blogeditor · 9 de febrero de 2015
México está enojado. En los hogares, en las calles, en el trabajo: es evidente que el enojo está alterando nuestras relaciones sociales, alteración que también se manifiesta en la relación entre sociedad y gobierno. Los principales detonadores del enojo son bien conocidos: la complicidad de la policía en la desaparición y presunto asesinato de 43 estudiantes en Iguala; el cinismo del gobierno ante revelaciones de obvios casos de conflicto de interés y presuntos casos de tráfico de influencias; el silencio cómplice de los partidos políticos ante docenas de denuncias de corrupción que circulan en la prensa; la impunidad y aplicación selectiva de la justicia en casos emblemáticos e indignantes como Oceanografía, Raúl Salinas y Caro Quintero, y un largo etcétera. El común denominador de estos detonadores es la impunidad que destruye el pacto social y nos motiva a ser egoístas.
Ante este escenario, la sociedad civil organizada tiene la responsabilidad social de articular e impulsar campañas, propuestas e iniciativas que contribuyan a superar la crisis. En lo que se refiere a esta responsabilidad, sin duda, nuestra sociedad civil ha estado a la altura. Campañas como #3de3 de IMCO y Transparencia Mexicana, propuestas como el Sistema Nacional Anticorrupción de la Red por la Rendición de Cuentas e iniciativas emanadas de la sociedad civil como la Reforma Constitucional en Materia de Transparencia son evidencia clara y reciente del alto nivel de consciencia, compromiso y sofisticación que ha alcanzado la sociedad civil mexicana.
[contextly_sidebar id=”LYrZRjMufR8uGETgub3fL5Ut09R8zGf2″]Sin embargo, el México enojado de febrero de 2015 ya no sólo requiere de la responsabilidad social de la sociedad civil organizada. La trágica oportunidad histórica que se presenta debido a la acumulación de sucesos, escándalos y discursos indignantes requiere de una estrategia que cumpla la doble función de canalizar el enojo generalizado a las instituciones y de poner al gobierno, verdaderamente, contra la pared. La incapacidad de la sociedad civil organizada de transformar los agravios expresados por miles de estudiantes, trabajadores y padres de familia en municiones para obligar al gobierno a demoler controladamente el sistema paralelo de corrupción que carcome a nuestra democracia evidencia la fragilidad del puente entre sociedad civil y ciudadanía. Ante esta incapacidad, la tentación de renunciar a la democracia como mecanismo para elegir al gobierno y como salvaguarda del bienestar social podría descarrilar las campañas, propuestas e iniciativas trabajadas desde la sociedad civil con la intención de fortalecer la democracia en México. Al fin y al cabo, las grandes victorias de la sociedad civil organizada (por ej., la transición, la primera ley de transparencia y los avances en derechos humanos) han ocurrido cuando ha contado con el respaldo activo y consciente de la mayoría de la ciudadanía.
Por lo anterior, la sociedad civil organizada, como portavoz y expresión de los 120 millones de ciudadanos mexicanos, también tiene la responsabilidad moral de sumar a la ciudadanía en el sentido más extenso de la palabra. Para esto no bastan campañas, propuestas e iniciativas; se requiere de una estrategia que, entre otras cosas, genere empatía con los millones de mexicanos que viven al día y rara vez tienen el tiempo de atender asuntos políticos —pero que, como bien saben los partidos, sí tienen el tiempo de salir a votar un domingo cada tres años, y, como bien sabe el sector empresarial, sí tienen la necesidad de consumir bienes todos los días. Los votos de esos mexicanos son los que se traducen en miles de millones de pesos para el gobierno. Las quincenas de esos mexicanos son las que se traducen en miles de millones de pesos para el sector empresarial. La empatía de esos mexicanos es la ficha que la sociedad civil organizada necesita –y todavía no tiene— para sentarse a negociar.
Es momento de que la sociedad civil organizada reconstruya el puente con la ciudadanía. Los puntos débiles de los seres humanos son el bolsillo y el ego. Contar con la ficha que se traduce en votos, dinero y prebendas obligará al gobierno a sacudir la mesa. Contar con la ficha que significa utilidades, contratos y ventas obligará al sector empresarial a abanderar con mayor asertividad las causas de la ciudadanía. Contar con la ciudadanía permitirá a la sociedad civil organizada traducir sus campañas, propuestas e iniciativas en mayor bienestar para todos. Y ése es el punto, ¿o no?
* Gustavo Rivera Loret de Mola (@gustavoriveral) es Director Ejecutivo de Métrica Pública, A. C.