La violencia como paz

Existe una obsesión yucateca por la paz. Desde temprana edad se nos enseña a sentir vergüenza por la sinceridad. Manifestar una opinión contraria es considerado una insolencia si no se reserva a la intimidad de ciertas compañías. Exigir es un acto de agresión permitido únicamente para quien lo ejerce desde el privilegio. El conflicto es un fantasma que debe ser ocultado tanto como sea posible, así sea en el ruidoso silencio del entorno familiar o en el olvido de la rebelión maya que mantuvo la región en conflicto armado interno por casi sesenta años. Independientemente de lo que pudiesen opinar en Roma, aquí dar la otra mejilla es el mandamiento más adorado. Nos crían creyendo que la paz es una virtud heredada genéticamente y al mismo tiempo un recurso en constante amenaza: la oposición es una amenaza para la paz; cuestionar es una amenaza para la paz; la diversidad sexual es una amenaza para la paz; la inmigración de gente de otros estados es una amenaza para la paz; la libertad de expresión es una amenaza para la paz; el feminismo es una amenaza para la paz. La paz, la paz, la paz. Aquella obsesión que nos impide conciliar el sueño.

Bajo el influjo de este delirio, no debiera sorprendernos que en las últimas administraciones del gobierno del Estado el discurso oficial haya sustituido la necesidad de consolidar un Estado de Derecho por una necia cruzada para “mantener la paz”, así sea con la violencia. El discurso de la paz es utilizado tanto para aprobar partidas presupuestarias opacas destinadas a la compra de equipo de tecnología policial, como para justificar cateos arbitrarios a personas provenientes de otras entidades o para estigmatizar públicamente al movimiento feminista. La paz –en abstracto, vacía, sin garantías de justicia e institucionalidad, sin un compromiso por el pleno ejercicio de los derechos humanos, formulada en términos clasistas y machistas- es un fetiche poderoso para el ejercicio del poder en Yucatán.

Este domingo 19 de enero, elementos de la Policía del Estado de Yucatán arrojaron una granada de gas lacrimógeno en contra de una marcha de cerca de tres mil personas, quienes se dirigían a la sede del informe de Mauricio Vila, actual gobernador, para protestar en contra del reemplacamiento de vehículos. Hombres, mujeres, niñas, niños, personas con discapacidad y personas adultas mayores corrieron casi a ciegas del humo, bajo el temor de que las agresiones escalasen. Hasta el momento de la redacción de este texto, algunos medios reportaban que entre tres y cuatro personas habrían sido detenidas en el operativo. A pesar de que la Secretaría de Seguridad Pública asegura que el incidente fue consecuencia de un forcejeo entre policías y manifestantes que intentaban traspasar una valla humana de seguridad, el coro de videos difundidos en redes sociales presenta una versión diferente. El hashtag #VilaRepresor se volvió tendencia en la entidad como una clara señal en contra de los hechos.

El uso desproporcionado de la fuerza en contra de manifestaciones públicas no es ninguna novedad en Yucatán. El 13 de marzo de 2007, al menos 48 personas fueron detenidas arbitrariamente en el marco de la marcha realizada en contra de la visita de George Bush, entonces presidente de Estados Unidos. El 4 de julio de 2011, civiles vinculados a la administración de la entonces alcaldesa Angélica Araujo golpearon a participantes de una manifestación en contra de la construcción de un paso deprimido en la principal avenida de la ciudad. El 3 de mayo de 2017, lo que empezó como una diligencia de desalojo terminó en un acto de represión policial en contra de vecinos de la comisaría de Chablekal, que se oponían al desahucio de una persona adulta mayor. Más recientemente, el 28 de noviembre de 2019, al menos seis mujeres fueron detenidas arbitrariamente por policías estatales cuando se dirigían a la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

Lo ocurrido el pasado domingo confirma que la paz sin origen y destino que tanto apela el discurso oficial en Yucatán tiene como una de sus principales finalidades justificar lo injustificable. Despojada de adjetivos y de compromisos específicos para alcanzar un Estado de Derecho y la garantía de derechos fundamentales, se convierte en un chantaje para la obediencia y una excusa para criminalizar a la oposición. Pero la paz no es algo que se posee. Se ejerce a través de prácticas permanentes que construyen tejido social, reforzando la confianza entre la población y sus instituciones.

Cuando no es posible ejercer el derecho a la protesta en contra de las acciones y omisiones del Estado –así sea un reemplacamiento, así sea la contaminación de los cenotes por la industria ganadera a gran escala, así sea la violencia social e institucional de género, así sea la negación de derechos de la comunidad LGBT+–, lo que existe no es paz sino sumisión. Esta dinámica perversa pregona que para las autoridades son prescindibles el disenso, la institucionalidad y los derechos humanos. Y es justamente eso lo que vimos (otra vez) el pasado domingo: Yucatán es el Estado de la violenta obsesión por la paz.

@kalycho