Redacción Animal Político · 1 de noviembre de 2022
Desde que se crearon las comisiones de la verdad de Guerra Sucia y del caso Ayotzinapa, se alertó de que no contaban con la independencia que requieren este tipo de mecanismos. Ambas están controladas por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Alejandro Encinas.
La independencia de los mecanismos extraordinarios de verdad y justicia para crímenes atroces no es un capricho técnico. Mantener a la política al centro supedita la verdad y la justicia a las tensiones de gobierno, a las visiones partidistas, a las agendas electorales, a las presiones del gabinete y a privilegiar la coyuntura. Todo esto resta credibilidad a procesos que se sustentan en ella. Contaminar la búsqueda de verdad y justicia con el lodazal propio de la política es un gravísimo error. La legitimidad se cae por los suelos. Es por ello que se requiere total independencia.
Sin embargo, la historia mexicana repite una y otra vez que toda la clase política, sin importar partido, no está dispuesta a perder el control político de la verdad y la justicia.
El caso reciente revelado por el reportaje del NYT (El caso de los 43 de Ayotzinapa: las pruebas se desmoronaron – The New York Times (nytimes.com)) sobre el informe presentado por Alejandro Encinas sobre el caso Ayotzinapa es un ejemplo más.
Encinas hizo público su informe sin presentarlo antes a los familiares de las víctimas ni al GIEI. Lo hizo también a espaldas de la fiscalía especial del caso. El motivo quedó claro en el reportaje: el presidente exigía resultados de inmediato. Se antepuso la agenda de gobierno a la verdad y la justicia. Las prisas llevaron a presentar información no validada, incluso falsa. Encinas, sin facultades para ello, ofreció beneficios judiciales a Tomás Zerón. Faltaba menos, la FGR tampoco cuenta con independencia y obedece a los intereses de gobierno.
Esto llevó a la renuncia del fiscal especial y ahora es acusado por el presidente como quien intentó descarrilar el proceso. Nada más falso. En lugar de garantizar independencia, el reemplazo en la fiscalía especial es con una persona cercana al presidente, así de burdo. Quien arruina el proceso es López Obrador al no querer perder el control político y Alejandro Encinas que se presta a ello.
La justificación de Encinas es lamentable: “En todas las investigaciones hay aciertos y errores”. Podría empezar por reconocer que la falta de independencia de estas comisiones elimina la posibilidad de conducirlas de manera correcta.
Por cierto, Encinas también encabeza la comisión de Guerra Sucia. ¿Con qué credibilidad puede continuar si ya mostró que sus prioridades son las del presidente? A esto se suman graves acusaciones sobre el proceder de esta comisión (La guerra sucia en México: Recapitulación y ambivalencia (laguerrasuciamx.com)) y la renuncia de una comisionada. Esto no ha alcanzado notoriedad pública ya que ocurrió en los mismos días en que se presentó el informe sobre Ayotzinapa, pero que debería de haber llevado a la redefinición de esta comisión para lograr su independencia o la renuncia del resto de comisionados.
Ambas comisiones carecen de la independencia necesaria. Queda claro que sin ella no se garantiza nada. Si había dudas sobre su confiabilidad, las decisiones del presidente obedecidas ciegamente por Encinas y Gertz Manero han terminado con ella. Si en realidad tienen un compromiso con la verdad y la justicia, pueden demostrarlo otorgando independencia a esas comisiones y a la FGR. Cualquier otra solución es simulación.
Estos casos minan la confianza de la ciudadanía por los mecanismos extraordinarios de verdad y justicia. Es por ello importante recalcar que lo realizado por este gobierno no se apega a ningún estándar internacional mínimo. La verdad y la justicia siguen secuestradas por la política.