Violencia contra personas defensoras: desafío para el Acuerdo de Escazú

La semana pasada México y Argentina presentaron ante Naciones Unidas el depósito de ratificación del “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina”, conocido como Acuerdo de Escazú. Su puesta en vigor ha sido anunciada para el 22 de abril en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra. Desde la sociedad civil fue celebrada la noticia, enfatizando que “la plena implementación del Acuerdo se requiere con urgencia en una región donde los conflictos socioambientales por el uso que de los recursos naturales hacen los megaproyectos de desarrollo son una constante y ponen en riesgo a las personas defensoras ambientales”. A su vez se hizo un llamado a los Estados parte a que “protejan de manera urgente, efectiva e integral a las personas defensoras ambientales y los territorios de los pueblos indígenas para garantizar el ejercicio de sus derechos”.

La alerta lanzada cobra plena vigencia para países como el nuestro, donde la estigmatización, las agresiones y asesinatos de defensoras y defensores son el pan de cada día.  Entre 2012 y 2019 el Centro Mexicano de Derecho Ambiental registró casi 500 ataques contra personas defensoras. Tan solo en ese último año, parte ya de la administración de López Obrador, se identificaron 39 actos de violencia, de las cuales el homicidio ocupó el primer lugar, cobrando la vida de 12 personas defensoras. Uno de los casos que más conmovió a la opinión pública fue el de Samir Flores, líder campesino del movimiento contra el Proyecto Integral Morelos, quien fue asesinado justo en momentos donde se pretendía dar pasos para intentar reactivar una de las obras de este complejo industrial, bajo un ejercicio de consulta popular contrario a las obligaciones internacionales en materia de derechos de pueblos indígenas.

La espiral de agresiones tristemente no cesa. Paradójicamente, el mismo día del anuncio sobre el Acuerdo de Escazú, despertamos con la nota roja por el crimen de otro destacado defensor, se trató de Fidel Heras Cruz, quien se desempeñaba como Comisariado de Bienes Ejidales del Ejido de Paso de la Reyna. Más de 300 organizaciones condenaron este abominable hecho, recordando que Fidel “participó durante más de una década en el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER), organización regional de pueblos, municipios, ejidos, comunidades y organizaciones de la Sierra Sur y Costa oaxaqueña donde participan pueblos chatinos, mixtecos y afromexicanos afectados por la pretensión de gobiernos, caciques y empresas por imponer los proyectos hidroeléctricos: Paso de la Reina y Río Verde”. Exigieron “a los gobiernos federal y estatal una investigación expedita para dar con los responsables intelectuales y materiales del homicidio”.

Por desgracia estos incidentes se repiten de una administración a otra y a lo largo y ancho de toda la geografía mexicana, quedando muchas veces en el olvido por parte de las autoridades y la impunidad de los perpetradores. Como telón de fondo está la violencia estructural y la grave crisis de derechos humanos que padece al país desde hace décadas, donde se confabulan redes de crimen y corrupción entre gobiernos, empresas y la delincuencia organizada. También son resultado de las políticas neoliberales de “desarrollo” que han permitido la proliferación indiscriminada en los territorios de megaproyectos mineros, energéticos, de infraestructura, agroindustriales y de toda índole, que han provocado un incremento incontrolable de la conflictividad socioambiental y la división del tejido comunitario.

Frente a este sórdido escenario, la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú es una señal de esperanza que suma un mecanismo más de protección internacional para movimientos, comunidades indígenas y activistas en la defensa de derechos colectivos y ambientales. Sin embargo, mientras el Estado y la sociedad en su conjunto no den pasos firmes para desmantelar las redes de corrupción e impunidad, y las políticas extractivistas continúen intactas, Escazú podría estar destinado a ser otro lindo tratado ratificado por México, pero con escasas posibilidades de cumplimiento.

* Edmundo del Pozo es coordinador del programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.