La vacunación es un derecho y todos somos responsables

A partir de la presentación de resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) Continua 2021, en agosto del presente año, se pudo constatar lo que muchos expertos del sector salud venían alertando desde hace ya algún tiempo, y esto es que las coberturas de vacunación en el país habían caído de manera preocupante. De acuerdo con el informe de resultados nacionales de esta misma encuesta, 27.5% de las y los niños de un año contaban con el esquema completo de vacunación, mientras que para los y las niñas de dos años es de 31.1%. Esto quiere decir que, actualmente en nuestro país, solo 3 de cada 10 niños y niñas de hasta dos años cuentan con el total de vacunas que les corresponden, según los lineamientos técnicos del Programa de Vacunación Universal de México que establece los biológicos, dosis e intervalos de aplicación que le corresponde a cada grupo de edad. Al respecto, no cabe duda de que la alerta sanitaria mundial, ocasionada por la COVID-19, tuvo un inmenso impacto en este resultado, sin embargo, es tiempo de plantear una hoja de ruta clara para solucionar este problema que puede representar riesgos inaceptables, por su evitabilidad, a la salud en la primera infancia.

En semanas previas hemos asistido a diversos foros y grupos de trabajo, convocados principalmente por organizaciones no gubernamentales especialistas en el tema, como Save the Children México, Oxfam México, la Academia Mexicana de Pediatría, Medical IMPACT, entre otros, que urgen a las autoridades, específicamente de los poderes ejecutivo y legislativo, a adoptar medidas concretas y expeditas para atender el rezago en los esquemas de vacunación infantil y ampliar los esfuerzos para atender a otras poblaciones en condiciones de vulnerabilidad social como son las personas adultas mayores, las personas que viven con padecimientos crónicos o a la población que viven en condiciones de aislamiento geográfico y de difícil acceso.

Entre las principales áreas de oportunidad expresadas por las organizaciones para fortalecer una estrategia de vacunación amplia y con equidad está lo relacionado con el Paquete Económico 2023, que prevé un recorte de 55 % en términos reales al Programa de Vacunación Universal en relación con su presupuesto aprobado para el año 2022. Si bien es cierto que en 2022 este programa contó con un amplio incremento presupuestal, esto se debió principalmente a que contemplaba la adquisición de vacunas para la COVID-19. De acuerdo con Save the Children, la reducción propuesta para 2023 puede agravar los problemas existentes y emergentes que tiene el programa a raíz de la pandemia y no considera un monto suficiente que permita atender y revertir los rezagos en vacunación, el problema de acceso y abasto de todas las vacunas y las deficiencias existentes en la red de frío en todo el país.

En los distintos foros se planteó la necesidad de implementar un sistema de información en materia de vacunación como se esboza en el “decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de vacunación” en 2017, que permita contar con información nominal sobre vacunas para poder dar un adecuado seguimiento a las coberturas y necesidades en esta materia. En este sentido, desde el Observatorio Ciudadano para el Acceso a los Medicamentos e Insumos para la Salud (OCAMIS) nos sumamos a la voluntad y a los esfuerzos del resto de las organizaciones y del sector público de salud para, en conjunto, ampliar el acceso a la información existente en cuanto a la disponibilidad de vacunas y biológicos, que favorezca la identificación de necesidades y la toma de decisiones con base en la evidencia para el bien de todos y todas.

* Óscar David Mejía (@OscarMejAr1) es secretario técnico del Observatorio Ciudadano para el Acceso a Medicamentos e Insumos para la Salud (@OCAMIS_meds).