir, para el caso de aspirantes a la presidencia, necesitarían el aval de poco más de 1.5 millones de ciudadanos, para lista de fórmulas aspirantes al senado por el Distrito Federal requerirían poco más de 866,000 ciudadanos, y para el caso de una fórmula aspirante a diputado federal igualmente en la capital del país tendrían que agrupar a poco más de 5,000 ciudadanos.

La proporción entre lo que se pide para solicitar el registro de un partido político nacional y el respaldo que necesitaría un ciudadano que aspira a convertirse en un candidato independiente a la presidencia de la República es realmente abismal. Entre el 0.26% del padrón electoral equivalente a 230,279 ciudadanos y el 2% de la lista nominal de electores equivalente a 1,541,502 ciudadanos hay una diferencia de 1,311,223 ciudadanos. Esto con base en los datos actualizados en la página del IFE al 14 de marzo del presente año. Por lo tanto, nada justifica que a los ciudadanos sin partido, que aspiren ser candidatos independientes, se les pida más de lo que se requiere para solicitar el registro para formar un partido político nacional.

A pesar de los meses de intenso trabajo de los ciudadanos y diversas OSC para sentar las bases mínimas que se tenían que considerar en la legislación electoral y así lograr la consolidación de las candidaturas independientes y hacerlas realmente operables, los legisladores del PRD propusieron, de un plumazo, únicamente 4 artículos que sesgadamente se acercan a lo que debería de ser una legislación secundaria para la –también única– alternativa de participación en la contienda por los diversos cargos de elección popular, que no sean los partidos.

Comparemos un poco. Los que hemos venido impulsado dichas herramientas de participación ciudadana directa, casi en los últimos 3 años, enviamos a los legisladores los siguientes ejes temáticos para las candidaturas independientes: 1) Requisitos generales, 2) Representación y territorialidad, 3) Financiamiento, 4) Fiscalización, 5) Acceso a medios de comunicación, 7) Acceso a medios de impugnación, 8) Representación ante los órganos electorales, 9) Sanciones y 10) Medios digitales o electrónicos para facilitar los procesos. El proyecto de la LEGIPE, en los 4 artículos que mencioné anteriormente y que propone el PRD, sólo representan lo equivalente a un subtema de la representación y la territorialidad que hemos propuesto las OSC.

De nueva cuenta, los ciudadanos somos desplazados en la de toma de decisiones de los asuntos públicos, los legisladores siguen creyendo que vivimos en una democracia únicamente representativa y no han aceptado –y no se ve para cuando aceptarán– que nuestra Constitución ordena también ser una democracia participativa desde agosto de 2012, justamente cuando se lograron establecer dichos mecanismos como derechos constitucionales. Seguimos a expensas de lo que la clase política coloquialmente llamada “partidocracia” nos quiera dar, como si los ciudadanos no existiéramos en su concepción de la realidad social mexicana y seamos simples votos en las urnas electorales cada 3 años…

México se enfrentará a un proceso electoral complicado para el próximo año; incertidumbre jurídica y acuerdos políticos entre los mismo de siempre justificarán las omisiones y errores políticos de los partidos y seremos nuevamente víctimas del cálculo electoral trianual. Sin embargo, confío en que las candidaturas independientes se lograrán, a pesar de enfrentarse ante un Congreso complejo, cooptado, pero sobre todo cobarde.

 

* David Domínguez ha sido promotor de los mecanismos de democracia directa desde 2009. Fue uno de los iniciadores e impulsores del movimiento #ReformaPoliticaYA en 2011 y actualmente es integrante de MOVIDEMO, A.C.