La tortura, problema solucionable que nadie quiere resolver

En México se tortura, denuncia Amnistía Internacional en su último informe. Sesenta y cuatro por ciento de los mexicanos temen que serían torturados por la policía en caso de ser detenidos. Siete mil personas han denunciado sufrir la tortura y otros maltratos. Sólo siete torturadores han sido condenados. Pésimas noticias, pero que simplemente reiteran lo que sabemos desde hace décadas. Es la denuncia que ya nada desnuda, y que además no señala un responsable o una solución práctica. Y como el músculo de la indignación se cansa, sobre todo cuando quienes hacen la denuncia no acompañan su queja con soluciones eficaces, quisiera cuestionar a quienes quieren erradicar la tortura, pero no ofrecen alternativas. Pero también a los políticos que tienen en sus manos la posibilidad de legislar para cambiar las cosas y no lo hacen. Porque si no, de la observación certera de que en México se tortura, pasaremos a la indiferencia, concediendo que así son nuestras realidades, y que nada puede hacerse para cambiarlas.

Y es que, en realidad, la tortura es un problema solucionable. Puesto que la tortura es generalizada, no es necesario despedir a nuestros policías. La epidemia es señal de que el problema no son los enfermos, sino el contagio. Lo que necesitamos hacer es modificar las situaciones que engendran la tortura. Porque sucede que los lugares donde nuestros policías interrogan en mucho se parecen a los espacios de electrocución utilizados por el famoso psicólogo Stanley Milgram en sus experimentos. Con mucho ingenio, Milgram demostró que bajo las circunstancias adecuadas —el anonimato, el tener que seguir órdenes de una figura autoritaria, la existencia de un contrato laboral que desdibuja la responsabilidad moral— cualquiera de nosotros podría comportarse como un homicida Nazi. Cualquiera de nosotros sería un torturador. Cualquiera de nosotros podría aplicar una descarga eléctrica casi letal a otro ser humano. Aunque usted no lo creería, nuestra capacidad de resistencia moral puede ser fácilmente aplanada en esas condiciones.

Por eso, si usted fuere policía por un día, y estuviere en la posición de tener que interrogar a un detenido, en México probablemente terminaría por torturarlo. Pero si lo cambiáramos a usted de nación y lo pusiéramos a interrogar en San Francisco o en Londres, muy probablemente no lo torturaría. ¿Y por qué es relevante tal cambio de escenario? Porque en esas ciudades la policía ha comprendido mejor las lecciones de Milgram. Porque allá es obligatorio videograbar los interrogatorios policiales. Porque allá los procedimientos y los métodos importan, no sólo los resultados. Porque quien frente a una cámara decida torturar, se arriesga a generar pruebas muy gráficas de su culpabilidad. Se arriesga a ser colgado en Youtube. Se arriesga a ser sancionado. La medida tiene amplio apoyo entre los policías mismos, pues evita que enfrenten alegaciones falsas de tortura. Quien miente sobre el hecho de ser torturado es fácilmente expuesto con el video. En cambio en México, en ningún lado es legalmente obligatoria la presencia de cámaras para interrogar. Acá, en todos lados se protege el anonimato de quienes interrogan. Acá, en todos lados se da por sentado que trabajar en la policía consiste en obedecer ordenes. Acá, importa resolver los delitos, no cómo se resuelvan.

A principios de este año, los Senadores Roberto Gil, Arely Gómez, y Camacho Solís, en la Comisión de Justicia, tuvieron la oportunidad de cambiar esto. Pudieron ponernos a la par de Londres y de San Francisco. Pudieron ordenar la videograbación de interrogatorios en el Código Nacional de Procedimientos Penales recién aprobado. Optaron por no hacerlo. Prefirieron escribir una norma escueta, con menos de setenta palabras, para regular el encuentro que, según la encuesta de Amnistía internacional, los mexicanos más temen. Prefirieron dejar que nuestros policías sigan operando bajo órdenes autoritarias, pero sin reglas. Con pistola, pero sin rendición de cuentas. Usando la obscuridad como herramienta, en lugar de la luz.

Y lo hicieron a pesar de constatar, como hoy nos recuerda Amnistía Internacional, que a las mujeres detenidas se les somete rutinariamente a violencia sexual. A  pesar de conocer que la secrecía y la obscuridad de los interrogatorios se emplean para manufacturar evidencias. A pesar de saber que nuestros expedientes penales se utilizan para simular el cumplimiento de la ley. Pero recordemos que la responsabilidad por las debilidades del Código no es sólo de nuestros legisladores. Es de usted, y mía, y también de quienes denuncian la tortura, pero hasta hoy no han planteado soluciones eficaces.

Por eso, ojalá que, en su próximo informe, Amnistía Internacional no sólo exija que se castigue a los torturadores, sino que también nos indique cuál es el porcentaje de los interrogatorios policiales que se videograban en México. Que a la par que exija que se excluya de juicio la evidencia obtenida bajo tortura, Amnistía proponga el registro en video como mecanismo para documentarla, en lugar de eludir la cuestión de cómo probar esa violación. Tal vez así los legisladores se decidan a poner en la ley que se deben filmar los encuentros entre ciudadanos y policías. Mientras no lo hagan los policías que torturan con razón podrían decirnos, como dice una canción de Calle 13, “mi culpabilidad es como una pecera vacía, como juzgar al sol por salir de día”.

* Roberto Hernández (@PresuntoC) es director del documental Presunto Culpable.