La tierra es de quien la defiende: mujeres, territorio y la igualdad que aún no llega a los ejidos

Cuando el sol baja y el calor ya no abraza en la Península de Yucatán, la asamblea se reúne en la casa ejidal. La mayoría de quienes toman la palabra son los hombres mayores. Hablan de herencias, de acuerdos antiguos, de cómo “siempre se ha hecho”. Nadie que no sea ejidatario puede votar, aunque las decisiones que ahí se toman estén influidas por muchas más personas.

Los jóvenes saben que pronto llegarán ofertas de empleo o de ingresos rápidos a cambio de convencer a sus familias de firmar contratos que prometen desarrollo, pero rara vez explican las consecuencias a largo plazo. Estas decisiones se inscriben en un contexto de abandono estructural del campo: la falta de oportunidades para permanecer en el territorio y la precariedad de los apoyos a la vida rural empujan a la migración y hacen que esas promesas se perciban como una de las pocas alternativas disponibles. En ese escenario, las mujeres —quienes cuidan la parcela y sostienen actividades como el cultivo, el cuidado del agua y la alimentación familiar, muchas veces sin voto ni reconocimiento formal— ven cómo su voz queda relegada a un segundo plano.

Historias así se repiten en ejidos de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, donde la presión para vender o rentar tierras ha crecido con la llegada de megaproyectos turísticos, energéticos y de “conservación”. En la laguna de Chichankanab hemos podido documentar cómo la desinformación ha generado miedo y decisiones apresuradas, mientras actores externos promueven la idea de que la renta o la venta es la única vía para el desarrollo económico.

Por su parte, los datos del Registro Agrario Nacional (RAN) muestran que sólo alrededor del 27 % de las personas con derechos agrarios formales son mujeres, lo que evidencia una desigualdad persistente en el acceso legal a la tierra. Esta brecha se reproduce en otras dimensiones: según la Encuesta Nacional Agropecuaria del INEGI y el Censo Agropecuario 2022, las mujeres son responsables de las unidades de producción en apenas 19 de cada 100 casos, y su participación como mano de obra es incluso menor. En conjunto, estas cifras reflejan una desventaja estructural frente a los hombres en la titularidad, la gestión productiva y el acceso a recursos.

En la práctica, la brecha se siente en la asamblea. Muchas decisiones siguen en manos de hombres mayores, que a menudo prefieren heredar los derechos a los hijos varones —aunque ya no vivan en la comunidad— antes que reconocer a hijas, esposas o compañeras que han sostenido el cuidado del territorio y la vida comunitaria.

La defensa de la tierra se ha convertido en un terreno de alto riesgo. Informes de Global Witness, Front Line Defenders y del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) documentan estigmatización, amenazas y presiones legales y administrativas contra quienes cuestionan proyectos o piden información clara, especialmente cuando no cuentan con derechos formales sobre la tierra que defienden.

En este contexto de presión territorial, desinformación y riesgo, el papel de las mujeres en los ejidos no es accesorio: es central. Son ellas quienes sostienen los cuidados para la permanencia en el territorio, pero siguen quedando fuera de los espacios donde se decide su futuro. Sin derechos formales sobre la tierra, su capacidad de incidir y de protegerse frente a proyectos impuestos se reduce drásticamente.

Por eso, la igualdad no se juega en los discursos ni en las promesas de desarrollo, sino en el acceso efectivo a la tierra, en la participación real en las asambleas y en decisiones tomadas con las mujeres dentro, no al margen. Porque, al final, la tierra debería ser de quienes la trabajan, la cuidan y la defienden todos los días.

* Alejandra Ancheita (@AAncheita) es fundadora y directora ejecutiva de @ProDESC.