La tortura que no vemos

Durante los últimos 10 años, gracias al esfuerzo constante de personas víctimas y sus familiares, así como de organizaciones de la sociedad civil, la lucha contra la tortura en México ha sido posicionada en la agenda pública.

A partir de casos emblemáticos como el de los normalistas de Ayotzinapa, de la periodista Lydia Cacho o de la tortura sexual de la que fueron víctimas mujeres de Atenco, instancias internacionales como la Relatoría Especial sobre la Tortura de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han constatado la existencia en México de un patrón generalizado de tortura cometida durante los primeros momentos de la detención penal, que se prolonga hasta que la persona ha sido puesta a disposición ante autoridades de justicia.

Múltiples estudios, comunicaciones, audiencias y foros se han realizado sobre este fenómeno. Sin embargo, aún queda un camino largo que recorrer para que contemos con conocimiento pleno sobre los patrones de tortura en nuestros territorios, sobre todo de aquella que se comete en silencio y cuya práctica incluso se ha normalizado en distintos espacios: existe una tortura invisible.

La tortura que no vemos es aquella que ocurre más allá de la detención penal, y que no tiene como fin la obtención información sobre la posible comisión de un delito ni es cometida por cuerpos de seguridad o militares; es aquella que sucede en otros espacios y momentos de privación de la libertad y que es igual de real, igual de palpable, de profunda, de dolorosa.

Ocurre todos los días en hospitales psiquiátricos, donde personas viven aisladas de todo -a veces de sí- forzadas a consumir medicamentos, sometidas a prácticas como esterilizaciones forzadas, castraciones químicas o terapias electroconvulsivas en contra de su voluntad. Ocurre en los albergues para personas migrantes, cuando les niegan comida y acceso a servicios básicos, cuando, “por no ser de esta tierra”, se les priva de su derecho al libre tránsito.

Esta tortura invisible está en cada anexo público o privado que obliga a las personas consumidoras de sustancias a sufrir los estragos del síndrome de abstinencia como forma de castigo, que usa como método el desprecio, la trata de personas y los golpes como tratamiento.

Las estancias de niñas, niños y adolescentes o personas mayores sin redes de apoyo y las cárceles y centros de internamiento en los que las y los internos se sufren constantes abusos, falta de acceso a derechos y vejaciones son también ejemplos de esta tortura que no hemos alcanzado a visibilizar. O no lo suficiente.

La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes no es ajena a la existencia de esta práctica en espacios de privación de la libertad y establece las obligaciones de prevención y erradicación de tortura en este tipo de establecimientos e instalaciones, sin importar si son públicos o privados.

Se trata de un instrumento garantista que desde el 2017 hizo posible la creación del  Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) para realizar visitas de monitoreo de las condiciones de internamiento y reclusión en cualquiera de estos espacios. Sin embargo, tres años después, aún no se cuenta con diagnósticos confiables que nos puedan mostrar una dimensión sobre estos contextos de tortura.

Actualmente, contamos apenas con algunas fuentes de información oficial sobre la prevalencia de tortura en México en lugares de privación de libertad entre las que se encuentran el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH, La Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad (ENPOL) realizada por el INEGI, los Cuadernos Mensuales de Información Estadística Penitenciaria Nacional y el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales. Sin embargo, como es evidente, estos informes se centran en el Sistema Penitenciario, dejando fuera otros espacios de privación de la libertad como albergues del Sistema DIF, centros de detención migratoria, espacios de tratamiento residencial para personas consumidoras de drogas, hospitales psiquiátricos y centros de atención a la salud mental, entre otros, muchos de los que ni siquiera se sabe, en principio, su población actual.

Los datos son imprecisos e insuficientes. De las últimas informaciones oficiales disponibles se sabe que las personas privadas de la libertad en estos centros se distribuye de la siguiente manera: 214 mil 776 en centros penitenciarios para personas adultas (SSPC, 2020), 6 mil 891 adolescentes en centros de internamiento (INEGI, 2017), 51 mil 607 personas detenidas en estaciones migratorias (INM, 2019), 2 mil 682 personas en Hospitales Psiquiátricos (MNPT, 2018), 33 mil 118 niñas, niños y adolescentes en el sistema DIF (DIF, 2015). Y que, anualmente, en los Centros de Integración Juvenil y centros de tratamiento de drogas residenciales no gubernamentales se ingresa a alrededor de mil 820 y 71 mil 601 personas, respectivamente (CONADIC 2018).

Si bien es cierto que ahora, este mismo día, no sabemos cuántas personas hay detrás de esas paredes, lo que sí sabemos es que todas son potenciales víctimas de tortura y malos tratos, pues la privación de libertad aunada a la falta de mecanismos de prevención aumenta la posibilidad de que estos delitos sucedan y, peor aún, queden en la impunidad.

Aunque en los últimos años el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura ha intentado hacer un trabajo de mayor cobertura en el tema de diagnóstico y supervisión de espacios de privación de la libertad, el número de lugares supervisados a nivel nacional ha sido limitado y aún no se han realizado intervenciones en espacios no gubernamentales como anexos o albergues y estancias para las infancias y adolescencias o personas mayores operadas por particulares.

Por otro lado, pese a que algunas organizaciones de la sociedad civil hemos comenzado a realizar labores para visibilizar la tortura en escenarios diferentes a la detención penal, existen importantes barrearas para crear diagnósticos efectivos, principalmente a causa de la falta de información actualizada y desglosada, del hermetismo de las propias instituciones, la inexistencia de mecanismos adecuados de supervisión y la normalización -e incluso legalización- de prácticas tales como el internamiento involuntario o el aislamiento prolongado.

Pero, más allá de estas barreras, necesitamos avanzar: es urgente que trabajemos en conjunto por revelar esta tortura escondida: las comisiones nacional y estatales de derechos humanos, así como personas observadoras y organizaciones civiles debemos documentar, con detalle, cómo, quiénes, por qué y contra quiénes se cometen tortura y malos tratos en estos espacios.

La única forma de verdaderamente avanzar hacia la erradicación de estos delitos en el país se encuentra en visibilizar y dar voz a todas las víctimas, y sobre todo, en comenzar por reconocer que la tortura es una práctica generalizada que ha permeado más allá de las instituciones de procuración de justicia.

Debemos nombrar y ver de frente la tortura y las y los torturadores que aún no ha sido encarados, pero que han marcado la vida de muchas personas  en casos como el de los niños de un albergue estatal perteneciente al DIF en Tijuana que, como se supo este año, permanecían aislados durante días en un cuarto de “castigo”, sin luz, sin agua y sin instalaciones sanitarias. El caso de Ángela Saucedo y otras jóvenes que permanecieron privadas de libertad en un centro irregular de tratamiento a las adicciones nuevoleonense durante más de 10 días y posteriormente fueron víctimas de violación sexual; o los incontables casos de tortura en prisiones y psiquiátricos del país.

Es importante comenzar a hablar sobre esto de forma intensiva, insistente. Debemos comenzar a ver donde no nos dejan ver, escudriñar detrás de las paredes, pensar en las otras víctimas -en todas-: prevenir la tortura.

* Nayomi Aoyama es integrante del programa de Prevención de la Tortura de Documenta, análisis y acción para la justicia social A.C., organización dedicada a la defensa y promoción de personas privadas de la libertad, en conflicto con la ley y personas con discapacidad intelectual y psicosocial en el acceso a la justicia. También trabaja por la construcción de un sistema de atención a la salud mental respetuoso de derechos humanos y la prevención de la tortura en México.