La vivienda como moneda o como derecho

¿Hemos convertido el derecho a la vivienda en un mero derecho a la inversión? Nadie duda que tener una vivienda –en la modalidad y régimen que sea– cuesta y que la posibilidad de costearla es susceptible al oleaje de la economía. Pero en las últimas décadas, México ha transitado de tener una política de vivienda más o menos diversificada a una centrada en fungir como motor del mercado inmobiliario. Si quedaban dudas de este proceso de financiarización de la vivienda, la pandemia nos lo ha dejado en claro. A diferencia de muchos otros países, en el nuestro no se han adoptado medidas ni para garantizar que las personas habitantes de las calles tengan un espacio de resguardo durante la contingencia, ni para prevenir y mitigar los efectos de la ola de desalojos generada por el paro económico. Cuando se ha mencionado la vivienda en el marco de la atención al COVID-19, tanto autoridades locales como federales lo han hecho para referirse a medidas encaminadas a reactivar la industria de la construcción y la compraventa de inmuebles.

La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa mediáticamente discreta pero de gran trascendencia: las reformas a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Con estas modificaciones se permitiría, entre otros, que las personas trabajadoras de la economía formal puedan adquirir terrenos, así como el trato directo entre los particulares y las inmobiliarias. Además, abriría la puerta a que la subcuenta individual de vivienda pueda ser utilizada como garantía de pago para otras instituciones financieras.

No pongo en duda que la aprobación de esta iniciativa presentada por el presidente traerá ciertos beneficios para las personas trabajadoras. Pero algunas de estas medidas –como la posibilidad de comprar terrenos que no necesariamente se van a habitar o la refinanciación de créditos con la subcuenta individual-– parecieran desdibujar el objetivo original de instituciones como el Infonavit. Y nos obliga a cuestionar quiénes son los verdaderos destinatarios de estas reformas.

Desde la presentación de la iniciativa, las diversas autoridades que abogaron por su aprobación señalaron la reactivación económica como uno de sus principales objetivos. Si bien se destacó ampliamente el beneficio que traería para las personas trabajadoras, el papel protagónico en el discurso fue reservado a la inyección de capital para el sector de construcción y de la industria inmobiliaria. No debe extrañarnos que, a diferencia de las exigencias e iniciativas señaladas por activistas y organizaciones dedicadas al derecho a la vivienda, ésta fue celebrada al unísono por diversas empresas financieras e inmobiliarias.

Mientras se invierten esfuerzos para garantizar el constante flujo de efectivo para los mercados de propiedades inmuebles y de la construcción, las autoridades locales y federales continúan sin atender los desalojos relacionados a la pandemia. La actual contingencia debió ser un punto de quiebre para replantear y diversificar la política de vivienda, apostando incluso a medios alternativos de tenencia como han explorado otras latitudes. Pero lejos de señales de cambio lo que vemos es la confirmación de una tendencia: en México la vivienda es cada vez más una divisa y menos un derecho.

@kalycho