La soberanía de tres días
Opinión y Análisis · 26 de octubre de 2026
México podría enfrentar una crisis energética sin que ocurriera nada dentro de su territorio. Bastaría una helada en Texas, una falla en los gasoductos estadounidenses o una emergencia que obligara a Washington a privilegiar su propio mercado.
El 7 de octubre, Cuitláhuac García, titular del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), le puso cifras al riesgo: México importa alrededor del 75 % del gas que consume; genera cerca del 60 % de su electricidad con ese combustible; y, ante una interrupción total de las importaciones, tendría un margen de respuesta de hasta tres días. El país carece de almacenamiento estratégico.
Al día siguiente descartó un desabasto inminente. No hay contradicción: tener gas hoy no equivale a poder perder mañana al principal proveedor. Lo primero es abastecimiento. Lo segundo, seguridad nacional.
La soberanía energética suele medirse en propiedad: quién controla los ductos, los yacimientos y las centrales. Existe una medida más incómoda: cuánto tiempo puede funcionar un país cuando su proveedor deja de entregar.
El Ormuz de México está en Texas
Las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz durante la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán recordaron este año el costo de concentrar el suministro energético en corredores vulnerables. México tiene el suyo, aunque no está en el golfo Pérsico.
Según la Administración de Información Energética estadounidense, en 2024 los corredores del oeste y sur de Texas concentraron el 91 % del gas exportado a México por ducto. Ese año, las entregas estadounidenses alcanzaron un récord de 6,400 millones de pies cúbicos diarios.
La lógica económica era convincente. Al otro lado de la frontera está la cuenca Pérmica, con gas abundante y relativamente barato. Su disponibilidad sostuvo la expansión de centrales de ciclo combinado y de la industria del norte y del Bajío.
El error no fue comprar. Fue profundizar la dependencia sin desarrollar al mismo ritmo la capacidad de resistir una interrupción.
Cuando Texas estornuda
En febrero de 2021, una tormenta invernal paralizó la infraestructura energética texana. Las restricciones de gas cruzaron la frontera y contribuyeron a un apagón que afectó inicialmente a 4.8 millones de usuarios eléctricos mexicanos.
A finales de septiembre, Cenagas recibió un aviso de reducción de aproximadamente una quinta parte del gas importado. Las autoridades recurrieron a medidas operativas y evitaron una crisis generalizada. Se reportaron también reparaciones en un gasoducto texano, aunque no se estableció que causaran esa reducción.
La respuesta funcionó. La vulnerabilidad permaneció.
Los tres días no representan reservas. Son un margen operativo estimado, apoyado en el gas contenido en los ductos y maniobras de despacho. No equivalen a inventarios estratégicos disponibles para una emergencia prolongada.
En 2018, la Secretaría de Energía fijó el objetivo de almacenar el equivalente a cinco días de demanda para 2026. El plazo llegó. El Programa Institucional de Cenagas 2026-2030 reconoce que el sistema integrado de gasoductos carece todavía de almacenamiento operativo y estratégico.
Ocho años después, la distancia entre anunciar una política y disponer de una reserva sigue intacta.
La dependencia también viaja al norte
México necesita el gas estadounidense mucho más de lo que Estados Unidos necesita al comprador mexicano. Pero Washington tampoco está aislado de las consecuencias.
Un apagón prolongado en Monterrey o el Bajío podría paralizar la producción de autopartes y componentes destinados a fábricas estadounidenses. La integración industrial convierte una vulnerabilidad mexicana en un riesgo compartido, aunque desigual.
En julio apareció otra dimensión: Energía Costa Azul, en Baja California, envió su primer cargamento de gas natural licuado a Corea del Sur. El combustible procede de Estados Unidos y su exportación requiere autorización estadounidense.
México empieza a operar como plataforma del gas norteamericano hacia Asia mientras carece de almacenamiento estratégico propio para proteger su consumo. Puede ganar relevancia como corredor internacional sin ganar autonomía energética.
La soberanía que no se decreta
El debate energético mexicano lleva años centrado en la propiedad. Es legítimo, pero incompleto. Un país puede controlar sus gasoductos y depender, aun así, de que alguien en Texas mantenga abierta la válvula.
El gobierno anunció inversiones superiores a 140,000 millones de pesos para ampliar y modernizar la red hacia 2030. Son necesarias: según Cenagas, el 94 % de la infraestructura bajo su responsabilidad supera los 45 años de operación.
Pero transportar más no significa almacenar. Producir más tampoco resuelve por sí solo la exposición. Se requieren reservas utilizables, conexiones redundantes, generación eléctrica diversificada y protocolos de emergencia.
También hay que diversificar la geografía. México podría contratar gas natural licuado de otros países, aprovechar terminales de importación y estudiar nuevas conexiones con Centroamérica. México y Guatemala han discutido gasoductos concebidos principalmente para transportar combustible hacia el sur. ¿Por qué no evaluar también el trayecto inverso, desde puertos centroamericanos abastecidos por proveedores internacionales? Sería una opción de largo plazo, sujeta a nuevas inversiones, no una solución inmediata.
No se trata de reemplazar el gas estadounidense, cuya ventaja económica es considerable. Se trata de contar con alternativas cuando falle. La seguridad energética no es una colección de proyectos: es una arquitectura.
Una agenda que el T-MEC ya no puede omitir
En julio, Estados Unidos no aceptó prorrogar el T-MEC por otros 16 años. El acuerdo sigue vigente, pero su revisión anual abre un espacio recurrente para discutir riesgos que trascienden el comercio.
México, Estados Unidos y Canadá podrían incorporar protocolos de emergencia energética, intercambio de datos con operadores texanos, medidas de continuidad para las cadenas industriales y mecanismos de inversión en almacenamiento mexicano.
No se trata de exigir a Washington que garantice indefinidamente el consumo nacional. Una red compartida exige coordinación cuando falla. Construir reservas es responsabilidad de México; coordinar la respuesta, de ambos.
La próxima crisis podría empezar con una helada, una falla técnica o una interrupción a cientos de kilómetros de territorio mexicano. Cuando ocurra, la soberanía no se medirá por quién posee el gasoducto, sino por cuántos días puede seguir funcionando el país.
Hoy, el margen estimado es de tres días. Y el tiempo para cambiar esa cifra sigue corriendo.♦