La vía civil de la seguridad en el 5to constitucional transitorio
blogeditor · 3 de octubre de 2022
En la reforma constitucional publicada el 26 de marzo del 2019 mediante la cual se creó la Guardia Nacional, fue incluido, entre otros, el siguiente artículo quinto transitorio: “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
No prosperó la reciente propuesta de reforma que buscaba ampliar esos cinco años hasta el 2029, formalmente presentada por el PRI, aunque de facto asumida como propia por el López Obrador, pero se ha informado que avanzan las conversaciones para aprobar una nueva iniciativa de modificaciones al transitorio.
Ni el plazo aprobado en el 2019 ni el propuesto ahora para extenderlo cinco años más tienen soporte en planes que incluyen la rendición de cuentas a través de la evaluación de procesos, resultados, impacto y presupuestal. Esto, sumado a la coincidencia entre el fin del periodo aprobado y el término del sexenio federal, obliga a interpretar esa reforma como una decisión política y no como una decisión propia de una política pública, si entendemos que la validez de ésta pasa justamente por su evaluación con base empírica.
Las discusiones en sede legislativa de las últimas semanas han dejado en claro que estamos más ante una disputa de poder y menos ante el contraste de proyectos de política pública de seguridad ciudadana. Para comprobarlo, solo hay que confirmar que las intervenciones en tribuna no incluyen teorías causales basadas en evidencia que respondan qué funciona para reducir los temores, los riesgos y los daños y qué no.
La discusión dominante en el espectro político hoy en México, sea del color que sea, está desconectada de la ciencia aplicada a la seguridad ciudadana -las excepciones son mínimas-. Ya sea a favor o en contra de la propuesta de ampliar al plazo de intervención militar, existe un acuerdo tácito que libra a las personas en cargos públicos de acudir a la ciencia para justificar sus posturas. Entonces las discusiones no tienen marcos de referencia que distingan lo verificable y lo no verificable en la realidad; por ejemplo, se puede afirmar que la intervención militar es necesaria para reducir la delincuencia organizada sin necesidad de mostrar cómo una cosa está conectada con la otra.
Esto que vemos hoy es resultado de una ruta de Estado: a casi treinta años de operaciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nadie o casi nadie siquiera repara en la ausencia de vínculos causales que validen o refuten, con base en la ciencia, qué funciona y qué no para construir entornos seguros. Ese contexto civil engendró la preferencia creciente por la vía militar, sin aduana de justificación con conocimiento de causa.
La hegemonía de la política de seguridad como “zona libre de evidencia”, como alguien le llamó, no equivale al hecho de que no existen en México prácticas prometedoras y buenas prácticas en seguridad ciudadana, soportadas en la investigación científica aplicable. El problema, reitero, es que estamos asfixiados por la hegemonía de una discusión que no requiere pruebas, permitiendo así que nadie o casi nadie vaya por ellas. Miren este ejemplo: apenas hace unos días una legisladora afirmaba que la policía municipal está en el abandono, sin reparar en el hecho probado por el INEGI de que hay instituciones policiales municipales que merecen confianza social mayoritaria desde hace años. Es peor, esa senadora dice promover el fortalecimiento de instituciones civiles y ella misma no recoge los casos que serían referencia justamente a favor de su argumento.
El nuevo 5to transitorio constitucional puede ser otra vez resultado de una disputa política sin fundamento científico alguno asociado a la seguridad ciudadana, venciendo quien tenga más votos, independientemente de la ausencia de argumentos verificables en la realidad, pero también podría representar un esfuerzo por reconstruir el diseño institucional del Estado mexicano, por ejemplo, activando la transición del Sistema Nacional de Seguridad Pública hacia un órgano de evaluación y certificación de estándares.
En todo caso, si la negociación en curso respecto a ese transitorio está supeditada a los compromisos entre el presidente y las Fuerzas Armadas, todo lo que se diga a favor de la vía civil podría ser estéril.