La tortura en Baja California

Por: Isis Goldberg

A más de 5 años de haber sido detenidos arbitrariamente, arraigados y torturados, un grupo de 25 Policías Municipales de la ciudad de Tijuana, Baja California, no ha sido reparado por el daño que sufrieron a manos de autoridades del gobierno mexicano local, estatal y federal.

En marzo de 2009 en la ciudad de Tijuana, Baja California, 25 policías fueron a trabajar como cualquier otro día sin saber que sus vidas cambiarían para siempre, cuando fueron informados por sus superiores jerárquicos que estaban siendo requeridos por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por motivo desconocido. Nunca se imaginaron que después de tantos años de servicio a la ciudad de Tijuana, sus vidas cambiarían de ser servidores públicos a víctimas de tortura.

Los policías fueron arrestados ilegalmente y exhibidos ante los medios como delincuentes. Después de su arresto, en lugar de ser llevados ante un ministerio público, fueron trasladados al Vigésimo Octavo Batallón Militar denominado “Aguaje de la Tuna”, dependiente de la Segunda Región Militar del estado de Baja California. Ahí, fueron torturados física y psicológicamente por al menos tres días por elementos del Grupo GOPE de Inteligencia Militar. Los policías fueron vendados de los ojos, amarrados de pies y manos, les cubrían el cuerpo con cobijas mientras sufrían golpes en todo el cuerpo con un objeto de madera, los sentaban en una silla metálica con los pies sumergidos en agua y realizaban descargas eléctricas en sus testículos, entre muchas otras, además, algunos de ellos fueron privados de ingerir alimentos hasta por tres días. Todo esto con el único objetivo de arrancarles confesiones de delitos que no cometieron.

En agosto de 2010, 13 de los 25 policías fueron liberados y en octubre de 2012 los restantes 12 policías fueron liberados ya que no existían pruebas en su contra además de las confesiones obtenidas bajo tortura.

Este caso, sin duda, es ejemplificativo de lo ocurrido en el sexenio pasado en México. La detención y tortura de los 25 policías sucedió dentro de una supuesta “limpieza” institucional y depuración policiaca en el marco de la llamada “Guerra contra el Narcotráfico” en México emprendida por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa en 2006. Los estados fronterizos al norte del país, como lo es el estado de Baja California, presenciaron con mayor impacto los estragos de esta guerra.

El caso de los 25 policías no es aislado, ocurrió en un contexto de detenciones arbitrarias y torturas ocurridas en el estado de Baja California. El 12 de septiembre de 2014, la CMDPDH, la Federación Internacional de los Derechos Humanos y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, solicitamos a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigara al Estado Mexicano por crímenes de lesa humanidad cometidos por fuerzas del Estado en el periodo de 2006 a 2012 y en donde se documenta el carácter sistemático y generalizado de estos crímenes, que respondían a una política gubernamental, implementada por las autoridades militares, principalmente, y de cuerpos policiales, con el objetivo de presentar “avances y logros” en la lucha contra el crimen organizado.

El caso de los policías es uno de los que ejemplifica los patrones de tortura y muestra la simulación al combate de la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad mexicanas en ese momento. El caso está documentado en el informe “Fuera de control. Tortura y otros malos tratos en México” publicado el 4 de septiembre de 2013 por Amnistía Internacional.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigó el caso y concluyó que se violaron múltiples derechos humanos y señaló como responsables a la Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA), Procuraduría General de la República (PGR), el estado de Baja California y el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, en la Recomendación 87/2011, así como al entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, el Teniente Coronel Julián Leyzaola Pérez, y el Director General de Policía y Tránsito Municipal, el Capitán Gustavo Huerta Martínez, quienes estuvieron a cargo de las detenciones. Como parte de la Recomendación, la CNDH ordenó la reparación de los daños y la investigación de los responsables.

Sin embargo, a pesar de contar con esta Recomendación, el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, ha incumplido con su obligación de investigar y reparar, y una vez más les ha dado la espalda a estas 25 víctimas y sus familias.

Primero, el ayuntamiento participó en las detenciones ilegales y consecuentes torturas. Segundo, los policías fueron dados de baja cuando estaban detenidos en Tepic, Nayarit, sin un proceso ni explicación. Tercero, después de obtener su libertad, el ayuntamiento ha sido renuente en pagar los salarios caídos para algunos de los policías –incluso interponiendo un amparo en contra de una orden judicial donde se había ordenado el pago de los salarios caídos. Cuarto, el día 3 de julio de 2014, la Sindicatura Procuradora del XXI Ayuntamiento de Tijuana informó que en una resolución administrativa en torno al expediente 229/2013 se determinó la no responsabilidad administrativa de Julián Leyzaola Pérez -anulando la inhabilitación de agosto de 2013 del Teniente Leyzaola Pérez y al Capitán Huerta Martínez por 8 años que había girado la anterior síndico, Yolanda Enríquez.

Las víctimas de estas atrocidades piden justicia, verdad y reparaciones. En este caso, tanto la investigación administrativa como la penal no han logrado identificar y sancionar a los responsables. Por otro lado, las víctimas no han sido reparadas por el daño que vivieron, tanto los policías como sus familias.

Los 25 policías y sus familias han sido afectados en cada aspecto de sus vidas. Por un lado, la estigmatización social que padecieron y continúan padeciendo aún cuando ha sido judicialmente reconocida su inocencia. Por otro lado, las condiciones económicas actuales que padecen, resultado de la separación de la que fueron objeto respecto a los cargos que tenían como miembros de la policía municipal. Después del reconocimiento de inocencia en su favor y tras recuperar su libertad, los 25 policías exigieron su reinstalación pero solamente 3 de ellos han sido reinstalados.

Cuando los 25 Policías fueron detenidos sus familiares tuvieron que empeñar joyas, coches, televisiones, muchos perdieron sus hogares y/o tuvieron que pedir préstamos (que aún siguen pagando) para pagar la defensa de sus seres queridos que fueron injustificadamente detenidos, arraigados y torturados. 5 años después, las familias continúan sufriendo daños psicológicos y físicos, miradas sospechosas, y una incertidumbre laboral y personal.

Hoy en día, pedimos la reinstalación de los 25 policías como parte de la reparación del daño económico, psicológico y físico. A pesar del diálogo y reuniones que se han realizado con el ayuntamiento de Tijuana, Baja California, con el impulso de varias autoridades gubernamentales entre ellos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, las víctimas siguen en la espera de una respuesta clara del ayuntamiento sobre su reinstalación.

La situación actual del caso y de los involucrados, tanto víctimas como autoridades, es preocupante. El incumplimiento de los compromisos posterga la reparación del daño a la que tienen derecho las 25 personas agraviadas y las re-victimiza. No solamente lo fallido que fue y sigue siendo la estrategia del Gobierno mexicano a la hora de pretender llevar a cabo un control de seguridad para los elementos de policía en sus tres niveles, sino también la falta de cuidado y respeto de los derechos humanos de sus propios servidores públicos, así como el abuso de autoridad por parte de los mandos superiores sobre aquellos que tiene a su cargo.

Al reinstalar a los policías en sus anteriores puestos, el ayuntamiento estaría cumpliendo con su obligación de reparar el daño y remediar una situación deplorable para 25 personas que colectivamente cuentan con 114 años de experiencia, servicio y lealtad a la ciudad de Tijuana, Baja California.

 

* Isis Goldberg es abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.