blogeditor · 23 de marzo de 2021
A poco más de un año del comienzo de las medidas por el COVID-19, en América Latina se refleja el impacto social de una crisis que ha afectado todos los ámbitos de la vida y nuestras sociedades. Estos cambios han generado grietas profundas que solo han exacerbado la gran desigualdad en la que viven los y las latinoamericanas, aunado a una gran incertidumbre sobre la salida a esta crisis, así como a las consecuencias económicas y sociales de largo plazo.
Los escenarios de exclusión que se han generado en la pandemia han llevado a un aumento de discriminación y distintos retos para la movilización y reivindicación de derechos humanos. De acuerdo con los datos de Civicus Monitor, la mitad de la población del continente vive en países donde el espacio cívico es obstruido, reprimido o cerrado. En este año se han documentado casos de restricciones de acceso a información, violación del derecho a la privacidad y ataques contra defensores de derechos humanos en el marco de la pandemia. La organización Access Now, documentó casos como el de Brasil, donde en la pandemia se sancionó un decreto ejecutivo que exime a los funcionarios del gobierno de la obligación de responder a los pedidos de acceso a la información pública.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil en América Latina en este año han trabajado para reivindicar los derechos humanos de las personas y comunidades más vulneradas así como para evidenciar y movilizarse por las medidas de emergencia adoptadas por los gobiernos. Estas acciones se han dado en un contexto de restricción de recursos que coexiste con una lógica de “proyectización” de los fondos. Las OSC de la región no reciben suficiente apoyo para trabajar en áreas ligadas a sus roles intrínsecos e irremplazables, como la protección de los derechos humanos. De acuerdo con el último estudio de Civicus sobre financiamiento de sociedad civil, menos del 6% de los recursos disponibles para las organizaciones de la sociedad civil de la región son para derechos humanos, incidencia política y activismo.
Cómo sobrepasar estos desafíos en contexto de alta incertidumbre parece una pregunta muy difícil de responder. A pesar de eso, sí nos queda la claridad que hoy la sociedad civil necesita de un respaldo flexible con una visión de largo plazo que permita construir capacidad y respuestas innovadoras a este contexto. Esto debería privilegiar la respuesta coordinada de la cooperación que ayude a construir una agenda ciudadana.
La alianza Pulsante, que tiene por objetivo la ampliación del espacio cívico, mediante la consolidación de una ciudadanía activa que pueda influir en las estructuras de poder, incluir voces tradicionalmente excluidas, y consecuentemente, contribuir a la mejora en la calidad de las democracias, busca aportar su granito de arena a estos desafíos. En esta línea, lanza un Fondo para Organizaciones de Empoderamiento Cívico, donde se otorgarán apoyos económicos de 80 mil a 120 mil dólares y los procesos tendrán una duración de entre 18 y 24 meses. Adicionalmente, las organizaciones seleccionadas podrán solicitar apoyo técnico en temas como comunicación, incidencia política, enfoque de género, seguridad digital, entre otros. La convocatoria estará abierta del 23 de marzo al 30 de abril de 2021.
Esperamos que esta apuesta pueda contribuir a organizaciones más resilientes y sociedad más democráticas en América Latina. ¡Urge actuar!
Referencias