La trata y los silencios cómplices

En 2020 se registraron 1.8 víctimas diarias (657 al año) de trata de personas: SESNSP.

Imagine esta historia. Karla Romero tiene 11 años. Acaba de pasar el año nuevo y el día de Reyes de 2016. Va a la mitad del último año de la primaria y apenas hace unos regresó a clases después de las vacaciones de invierno. Vive en San Pablo Monte, al sur de Tlaxcala. Tiene un hermano menor con el que le gusta jugar. Su escuela está a 10 minutos caminando de su casa. Después de tomar algún desayuno ligero, camina todos los días a su escuela. El miércoles 13 de enero de 2016 salió de casa y nunca llegó a clases. Testigos reportaron que vieron cómo la subieron a la fuerza a un vehículo. Al día de hoy sigue desaparecida.

Repito, tenía 11 años. San Pablo Monte colinda con Tenancingo, el municipio considerado como epicentro de la trata de personas en México. Sus padres reportaron la desaparición apenas se enteraron. Iniciaron la búsqueda, mientras las autoridades fueron omisas. Iniciaron los protocolos de búsqueda 121 horas después, ¡5 días después! Activaron la alerta Amber 21 días después, ¡21! Las probabilidades de encontrarla en la inmediatez se redujeron a cero. De acuerdo con la abogada de la familia del caso, Miriam Pascual, la procuradora de entonces, Alicia Fragoso, dijo que no había delito que perseguir y, por tanto, no podían llevar a cabo acciones de búsqueda, localización e investigación. El caso puso al desnudo no sólo la impunidad rampante sino al incapacidad institucional de brindar justicia a las cientos de niñas y adolescentes desaparecidas en Tlaxcala y en todo el país.

Hay pocos temas que nos enchinan la piel tanto, que nos ponen un nudo en la garganta hasta sacar las lágrimas y que nos indignan hasta la médula. Para mí, la trata de personas es uno de ellos. Casos como los de Karla que ganan relevancia mediática ayudan a visibilizar la dimensión del problema, pero no necesariamente lo convierte en prioridad para los gobiernos estatales ni para el gobierno federal. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2019 se registraron 676 víctimas; 574 en 2018; 537 en 2017; 782 en 2016 y 1,171 en 2015. Las fiscalías locales y federal fallan sistemáticamente en diseñar e implementar políticas públicas capaces de erradicar -o al menos prevenir, identificar, investigar y sancionar- la trata de personas en México.

El gobierno de Tlaxcala ha sido omiso en esta tarea. El delito es considerado del fuero local y a pesar de que el gobernador Marco Mena presentó un programa contra la trata que no ejecutó e instaló unidades de igualdad de género, el Centro de Justicia para las Mujeres y unificó protocolos en casos de violencia, nada de esto ha sido suficiente. Se requiere voluntad política y mucho temple para hacer frente a estas redes criminales, así como para garantizar la implementación -subrayo la palabra implementación- de mecanismos eficientes de investigación, persecución y desmantelamiento de dichas redes en la entidad y mecanismos eficientes de atención y reacción inmediata ante denuncias o reportes de desaparición, de lo contrario el número de personas víctimas de trata seguirá en aumento.

Actores políticos locales reportan que no se trata sólo de redes de tratantes en Tenancingo, San Pablo Monte o Acuamanala, sino que ya se ha extendido a 40 de 60 municipios en la entidad. Me cuesta trabajo entender los silencios cómplices de familiares, amigos, vecinos, autoridades e instituciones que lastiman tanto y que, indirecta e inconscientemente, contribuyen a que siga sucediendo. Por un lado existen amenazas y riesgos directos a quienes denuncian por el poder y control que han ganado estos grupos criminales en el territorio y, por otro, existe el miedo que prevalece ante la expectativa de que algo pueda suceder a quien levante la voz. De cualquier forma el silencio y la inacción imperan. Agrego una tercera razón por la que persisten la trata y las desapariciones: la incapacidad estratégica y operativa de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Trata de Personas de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala.

Si esa incapacidad existe, el gobierno federal, por medio de la Fiscalía General de la República, no puede abandonar a su suerte a la procuraduría estatal ante un delito recurrente de esta gravedad e impacto. Es momento de dar paso a una profunda reforma de acceso a la justicia con perspectiva de género que logre identificar y sancionar todas las violencias contra las mujeres y, en el caso de Tlaxcala, la trata de personas como una prioridad irrenunciable.

@luisffernandez